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18 abril 2024 5:29 am

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El exgeneral Francisco Espinosa, único investigado en el ‘caso Mediador’ en prisión

El exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, supuestamente era uno de los conseguidores de la trama del ‘caso Mediador’

Informa: Patricia Santana

La única persona que permanece en prisión por el ‘caso Mediador’ es el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Su papel era supuestamente el de conseguidor, pero en alguna ocasión medió también con empresarios a cambio de favores personales.

Placas solares y drones eran negocios redondos que prometían dejar grandes beneficios, en los que presuntamente mediaría el exgeneral de la Guardia Civil para conseguir contratos a los empresarios Antonio Bautista y José Suárez Esteve; alias José ‘drones’. A José ‘drones’ se le sitúa como la pieza principal en la trama con los empresarios.

Fue con Antonio Bautista con quien el exgeneral Espinosa se comprometió supuestamente a instalar sus placas solares en África por valor de 35 millones de euros. Todo a cambio de que Bautista contratara como comercial y con un sueldo de 3.000 euros a su amante.

Aunque Bautista accedió inicialmente a contratarla, se acabó echando atrás. Espinosa reaccionó cortando toda negociación empresarial que pudiera beneficiar a Bautista.

En el sumario también se específica que el exgeneral Espinosa, despechado por una infidelidad de su amante, le pide a José ‘drones’ que costee un encuentro sexual con un travesti. La amante acaba llamando a la mujer del general y le cuenta que lleva 20 años manteniendo una relación con su marido. A raíz de ahí se rompe el contacto entre ellos.

Entrega de material de Juan Bernardo Fuentes

Por otra parte, la Secretaría General del Congreso ha cumplido con la solicitud del juzgado tinerfeño que investiga al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, de entregar los dispositivos electrónicos que tenía en su despacho parlamentario.

Fuentes del Congreso han informado este jueves de que el cumplimiento de la petición judicial tuvo lugar ayer, después de que el lunes lo autorizara la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

El Congreso recibió ese día el auto de la titular del Juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en el que solicitaba la entrega de ese material a la policía, solicitud necesaria dado el carácter inviolable de las Cortes Generales.

La juez pedía acceso policial a los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, así como a las anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad, actas, extractos, expedientes y documentos registrales, notariales y tributarios. 

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