El árbitro tuvo que detener el partido del Club Balonmán Cañiza y el MMT Fest Gáldar Gran Canaria por los insutos racistas que profirieron desde la grada al jugador angoleño Mateus de Almeida
La Federación Gallega muestra apoyo al angoleño Mateus tras insultos racistas en Gáldar
La Federación Gallega de Balonmano mostró este martes su «apoyo firme» al Club Balonmán Cañiza y a su jugador Mateus de Almeida ante los «graves hechos ocurridos» durante el encuentro disputado frente al MMT Fest Gáldar Gran Canaria, correspondiente al grupo I de Primera Nacional, cuando gritaron insultos racistas al jugador.
Según recoge el acta arbitral, el partido tuvo que ser detenido después de que desde la grada se dirigieran insultos racistas, «mono» y negro de mierda», contra el jugador angoleño Mateus de Almeida.
«La Federación condena de forma rotunda estas conductas, incompatibles con los valores del deporte y con el respeto que merece cualquier persona. Trasladamos toda nuestra solidaridad a Mateus de Almeida, a su familia, a sus compañeros y al Club Balonmán Cañiza. Ningún deportista debe sufrir ataques por su origen o por el color de su piel», señala el ente presidido por Bruno López en su comunicado de prensa.
La Federación Gallega también critica «los daños» que, según ha comunicado el club de A Cañiza, sufrió el vehículo utilizado por el equipo para su desplazamiento, y pide a las autoridades que investiguen «con rigor» los hechos para «identificar a las personas responsables y que se depuren las responsabilidades deportivas, disciplinarias y legales que correspondan».
La Federación avanza que se pondrá a disposición del club y del jugador para acompañarlos y defender sus derechos. Asimismo, colaborará con las autoridades deportivas y con los organismos competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.
El derrame en la depuradora de Punta Brava, en Tenerife, ya se ha denunciado por la empresa Aqualia y ahora se suma el Cabildo de Tenerife, que también ha abierto un expediente de investigación
Investigan un derrame de cloruro férrico en la depuradora de Punta Brava. RTVC
El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, denunciará en los juzgados el derrame de cloruro férrico en la Estación Depuradora de Aguas Residuales comarcal del Valle de la Orotava, como ya ha hecho la empresa Aqualia, encargada de gestionar estas instalaciones, a la que la corporación insular ha abierto un expediente de investigación.
En un comunicado, el Cabildo de Tenerife señala que «la gravedad de lo ocurrido exige una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia».
Abunda en que su interés reside en «conocer con absoluta precisión qué ocurrió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto, qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que fue detectado el incidente, si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, especialmente, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias».
Explicación con pruebas
El Cabildo de Tenerife avanza que será «contundente en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas» de la isla y que «no se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por hechos, pruebas e informes técnicos«.
«El Cabildo quiere saber qué pasó y por qué pasó, y llegará hasta donde sea necesario para esclarecerlo», subraya el comunicado, en el que informa de que el Consejo Insular de Aguas ha abierto un expediente de investigación a Aqualia para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia.
Y también para comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación.
1.000 litros
Los hechos se produjeron el sábado 26 de septiembre en la EDAR comarcal de Punta Brava, concretamente en el circuito terciario destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola.
La incidencia provocó la salida de cloruro férrico diluido utilizado en el proceso de tratamiento del agua. El volumen derramado se estima inicialmente en menos de 1.000 litros, aunque esta estimación inicial «no permite cerrar el alcance del incidente».
Por ello, el Cabildo de Tenerife reclamará «que se determine con exactitud cómo se produjo la rotura, cuál fue el recorrido del producto, qué consecuencias tuvo y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido a lo sucedido».
La institución insular subraya que «no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas, pero tampoco minimizar unos hechos que afectan a una infraestructura esencial y que deben ser esclarecidos con absoluta transparencia».
