El magistrado José Luis Calama descarta el riesgo de fuga pero exige al expresidente un teléfono de contacto permanente para mantenerlo localizado
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acudió hoy a la Audiencia Nacional de Madrid para declarar como investigado por el caso Plus Ultra. El exlíder socialista compareció a las 09:12 horas ante el juez José Luis Calama por una presunta trama de tráfico de influencias. La sesión judicial coincidió con un ambiente de extrema tensión debido a la petición de medidas cautelares de la Fiscalía.

El avance de la investigación judicial por el caso Plus Ultra agita con fuerza el panorama político nacional. Por este motivo, el contenido de la declaración de hoy modifica los escenarios previstos tanto en los juzgados como en las Cortes. La negativa a responder por los bienes hallados eleva la presión sobre el entorno del Ejecutivo.
El juez rechaza las medidas cautelares
La Fiscalía solicitó la retirada inmediata del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional para el investigado. Además, el Ministerio Público exigió comparecencias quincenales obligatorias en la sede del juzgado. El Partido Popular y Ciudadanos apoyaron estas peticiones, mientras que Vox y otras acusaciones reclamaron prisión provisional.
Sin embargo, el magistrado José Luis Calama rechazó todas las medidas cautelares de carácter personal propuestas. El juez argumenta que la notoriedad pública del expresidente dificulta de manera evidente cualquier intento de ocultación discretamente. Su arraigo familiar y la visibilidad institucional excluyen un peligro real y actual de huida del país.
El tribunal descarta también el riesgo de destrucción de fuentes de prueba fundamentales para el proceso. Los investigadores ya intervinieron los dispositivos informáticos relevantes en los registros ejecutados el pasado mes de noviembre. Por ello, el juzgado requiere únicamente un teléfono y un correo electrónico para garantizar su localización inmediata.
El investigado defiende su inocencia mediante un comunicado
El expresidente emitió un comunicado íntegro tras terminar su complicada comparecencia ante el juez José Luis Calama. El antiguo líder socialista agradece la espera a los ciudadanos y justifica sus 29 días de estricto silencio. El exdirigente afirma que calló por respeto a la justicia antes de ofrecer explicaciones públicas.
El texto rechaza de forma tajante los graves delitos imputados y defiende una trayectoria política basada en la honradez. Además, Zapatero anuncia la entrega de una autorización universal voluntaria para que el tribunal rastree todos sus bienes. El documento asegura que el investigado no posee ninguna sociedad ni activo financiero fuera del territorio español.
Finalmente, el exlíder pide confianza a los ciudadanos. El político manifiesta su plena confianza en la labor judicial y garantiza que la verdad se abrirá paso pronto. El investigado insiste en que devolverá la confianza.
Silencio por las joyas y petición de medidas cautelares
El investigado optó por no declarar acerca de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su oficina. Sin embargo, el expresidente solicitó un margen de una semana o diez días para ofrecer las explicaciones jurídicas oportunas.
Por su parte, la Fiscalía reaccionó con rapidez ante el magistrado debido a la gravedad de los presuntos delitos. El Ministerio Público solicita que el juez retire el pasaporte al antiguo secretario general del PSOE para evitar riesgos mayores. Además, las autoridades fiscales exigen la prohibición de salida de España y comparecencias judiciales de forma regular.
La defensa del exlíder socialista intentó suspender sin éxito esta parte de la comparecencia penal antes de entrar a la sede. Por consiguiente, el avance de la pieza separada por las joyas marcará la agenda de los próximos días en los tribunales. El entorno del exdirigente afronta ahora un endurecimiento evidente de la posición del fiscal.
Zapatero niega ante el juez que haya ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021.
Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.
En la declaración está presente también la Fiscalía y la acusación popular, unificada en el Partido Popular, cuyo letrado Alberto Durán ha sido el único por parte de las acusaciones en poder acceder a la sala. Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero ha insistido ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación.
Pese a defender su inocencia, el juez le sitúa en el «vértice» de una trama de tráfico de influencias, para la que aportaría sus «contactos institucionales y empresariales de alto nivel» de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.
Llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado a declarar este miércoles a las 09:12 horas ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional de Madrid como investigado por el caso Plus Ultra. El exlíder socialista comparece por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias a favor de la citada aerolínea a cambio de comisiones.
El coche oficial dejó al ex secretario general del PSOE en las inmediaciones del edificio judicial por motivos de seguridad. Posteriormente, el investigado accedió a pie a la sede por la puerta principal, reservada exclusivamente para jueces, fiscales y funcionarios.
