Fernando Clavijo asegura en el Parlamento que confía en que el ‘decreto canario’ marque “un antes y un después” en las relaciones Canarias-Estado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes en el Parlamento autonómico que el actual problema de la vivienda es fruto de una “herencia pobre y de parálisis absoluta” del anterior Gobierno regional. En su intervención, coincidió con el presidente del grupo Popular, Juan Manuel García Casañas, en que la gestión previa dejó al archipiélago con un grave déficit habitacional.

Clavijo admitió que el Ejecutivo ha tenido que partir de una situación compleja, aunque defendió las medidas adoptadas en los dos primeros años de legislatura. “No hay recetas milagrosas, pero estamos actuando con planificación y recursos”, subrayó.

Aumento del presupuesto y nuevas ayudas para la vivienda

El presidente destacó que la vivienda será una prioridad en el presupuesto autonómico de 2026, con un incremento superior al 15 % en las partidas del Instituto Canario de la Vivienda, que alcanzará los 197,4 millones de euros. De esa cantidad, 141 millones se destinarán a rehabilitación y construcción de nuevas viviendas, lo que supone un aumento del 46 % respecto al ejercicio anterior.

Además, se contemplan 37 millones de euros para el bono de vivienda joven y dos millones para proyectos en zonas rurales. Clavijo recordó también la ampliación del registro de demandantes y la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que extiende su aplicación a más tramos de edad y renta.

El presidente explicó que el 77 % de los contribuyentes que compren una vivienda habitual podrán beneficiarse de esta bonificación fiscal. Asimismo, señaló que Visocan contará con 80,9 millones de euros para continuar su labor en promoción pública y gestión del parque residencial.

Clavijo mostró confianza en que todas estas medidas mejorarán el acceso a la vivienda en el archipiélago, aunque advirtió que el Estado debe implicarse más. “También tiene que hacer su parte y modificar la Ley de Vivienda”, concluyó.

Facilidades para los jóvenes con bonificaciones más accesibles

En este sentido, el Gobierno de Canarias anunció que incrementará las ventajas fiscales para la compra de una primera vivienda en 2026. La medida incluye un mayor importe destinado a bonificaciones, un aumento de la edad de los beneficiarios de 35 a 40 años y un límite de renta más amplio para quienes puedan optar a estas ayudas.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, explicó en el pleno del Parlamento que estas mejoras se incluirán en los próximos presupuestos autonómicos. Señaló que el cumplimiento de la regla de gasto y del superávit impuesta por el Gobierno central limita parcialmente el alcance de las medidas.

Asián destacó que los cambios permitirán que las bonificaciones sean efectivas y accesibles a un mayor número de personas. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias que actualmente encuentran difícil emanciparse y formar un hogar.

Por su parte, el diputado de Vox Nicasio Galván criticó que emanciparse antes de los 40 años sigue siendo “prácticamente una utopía” y reclamó que el Gobierno declare la emergencia demográfica para permitir que los jóvenes desarrollen un proyecto de familia.

Curbelo reclama una fiscalidad diferenciada para las islas verdes

Durante su intervención en el Parlamento, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, reprochó a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que el presupuesto autonómico de 2026 no contemple políticas fiscales específicas para las islas verdes. Durante el pleno del Parlamento, Curbelo señaló que el archipiélago avanza “a dos velocidades”, con territorios que crecen y otros que pierden población y envejecen.

El también presidente del Cabildo de La Gomera subrayó que La Palma, El Hierro y La Gomera necesitan medidas concretas para corregir la desigualdad territorial. Reclamó aprovechar la negociación del “decreto canario” con el Estado para extender la bonificación del IRPF vigente en La Palma tras la erupción volcánica a las tres islas.

“Ya está bien. A ver si nos damos cuenta de que hay islas que son las más pobres del país y no nos acabamos de enterar”, advirtió Curbelo, quien pidió un compromiso claro del Gobierno para impulsar una fiscalidad diferenciada.

Clavijo asegura que el decreto ya incluye la bonificación

En su respuesta, el presidente Fernando Clavijo recordó que el decreto canario recoge en su artículo 5 la bonificación del IRPF para las islas verdes. Defendió además que su Ejecutivo trabaja con la voluntad de garantizar la igualdad entre territorios, tanto en recursos como en oportunidades.

“Es nuestra obligación fomentar que la población se fije al territorio y que tu isla no condicione tu vida”, afirmó Clavijo, quien aseguró haberse tomado “muy en serio” la estrategia de reto demográfico para abordar los problemas señalados por Curbelo.

El presidente insistió en que el Gobierno busca un modelo de desarrollo más equilibrado, donde todas las islas puedan progresar en igualdad de condiciones, con incentivos que favorezcan la residencia, el empleo y la actividad económica en los territorios más frágiles del archipiélago.