Que se llegue a la causa
El Cabildo exigirá que se determine si existieron fallos de mantenimiento, incumplimientos de los protocolos de seguridad, deficiencias en la vigilancia de las instalaciones o cualquier otra circunstancia relevante, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
Asimismo, la Corporación insular considera especialmente necesario esclarecer la presencia y acceso de personas ajenas a las instalaciones, determinar en qué circunstancias se produjo y comprobar si se vulneraron los sistemas y protocolos de seguridad establecidos.
Aqualia presentó este lunes una denuncia en el juzgado de guardia de Puerto de la Cruz tras comprobar que el tubo dañado y por el que se produjo el vertido no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura.
Además, alude en un comunicado a unos vídeos difundidos en redes sociales que apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto.
En todo caso, añade la empresa, será la investigación correspondiente la que determine las causas y responsabilidades que pudieran existir.
Tras la manifestación celebrada frente a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, unas 50 personas decidieron quedarse acampadas para reivindicar el derecho a la vivienda
Un centenar de personas acampan en Gran Canaria por el derecho a la vivienda
Alrededor de unas 50 personas han pasado la noche acampadas frente a la Delegración del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue una decisión que tomaron de manera asamblearia tras la manifestación celebrada en el mismo lugar por el derecho a la vivienda. Muchas lo hicieron inmediatamente, y otras fueron a buscar material para pasar allí la noche tras la decisión. Lo harán al menos hasta el sábado, cuando volverán a reunirse. Será tras el viernes, cuando el pleno del Congreso decida, en sesión extraordinaria, si convalida los dos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros tras la indignación desatada por el desahucio de la anciana Maricarmen de un piso del centro de Madrid.
Se suman así a las iniciativas en otras ciudades que replican la acampada en la Puerta del Sol, donde cientos de personas siguen apostadas tras el desahucio de Maricarmen. La expulsión de su casa tras 71 años en ella fue la mecha que prendió el malestar de muchas personas que claman por medidas que garanticen el acceso a la vivienda y la seguridad de los inquilinos.
Aunque Maricarmen podrá regresar a su casa gracias a la presión social y se han aprobado dos reales decretos que contemplan la renovación automática de los contratos de alquiler, los convocantes consideran que no se recogen demandas históricas de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, o en Canarias, Derecho al Techo.
En Canarias, piden medidas específicas al gobierno autónomico. Entre otras, declarar zonas tensionadas, regular los alquileres y movilizar vivienda vacía.
Se plantean para conseguirlo convocar una huelga permanente de vivienda y hacen un llamamiento para que se sumen más personas a esta acampada.
La Comisión Mixta de Insularidad aprueba una moción con el apoyo del PP y la abstención del PSOE para recuperar una obra que el Estado declaró urgente en 2020
La Comisión Mixta de Insularidad del Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a retomar de manera inmediata la instalación de la estación sensora del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Guinate, en el municipio de Haría (Lanzarote), según ha informado Coalición Canaria en un comunicado.
Sesión plenaria en el Senado este martes. Jesús Hellín / Europa Press
La iniciativa ha contado con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. El texto reclama además al Ejecutivo que explique por qué abandonó una obra que el propio Estado había declarado urgente y de excepcional interés público.
La moción pide al Gobierno que detalle «las razones técnicas, administrativas y económicas» que llevaron a resolver, en mayo de 2025, el expediente de emergencia de la estación. También reclama que aclare por qué abandonó una actuación cuya reanudación había anunciado el ministro del Interior.
Asimismo, el Senado insta al Ejecutivo a retomar el proyecto y adoptar las «medidas presupuestarias, administrativas y técnicas necesarias» para ejecutarlo en el menor plazo posible. El objetivo consiste en «reforzar la vigilancia de las costas de Lanzarote, mejorar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combatir las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas y al narcotráfico, y contribuir a la detección temprana de embarcaciones y a la salvaguarda de vidas humanas en el mar».
