El decreto sale adelante con 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones y permitirá movilizar casi 4.000 millones de euros en inversiones durante 2026 y 2027
El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley que amplía las ayudas destinadas a La Palma y permite a las comunidades autónomas que cerraron 2025 con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles sin incumplir la regla de gasto.
La norma ha recibido 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. El PP se ha sumado finalmente al apoyo al decreto, mientras que Vox y Junts han votado en contra. ERC, la diputada de Compromís Águeda Micó, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith se han abstenido. El Congreso tramitará ahora el decreto como proyecto de ley.
Torres defiende el compromiso del Estado
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido el texto durante su intervención y ha destacado que el decreto demuestra el «compromiso del Estado con el estado del bienestar y con el estado de las autonomías». Torres ha añadido que «así se construye una mejor España, con hechos y no solo con palabras».
El PNV ha respaldado la norma porque incluye ayudas para La Palma y permite a las comunidades utilizar su superávit para invertir, una reivindicación del grupo. No obstante, ha señalado que resulta necesario revisar las reglas fiscales.
Coalición Canaria también ha votado a favor porque el decreto permite a «las comunidades autónomas que han hecho una buena gestión» destinar su superávit a cuestiones «absolutamente urgentes para la población». Podemos, por su parte, ha apoyado la norma porque respalda «todo lo que sea para el bien de la población de La Palma».
Junts y Vox rechazan el decreto
Junts ha rechazado el decreto porque Cataluña no podrá beneficiarse de las medidas de flexibilidad. La comunidad cerró 2025 con déficit y su deuda supera el 12,4 % del PIB, por lo que no cumple los requisitos establecidos.
Vox también ha votado en contra y ha criticado la «mezquindad» de unir las ayudas para La Palma con otras medidas que, a su juicio, buscan únicamente mantener al Gobierno.
El PP, pese a terminar apoyando la convalidación, ha criticado que las ayudas para La Palma llegan tarde y ha cuestionado que la flexibilidad para utilizar el superávit autonómico responda a criterios técnicos, al considerar que depende de las regiones que pueden beneficiarse.
Movilización de casi 4.000 millones
El decreto permitirá a las comunidades que cerraron 2025 con superávit destinar esos recursos a inversiones financieramente sostenibles, incluidas políticas de vivienda, durante 2026 y 2027, sin incumplir la regla de gasto.
Además, las comunidades que terminaron 2025 con una deuda inferior al 12,4 % del PIB podrán destinar el superávit de ejercicios anteriores a inversiones que no computarán a efectos de la regla de gasto, en lugar de utilizarlo para reducir la deuda.
Según el Gobierno, ocho comunidades autónomas —Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia— podrán movilizar casi 4.000 millones de euros en inversiones en sus territorios.
Nuevas medidas para La Palma
El decreto incorpora también nuevas medidas para La Palma, afectada en 2021 por la erupción del volcán. Entre ellas figura la ampliación hasta 2026 de la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes y distintas políticas dirigidas a los autónomos.
Además, la norma establece una habilitación específica para que Canarias pueda destinar 100 millones de euros del superávit de 2025 a financiar ayudas para personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en La Palma.