Reunión con Exteriores para aclarar la posición de España sobre el Sáhara Occidental

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que solicitará una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para conocer la posición oficial de España respecto al Sáhara Occidental. Clavijo afirmó que el Ejecutivo autonómico “echa de menos” una postura clara del Ministerio, especialmente tras la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente respondió así a una pregunta del diputado Raúl Acosta, quien advirtió que Canarias “no puede ni debe mirar hacia otro lado” ante un conflicto que afecta directamente al archipiélago por su proximidad geográfica y sus vínculos históricos.

Clavijo subrayó que tanto el Parlamento como los distintos gobiernos canarios han mantenido “un respeto absoluto a la legalidad internacional” y una posición firme a favor de una solución pacífica y negociada. Sin embargo, lamentó que Exteriores no haya convocado a Canarias para fijar una posición común tras la resolución de Naciones Unidas.

El presidente destacó la importancia de mantenerse “muy vigilantes” ante la aplicación de las disposiciones de la ONU y la labor de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), cuya prórroga se ha aprobado por un año más.

Clavijo advirtió de que las “versiones interesadas” sobre la resolución pueden generar confusión y reclamó “despejar las malas interpretaciones” mediante diálogo directo con el Gobierno central. “Tenemos que ser proactivos y pedir una reunión para saber qué posición marca España, sobre todo para no tener sobresaltos”, concluyó el presidente canario.

Choque en el Parlamento por las políticas sociales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó al diputado Luis Campos de comportarse de manera “despótica e impresentable”, después de que este le reprochara haberse presentado a las últimas elecciones autonómicas pese a su gestión anterior en políticas sociales. El enfrentamiento se produjo tras una pregunta sobre las medidas del Ejecutivo para mejorar la redistribución de la riqueza en las islas.

Campos criticó lo que calificó como “el nuevo mantra” del Gobierno, según el cual “si las cosas van bien, no hay que cambiar”. Señaló que, aunque los indicadores económicos muestran récords en turismo y recaudación, esa bonanza no se refleja en la mayoría social. Además, cuestionó la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, que —dijo— ha supuesto 180 millones de euros menos de ingresos, y denunció un menor esfuerzo en políticas sociales respecto a la anterior legislatura.

Defensa de la gestión y las reformas fiscales

Clavijo respondió asegurando que “de Campos podría esperar cualquier cosa menos que dijera que cometí la indecencia de presentarme a las elecciones”. Añadió que tales declaraciones reflejan “su cultura democrática” y que su actitud “reniega del pasado, pero lo practica de forma despótica e impresentable”.

El presidente defendió la gestión social y económica del actual Gobierno, destacando la creación de más plazas de educación de 0 a 3 años y un presupuesto récord en sanidad. En materia fiscal, subrayó que se han aplicado bonificaciones en el IRPF y el IGIC sin precedentes, orientadas al “grueso de la población”, y que el 77 % de los contribuyentes se beneficiarán de las reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Clavijo anunció también que, por primera vez en la historia, el Gobierno pagará al tercer sector el coste real de los servicios que presta, un paso que consideró esencial para reforzar la atención social. Concluyó afirmando que los resultados de su gestión son “francamente superiores” a los del anterior Ejecutivo, que —según dijo— no estuvo limitado por las reglas fiscales. De no haber existido esas restricciones, aseguró, el presupuesto autonómico habría contado con al menos 200 millones de euros más.

El decreto canario, “una oportunidad de oro”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su confianza en que el llamado decreto canario se convierta en “una oportunidad de oro” para alcanzar un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados, pese al actual clima de “incertidumbre, crispación y enfrentamiento”.

En respuesta a una pregunta del diputado David Toledo, Clavijo defendió que el decreto —que actúa como alternativa ante la falta de Presupuestos Generales del Estado— representa un paso clave para garantizar los derechos y la financiación del archipiélago. “A Canarias nadie le ha regalado nada”, afirmó, y aseguró que su Gobierno trabaja para que cualquier escenario “nos coja con el trabajo hecho”.

El presidente insistió en que el texto no pertenece a ningún partido, sino que debe entenderse como “el decreto de Canarias”, una norma que marcará la relación del archipiélago con el Estado durante los próximos 15 o 20 años. Por ello, pidió a las fuerzas políticas que dejen a un lado las excusas y apuesten por la unidad.

“Es el momento de retratarse, de pulsar el botón del sí, porque lo otro son excusas”, señaló Clavijo, quien defendió que el decreto puede “enriquecerse y corregirse desde el consenso” y convertirse en un elemento diferencial para asegurar que las islas reciban un trato equivalente al del resto de territorios de España.

El PSOE critica la distribución presupuestaria

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, calificó los presupuestos autonómicos para 2026 como un instrumento que “desperdicia el ciclo de bonanza y perpetúa las desigualdades”. Durante el pleno, reprochó al Gobierno que renuncie a invertir, modernizarse y redistribuir la riqueza, y criticó el uso de la incertidumbre como excusa para justificar la falta de gestión y los incumplimientos electorales.