Por consiguiente, la entrada al edificio se produjo a las 08:49 horas bajo un despliegue policial que blindó por completo el recinto. En el exterior esperaban unos 200 periodistas junto a manifestantes que coreaban consignas contrarias al expresidente.
Además, un curioso cuarteto de cuerda ponía banda sonora a la tensa espera en los exteriores de la Audiencia Nacional. Toda esta expectación refleja la enorme trascendencia de la cita judicial de esta mañana en Madrid.
Los delitos investigados en la trama
El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» de una supuesta red corrupta. Según los indicios, el expresidente aportaba sus contactos institucionales y empresariales de alto nivel para beneficiar a la aerolínea Plus Ultra.
Por este motivo, la causa judicial persigue los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental. Asimismo, la investigación incluye delitos de contrabando y fraude fiscal imputados recientemente por el magistrado.
Estas últimas acusaciones penales nacen del hallazgo policial de casi 80 joyas en la oficina del exlíder socialista. Las piezas están valoradas en 1,3 millones de euros y la Policía las incautó en una caja fuerte.
Petición de prisión y estrategia de defensa
El abogado de la acusación popular Iustitia Europa, Luis Pardo, calificó la jornada de hoy como un día histórico para España. El letrado comparó la situación actual con el riesgo de fuga del político catalán Carles Puigdemont.
Por ello, la acusación popular instó al Partido Popular a solicitar la prisión provisional para el expresidente de manera inmediata. La formación conservadora coordina actualmente las diferentes acusaciones populares personadas en el proceso judicial.
Por su parte, el investigado cuenta con el derecho constitucional a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. De todos modos, el expresidente ya aseguró que ejercerá su defensa con total firmeza y convicción.
Defensa gubernamental y confianza socialista
La ministra portavoz, Elma Said, defendió ayer la presunción de inocencia de Zapatero tras la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo exige respeto para los tiempos de la justicia y avala el derecho a la legítima defensa del expresidente. Además, el Partido Socialista denuncia una campaña de persecución contra sus miembros y califica a Zapatero de hombre intachable.
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, mostró una seguridad absoluta ante los medios de comunicación. López confía en que la declaración judicial desmontará las acusaciones y aclarará la situación del antiguo líder. En consecuencia, el partido cierra filas en torno a su figura para contrarrestar la ofensiva de la oposición.
Sin embargo, las explicaciones oficiales no calman los ánimos de las acusaciones populares personadas en la causa criminal. Los colectivos denunciantes exigen medidas cautelares contundentes por la gravedad de los delitos investigados. De hecho, el ambiente en los exteriores de la Audiencia Nacional refleja la profunda división social existente.
Bloqueo parlamentario y crispación en el Congreso
La mesa del Congreso rechazó ayer las enmiendas del Partido Popular y de Junts para pedir elecciones anticipadas. Ambos partidos de la oposición pretendían debatir estas propuestas hoy miércoles durante la tensa sesión de control al Gobierno. Por lo tanto, el bloque conservador buscaba forzar la disolución de las Cortes y la caída de Pedro Sánchez.
El órgano parlamentario argumenta que estas peticiones vulneran los derechos reservados exclusivamente a la Presidencia del Gobierno. Por consiguiente, la potestad de convocar un adelanto electoral corresponde de forma única y soberana a Pedro Sánchez.
La decisión de la mesa provocó la indignación inmediata de la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz. Muñoz tachó de cobardes, mentirosos y corruptos a los miembros del bloque que sostiene al Ejecutivo actual. A causa de esto, la sesión de control se desarrolla en un clima de hostilidad parlamentaria extrema.
Comparecencia en el Senado y frente judicial
La actualidad salpicó también al Senado con la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. González negó ante la Comisión de Interior cualquier implicación en una trama para anular causas judiciales del PSOE. Las sospechas nacen de unos informes de la UCO sobre reuniones con la exmilitante socialista, Leire Díez.
La directora confirmó la existencia de dos encuentros rápidos con Díez en una simple toma de contacto profesional. González aseguró que jamás interfirió ni frenó investigación alguna de la UCO o de otra unidad del cuerpo. Por ello, la responsable de la Benemérita rechazó con firmeza las acusaciones de conspiración de la oposición.
El Partido Popular y Vox exigieron de forma inmediata la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Ambas formaciones otorgan total credibilidad a los informes entregados al juez por los propios agentes de la UCO. Mientras tanto, cientos de personas protestan contra la corrupción en las puertas de una Audiencia Nacional blindada.