Coalición Canaria reclama vigilancia de las costas
El senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés ha recordado que la inmigración «nos compele a todos», aunque afecta especialmente a los territorios que constituyen frontera exterior del Estado. En este sentido, ha señalado que «solo en la última semana han llegado a Canarias más de 2.000 personas».
San Ginés ha defendido que la adecuada vigilancia de las fronteras pasa «necesariamente por la adecuada vigilancia de nuestras costas», tanto para frenar las redes de tráfico ilegal de personas y de inmigración irregular como para combatir el narcotráfico.
El senador también ha defendido la necesidad de contar con herramientas de detección temprana que permitan reforzar la seguridad y, especialmente, salvar vidas humanas.
El Gobierno de España declaró en 2020 la urgencia y el excepcional interés público de instalar un dispositivo del sistema de vigilancia exterior en Guinate, al norte de Lanzarote y en una de las zonas más cercanas a Marruecos.
Un proyecto que sufrió un incendio en 2023
Pese al impacto paisajístico de la obra, el Ministerio del Interior justificó entonces su instalación por la necesidad de «dar cobertura a ese punto ciego del litoral de Canarias, frontera sur de Europa».
San Ginés ha explicado que el Consejo de Ministros autorizó en febrero de 2021 la ejecución de las obras. Sin embargo, el proyecto sufrió un sabotaje en forma de incendio en octubre de 2023, «cuando prácticamente ya estaban terminadas», según ha señalado el senador.
En febrero de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió a San Ginés durante una comparecencia en el Senado que las obras se habían retomado y que esperaba que la estación estuviera operativa en la primavera de ese mismo año.
Finalmente, la estación no entró en funcionamiento en ese plazo. San Ginés ha recordado que, más de dos años después de aquella primavera y tras formular hasta seis preguntas escritas, las respuestas del Gobierno se han limitado a detallar el coste de 300.000 euros de la instalación, señalar que sufrió un sabotaje e indicar que no existe proyecto para instalar la estación.
Según la respuesta del Ejecutivo citada por el senador, «la Secretaría de Estado de Seguridad resolvió el expediente de emergencia y por ende la posibilidad de su construcción».
San Ginés ha calificado de «inaudita» la respuesta del Gobierno y ha defendido que las razones que justificaron la instalación del SIVE en Guinate están «más vigentes que nunca».
El PP reclama al Gobierno la implementación íntegra y urgente del pacto, mientras PSOE y Sumar rechazan su iniciativa y varios grupos cuestionan el reglamento de retornos
El Pleno del Congreso de los Diputados se ha dividido este martes durante el debate de la Proposición no de Ley del PP que reclama al Gobierno la implementación íntegra y urgente del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Los ‘populares’, con el apoyo condicionado de Vox y Junts, han denunciado el «caos» y la «incompetencia» del Ejecutivo en Ceuta, mientras la izquierda del bloque de investidura, liderada por PSOE y Sumar, ha cerrado filas contra la iniciativa y ha cuestionado mayoritariamente el reglamento de retornos.
Minuto de silencio durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados de este martes. Eduardo Parra / Europa Press
El PP reclama una aplicación urgente del pacto
La diputada del PP Maribel Sánchez ha defendido que «la insostenible situación que está viviendo Ceuta hace más necesario que nunca que de una vez implementen íntegramente el Pacto europeo de migración y asilo». A su juicio, el Gobierno mantiene pendientes «todo lo importante», entre ello «los triajes, la infraestructura, el refuerzo de los agentes en frontera y los nuevos procedimientos de asilo y retorno».
Sánchez también ha acusado al Ejecutivo de actuar de forma «mezquina» al querer «cronificar» la crisis que vive Ceuta desde la entrada masiva del pasado 30 de julio. Además, ha reprochado al Gobierno que dispone de «todos los instrumentos» para «devolver a todos» los migrantes de Ceuta, «mayores o menores».
El diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha respondido al PP que los planes de implementación del pacto ya están en marcha y ha acusado a los ‘populares’ de intentar «dividir» y apostar por «discursos de odio».
«Qué extrema crueldad es hablar de invasión ante una crisis humanitaria mientras sus cargos territoriales muestran su peor rostro racista, negándose a mover un dedo para ayudar a Ceuta. Déjense de circo, asuman la gestión», ha pedido.
Sumar centra el debate en los límites de los retornos
Por parte de Sumar, el diputado Enrique Santiago ha señalado que «el debate no es el retorno como instrumento de la política migratoria», sino «sus límites, duración, condiciones de la detención, garantía de los recursos, principio de no devolución, protección de niños, familias y otras personas vulnerables». Además, ha afirmado que no van a «apoyar un derecho de excepción para Ceuta».
El diputado de Vox Carlos Flores ha considerado que la proposición del PP llega «tarde y se queda corta», al entender que el pacto europeo «quedó obsoleto». A su juicio, «la regulación masiva» del Gobierno «ha torpedeado todos los consensos posibles y ha convertido en papel mojado el contenido de este pacto».
Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha acusado al PP de querer «endurecer y retorcer aún mas» todo lo relacionado con el pacto europeo, que, según ha señalado, «traiciona el espíritu fundacional de la UE». También ha reprochado a los ‘populares’ que presenten la iniciativa porque son «prisionero de Vox».
Álvaro también ha cuestionado la política migratoria del Gobierno y ha calificado de «vergonzoso que toleren, como gobierno progresista, las palizas de militares españoles a migrantes en la ciudad de Ceuta».
Críticas al reglamento de retorno
El diputado de EH-Bildu Jon Iñárritu ha advertido de lo «peligroso» que considera el reglamento de retorno incluido en el pacto europeo. «Si son malos los centros Meloni en Albania, son igual de malos los centros Marlaska en Mauritania», ha subrayado. Al mismo tiempo, ha criticado al PP por reclamar solidaridad entre los Estados miembros de la UE mientras, según ha señalado, no la aplica en las comunidades autónomas donde gobierna.
En la misma línea, la diputada Noemí Santana ha calificado de «farsa» la propuesta del PP y ha reclamado a los ‘populares’ que deberían «empezar hablando de la de la insolidaridad de sus gobiernos, de los gobiernos del Partido Popular con los territorios receptores como Canarias, como Ceuta y como Melilla».
Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha coincidido con el PP en que una política migratoria «seria» debe ser capaz de «hacer efectivas las decisiones de retorno de quien no tiene derecho a permanecer en la UE». No obstante, ha reclamado las competencias en inmigración para Cataluña.
Apoyos condicionados a la iniciativa
El diputado del PNV Mikel Legarda ha respaldado la iniciativa del PP y ha señalado que el Gobierno debería cumplir aquello que plantea, «excepto en los reglamentos de retorno», porque, a su juicio, «no se consideran suficientemente los derechos humanos».
Por último, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha reconocido que el pacto europeo plantea «avances», pero ha advertido de que no pueden firmar «un cheque en blanco» porque incluye aspectos que no les «gustan nada». Además, ha rechazado que los territorios frontera se conviertan «en grandes centros de retención».
El vertido ocupa unos 30 por 15 metros y permanece contenido dentro de las barreras anticontaminación. El buque tiene un depósito con aproximadamente 10.000 litros de gasóleo
El hundimiento del atuneroMonte Arballu este martes, mientras permanecía atracado en Puerto Naos, en Arrecife, ha provocado una mancha de combustible de unos 30 por 15 metros, según ha informado el Cabildo de Lanzarote.
Informan: Salvador Cruz / Yuli Salinas
La corporación insular ha decretado la prealerta en la zona afectada en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias. El buque dispone de un depósito con aproximadamente 10.000 litros de gasóleo, según recoge el decreto por el que se declara la prealerta por episodio de contaminación marina.
