El juez ha dictado auto de apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por el segundo.
Conforme a lo previsto, el magistrado, que acaba de regresar de vacaciones, envía a ambas a juicio con un jurado popular antes de jubilarse esta misma semana, poniendo así fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
En su auto, Peinado rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ellas o imponerles fianza, pero sí ordena averiguar «la capacidad económica» de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que se aporten a la causa las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.
También acuerda para ambas «la obligación» de permanecer «en todo momento» a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberán de comunicar cualquier cambio de «domicilio o paradero».
Reacción del Gobierno
Ante esta decisión, el Gobierno de España ha mostrado su rechazo y ha condenado el auto del magistrado. En un comunicado, el Ejecutivo sostiene que durante la instrucción ha quedado «clara y demostrada» la inocencia de Begoña Gómez y expresa su convencimiento de que esa misma conclusión quedará acreditada durante el juicio.
El Gobierno considera además que la investigación desarrollada por el juez Peinado ha sido «arbitraria e injusta» y sostiene que responde a una supuesta persecución judicial contra Gómez por su condición de esposa del presidente del Gobierno. En este sentido, denuncia lo que califica de «intención política, acoso y deshumanización» durante el desarrollo de la instrucción.
Otro de los aspectos criticados por el Ejecutivo es el momento en el que se ha comunicado la apertura de juicio oral. El Gobierno considera «intolerable» que, según sostiene, el auto se haya notificado coincidiendo con un viaje internacional de Pedro Sánchez y que su contenido se haya hecho público antes de que fuera comunicado a las partes.
La resolución de Peinado pone fin a una instrucción iniciada hace casi dos años y medio y da paso a la siguiente fase del procedimiento. La causa se remitirá ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá continuar su tramitación y fijar la fecha del juicio.
El procedimiento llega a juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid acotara en julio los presuntos delitos contra Gómez, manteniendo las acusaciones por tráfico de influencias y malversación y descartando otras imputaciones planteadas anteriormente.
El Gobierno concluye su pronunciamiento reiterando su confianza en que el jurado actuará de manera ecuánime y administrará justicia.
