En el juicio que ha comenzado este martes en Valverde, Morales se enfrenta a tres delitos de prevaricación administrativa por supuestamente no someter dichos contratos al procedimiento reglado (libertad de acceso, publicidad y transparencia) y levantar los reparos de los servicios de Intervención y Secretaría
El exalcalde de Valverde Daniel Morales (AHI) se enfrenta a 36 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, pena que pide la Fiscalía al apreciar irregularidades en una serie de contrataciones de servicios para la Bajada de la Virgen de 2017 y los Carnavales.
En el juicio que ha comenzado este martes en Valverde, Morales se enfrenta a tres delitos de prevaricación administrativa por supuestamente no someter dichos contratos al procedimiento reglado (libertad de acceso, publicidad y transparencia) y levantar los reparos de los servicios de Intervención y Secretaría.
«Absoluto desprecio hacia la legalidad vigente»
En su escrito de calificación, el ministerio público considera que Morales actuó «con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente» y también con «falta de previsión, al tratarse de fiestas de periodicidad lustral».
El exalcalde contrató mediante adjudicación directa diversos servicios de decoración de espacios públicos, orquestas, sonido e iluminación, y también de vigilancia y rescate en zonas de baño «a sabiendas de que de esta manera transgredía la legislación vigente en materia de contratación pública».
En sus informes desfavorables, los servicios de Secretaría e Intervención hicieron constar sus objeciones por no seguir estas contrataciones el procedimiento legalmente establecido, incurrir en el fraccionamiento de los mismos y por la superación de los límites establecidos para los contratos menores.
Aviso del técnico municipal
Además, en lo que a los contratos de decoración se refiere, un técnico municipal advirtió de la necesidad de consultar al Cabildo de El Hierro al tener delegadas las competencias sobre determinadas vías en las que intervino el ayuntamiento, así como de contar con el permiso de las viviendas afectadas por la colocación de algunos ornamentos.
En cuanto a los contratos de iluminación y sonido, los informes desfavorables hacían alusión a que al menos una de las empresas adjudicatarias no estaba al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