“Actualmente la mancha de combustible se encuentra localizada y contenida dentro de las barreras de anticontaminación desplegadas”, señala el documento firmado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.
Activados los planes de emergencia
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Las Palmas activó el Plan Interior Marítimo en fase de Emergencia a las 13:05 horas y procedió al despliegue de dos barreras anticontaminación para contener el combustible.
Además, Capitanía Marítima ha activado el Plan Marítimo Nacional en fase de alerta, mientras las administraciones mantienen coordinadas las actuaciones ante el episodio de contaminación marina.
Informan: Álvaro Meana / José Aldeguer
Actuaciones para reflotar el atunero
Debido al escaso calado de la zona, se están evaluando y realizando diferentes actuaciones dirigidas al reflotamiento del Monte Arballu.
La situación de prealerta permite realizar el seguimiento de la emergencia, coordinar a las administraciones y organismos implicados y mantener disponibles de forma preventiva los recursos que pudieran resultar necesarios.
El presidente canario, Fernando Clavijo, cuestiona el decreto de vivienda por su tramitación en 48 horas y pide al Estado que defienda los fondos específicos para las RUP en Europa
Informan: Patri Santana / Antonio Morales
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cuestionado este martes el Real Decreto ley de Vivienda que prevé aprobar el Consejo de Ministros y ha señalado que “un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas”.
Durante su visita a Dublín, ha explicado que el Gobierno de España remitió este lunes a Coalición Canaria un borrador cuyo contenido desconoce si es definitivo.
El presidente canario, Fernando Clavijo, cuestiona el decreto de vivienda por su tramitación en 48 horas. RTVC
Entre las propuestas planteadas por Canarias figuran diferenciar entre pequeños, medianos y grandes propietarios y establecer que el silencio administrativo sea positivo cuando transcurran seis meses sin que un ayuntamiento conceda una licencia para construir una vivienda.
Defiende que la vivienda requiere “grandes acuerdos”
Clavijo ha defendido que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre los propietarios y ha reclamado un acuerdo amplio en materia de vivienda. El Gobierno central prevé aprobar este martes el decreto, aunque el contenido de la norma continuaba abierto a cambios este lunes.
En este contexto, el presidente canario ha defendido que la vivienda requiere “grandes acuerdos” y ha cuestionado que se tramite mediante una norma que, a su juicio, puede quedar condicionada por cambios de Gobierno.
Clavijo reclama acuerdos sobre vivienda y más participación de Canarias en Europa. RTVC
Clavijo también se ha referido a la situación de las regiones ultraperiféricas (RUP) durante su viaje a Irlanda y ha reclamado al Ejecutivo de España que cuente con Canarias en las negociaciones del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.
La nueva estrategia europea precisa de una financiación específica
Entre las prioridades del Archipiélago ha situado la continuidad de los fondos específicos para las RUP, el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), la política agraria y los fondos de cohesión.
Clavijo ha advertido de que la nueva estrategia europea para las RUP podría quedarse en “buenas palabras” si no cuenta con una financiación específica y ha reclamado conocer la posición que mantiene España en la negociación.
El presidente canario se encuentra en Dublín para mantener contactos institucionales con representantes irlandeses, en un momento en el que Irlanda ejerce la presidencia del Consejo de la UE y se negocia el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034. La agenda incluye también cuestiones relacionadas con la vivienda y la posibilidad de limitar la compra de segundas residencias por parte de no residentes en Canarias.
La campaña pondrá en circulación 4.800 bonos durante los cuatro domingos de octubre, con una aportación municipal del 50 % y un valor de 25 euros cada uno
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una campaña especial de Bonos Consumo Domingo coincidiendo con el fin de semana de Plenilunio, con el objetivo de incentivar las compras y favorecer la actividad de los comercios de la capital durante la apertura dominical de octubre.
