La nueva Ley de Cabildos Insulares reconoce por primera vez a la octava isla habitada en el nombre de la institución
El Cabildo de Lanzarote pasa a denominarse desde hoy Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Cabildos Insulares de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias. La norma incorpora por primera vez el cambio de denominación para incluir expresamente a la octava isla habitada del Archipiélago.

La modificación figura en la disposición adicional cuarta de la ley, que justifica el cambio por el reconocimiento de La Graciosa como isla habitada en el Estatuto de Autonomía de Canarias y su integración en la administración insular. La ley entró en vigor este 30 de junio, un día después de su publicación en el BOC.
Un cambio institucional histórico
El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, destacó la importancia del cambio y afirmó que “hoy es un día importante para nuestra institución y para toda la ciudadanía de ambas islas. Por primera vez en Canarias se lleva a cabo un trámite de estas características, incorporando oficialmente el nombre de una segunda isla a un cabildo. Es un reconocimiento que responde a una realidad institucional y territorial”.
Betancort recordó que La Graciosa obtuvo la consideración de octava isla habitada de Canarias con la reforma del Estatuto de Autonomía y subrayó que la nueva denominación “visibiliza esa realidad y hace justicia al papel que La Graciosa desempeña dentro de nuestra administración insular”.
Adaptación del marco jurídico y administrativo
La nueva Ley de Cabildos Insulares, aprobada por el Parlamento de Canarias, actualiza el marco jurídico de estas instituciones y refuerza su doble naturaleza como administraciones insulares y entidades propias de la Comunidad Autónoma.
Entre sus novedades figura el cambio de denominación del Cabildo de Lanzarote, así como otras medidas orientadas a adaptar su organización y funcionamiento al vigente Estatuto de Autonomía.
Desde hoy, la corporación insular inicia el proceso administrativo para adaptar de forma progresiva la nueva denominación a todos sus documentos, registros, canales institucionales y elementos identificativos.