Santa Cruz activa una campaña especial de Bonos Consumo Domingo en octubre. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que las personas interesadas pueden consultar los comercios participantes en la página web bonosconsumosantacruz.com.
Bermúdez destacó que “Plenilunio es un momento especialmente adecuado para poner en marcha esta iniciativa, porque durante ese fin de semana, Santa Cruz recibe a muchas personas y genera una gran actividad en sus calles”. El alcalde añadió que “queremos aprovechar esa energía y prolongarla durante todo octubre, convirtiendo cada domingo en una nueva oportunidad para apoyar al comercio local”.
4.800 bonos durante los cuatro domingos
La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Bonos Consumo Domingo nace con la intención de acompañar al comercio y proporcionar a la ciudadanía un aliciente para que realicen sus compras en nuestros establecimientos”. Según añadió, “cuando compramos en los comercios de nuestra ciudad no sólo estamos adquiriendo un producto o un servicio, también estamos contribuyendo a mantener viva la actividad de nuestras calles, al tiempo que se genera economía”.
“Con esta campaña queremos poner el foco en ese comercio cercano, que forma parte del día a día y genera comunidad, haciendo que la ciudadanía lo elija también los domingos”, indicó Pérez, quien detalló que se pondrán en circulación 4.800 bonos, repartidos entre los cuatro domingos de octubre, a razón de 1.200 bonos cada domingo.
Cada bono tendrá un valor de 25 euros, de los que el Ayuntamiento de Santa Cruz aportará el 50 % y la persona consumidora el otro 50%. De esta forma, cada bono tendrá un precio de 12,50 euros y permitirá realizar compras por valor de 25 euros.
La ciudadanía podrá adquirir un máximo de dos bonos por domingo y seis durante toda la campaña.
Venta los viernes y canje exclusivo los domingos
Los Bonos Consumo Domingo se pondrán a la venta cada viernes previo al domingo correspondiente, a partir de las 10:00 horas. Podrán adquirirse hasta las 12:00 horas del domingo o hasta agotar existencias y únicamente podrán canjearse el domingo indicado en el propio bono en los establecimientos adheridos.
Pérez recordó que “una vez terminado el domingo habilitado para el canje, estos caducarán y no podrán ser reembolsados”.
La responsable municipal también recalcó que “no podrán agruparse bonos de distintas personas en una misma compra, ni mezclarse diferentes tipologías de bonos en una misma transacción”. Además, cada establecimiento tendrá un límite máximo de canje de 1.500 euros por domingo.
Cerca de 30 establecimientos adheridos
Actualmente se han adherido cerca de una treintena de establecimientos para todos los domingos de la campaña, aunque el plazo de adhesión para el tejido comercial continúa abierto.
Pérez animó a los comercios interesados a realizar su inscripción a través de la web de Bonos Consumo Santa Cruz. El primer domingo de la campaña será el 4 de octubre, coincidiendo con Plenilunio, por lo que los primeros bonos podrán adquirirse este viernes a partir de las 10:00 horas.
Requisitos para los establecimientos
Los Bonos Consumo Domingo Santa Cruz constituyen una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y FAUCA y se dirigen exclusivamente a establecimientos de comercio al por menor ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que cumplan los requisitos establecidos.
Los nuevos establecimientos interesados deberán cumplimentar el formulario de adhesión disponible en la web y enviar posteriormente un correo electrónico a para comprobar que cumplen las condiciones.
Una vez realizada esta comprobación, los comercios tendrán que cumplimentar y firmar el Compromiso de Apertura, indicando los domingos en los que permanecerán abiertos. Los establecimientos participantes deberán comprometerse a abrir al menos tres de los cuatro domingos previstos, con un horario mínimo de 10:30 a 14:00 horas.
La mujer, de 87 años, permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el desahucio y espera recibir el alta “cuanto antes”
Maricarmen, de 87 años, ha aceptado el acuerdo alcanzado este lunes entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles. Así lo ha confirmado su letrada, Beatriz Duro.
Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, el pasado 23 de septiembre de 2026, en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press
La mujer se ha alegrado mucho al conocer la noticia hace unas dos horas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada desde que se produjo el lanzamiento, según ha explicado Duro.
Maricarmen espera ahora recuperarse y recibir el alta “cuanto antes”. Su intención es poder regresar al inmueble de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, donde ha vivido durante más de setenta años.
Un nuevo contrato de ocho años
El acuerdo se alcanzó después de la reunión que las partes mantuvieron este lunes en el Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) Madrid.
Según la consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, el acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble como arrendataria mediante un nuevo contrato. Todo, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El contrato tendrá una duración de ocho años y la renta no superará el 30 % de sus ingresos netos, dentro del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS actuará además como garante de su cumplimiento.
Asesoramiento y garantías
El programa contempla para la inquilina asesoría jurídica, técnica y fiscal durante la vigencia del contrato, con el objetivo de resolver las cuestiones que puedan plantearse durante ese periodo.
Como garantía para los propietarios, el programa de intermediación incluye un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de impago.
Las tres primeras promociones se levantan en Los Realejos, Güímar y Granadilla con una inversión de más de 21,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, visitaron este martes 29 Los Realejos, Güímar y Granadilla, donde la institución insular ya ha iniciado los trabajos de las tres primeras promociones de viviendas destinadas a alquiler social.
El Cabildo de Tenerife inicia la ejecución de tres promociones de vivienda pública. Cabildo de Tenerife
Las actuaciones contemplan la construcción de 104 viviendas, con una inversión total de 21.165.315,96 euros y un plazo de ejecución de 18 meses en los tres casos.
Lope Afonso se mostró satisfecho con la “cristalización de las políticas de vivienda que hemos impulsado durante este mandato, encaminadas a convertir al Cabildo en una herramienta útil al servicio de las personas, dando respuesta a una de las principales preocupaciones de la sociedad, como es la vivienda”.
El vicepresidente remarcó que “con el inicio de la construcción de estas tres promociones cumplimos con el compromiso adquirido con la sociedad tinerfeña” y destacó que “el Cabildo actúa con hechos, con una verdadera política de vivienda y dando soluciones a las preocupaciones de la sociedad”.
104 viviendas en Los Realejos, Güímar y Granadilla
En Los Realejos se construyen 27 viviendas, con una inversión de 6.117.112,31 euros. Actualmente, los trabajos se centran en las actuaciones previas de contención del terreno mediante micropilotes, antes del posterior desmonte.
La promoción de Güímar contempla 30 viviendas, con una inversión de 5.432.125,03 euros, mientras que en Granadilla se edifican 47 viviendas, con un presupuesto de 9.616.078,62 euros. En ambos casos, los trabajos se encuentran actualmente en la fase de movimientos de tierra y desmonte.
Afonso señaló que estas tres promociones constituyen “el primer paso” y avanzó que durante este mandato el Cabildo ha comprometido fondos para poner en marcha más de 1.000 recursos habitacionales en toda la isla.
Un convenio con el Gobierno de Canarias
La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, explicó que la construcción de estas viviendas se integra en el marco del convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
Hernández recordó que desde el comienzo del mandato la institución insular ha defendido “que el Cabildo tenga un papel protagonista en el trabajo por buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que tienen los tinerfeños”. En este sentido, señaló que la institución ha marcado y continúa una hoja de ruta para paliar las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda.
La consejera destacó que las primeras actuaciones ya ofrecen “resultados tangibles de todo el trabajo que hemos realizado y liderado desde el Cabildo”, acompañado de un compromiso presupuestario tanto de la institución insular como de otras administraciones. El objetivo, añadió, es “aportar certidumbre a las necesidades de los ciudadanos”.