Franquis puso el foco en la disparidad de incrementos presupuestarios, señalando que Presidencia sube 25 millones de euros, frente a solo 3,8 millones para Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. En su opinión, esto evidencia una falta de prioridades en áreas clave para diversificar la economía, fomentar la innovación y combatir la pobreza.

Clavijo cuestiona la moralidad del PSOE

Fernando Clavijo acusó al diputado de mostrar soberbia y advirtió que su partido no está en posición de repartir carnets de moralidad. Explicó que el aumento en Presidencia responde a la renovación de un contrato de nuevas tecnologías que el Gobierno anterior, liderado por el PSOE, había dejado sin efecto.

Clavijo insistió en que no es momento de sacar pecho sobre gestión o compromiso con los más pobres, y reclamó humildad al partido que no logró aprobar un presupuesto en legislaturas previas. Además, defendió que el Ejecutivo actual sí ha cumplido con la aprobación de las cuentas, reforzando su papel en la gestión responsable de los recursos autonómicos.

Tensión por el informe de la UCO

Fernando Clavijo rechazó la sugerencia del portavoz de Vox, Nicasio Galván, de que apoyase a su partido. La pregunta de Galván se refería al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se menciona al ministro Ángel Víctor Torres.

Clavijo respondió que las relaciones entre Canarias y el Gobierno central son institucionales, no personales, y negó de manera rotunda que desee ver a Vox en el Ejecutivo: “Ni lo deseo ni les voy a votar nunca, señor Galván”.

El presidente criticó la propuesta del partido sobre liberalización del suelo, deportaciones de migrantes y rebajas fiscales, alertando sobre la vulneración de derechos fundamentales observada en otros países con políticas similares. “Si alguien puede votarles, es que nosotros hemos hecho algo mal, afirmó Clavijo, defendiendo su compromiso democrático.

Respecto al informe de la UCO sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, Clavijo destacó que las investigaciones judiciales no condicionan las responsabilidades políticas, que deben decidirse en el Parlamento. “Será la ciudadanía y los jueces quienes juzguen, pero desde el punto de vista institucional no cambia nada”, aseguró.

Protocolos contra el acoso escolar activos en más de 880 centros

Por su parte, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, aseguró que en los más de 880 centros educativos del archipiélago se actúa ante la mínima sospecha de acoso escolar. Se activa el protocolo antiacoso para garantizar la protección de los alumnos y la intervención temprana.

Suárez destacó el excelente trabajo de directivos y docentes, subrayando que acabar con el acoso escolar en las aulas es una de las prioridades del Ejecutivo canario. “Ponemos gran empeño y sensibilidad en esta cuestión”, afirmó.

Durante el curso 2024-2025, el protocolo de acoso escolar se activó 216 veces, confirmándose 39 casos. En el curso actual, se han registrado 151 solicitudes, con 122 activaciones todavía abiertas, aunque no se ha confirmado ningún caso de acoso hasta el momento.

El consejero resaltó que el repunte en activaciones refleja una mayor concienciación y rechazo colectivo hacia el acoso, y subrayó que muchos de estos casos son problemas puntuales de convivencia que se resuelven mediante mediación interna en los centros educativos.

NC denuncia falta de participación en el decreto de convivencia escolar

La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, acusó al consejero de Educación, Poli Suárez, de tener un “concepto singular” de la participación. Según Hernández, durante la actualización del decreto que regula la convivencia escolar en Canarias faltó diálogo y escucha, especialmente con sindicatos, familias y asociaciones.

Hernández destacó que el decreto requiere un proceso de consenso y participación activa, y recordó que el proyecto original es de 2011 y podría haberse iniciado hace dos años. Señaló también que la convivencia en los centros educativos se construye día a día y no se impone por decreto.

La diputada solicitó que los centros cuenten con herramientas y recursos suficientes para resolver conflictos mediante mediación, pues siempre habrá situaciones que gestionar. A su juicio, el Gobierno regional rompe consensos y diálogos al priorizar la urgencia sobre la participación.

Poli Suárez defendió que sí se han mantenido reuniones con los sindicatos y que todo el proceso se ha realizado a través del Consejo Escolar de Canarias, que representa a la sociedad canaria. Añadió que, aunque algunos sindicatos puedan no sentirse representados, a su juicio esto resulta difícil de entender.

Reproches entre el PSOE y el PP

La diputada del PSOE, Nira Fierro, calificó de “pena” las intervenciones del vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, tras exigirle que pidiera disculpas en nombre de su jefe, Ángel Víctor Torres. La discusión surgió durante una pregunta sobre la gestión del Ejecutivo y su impacto en la calidad de vida de los canarios.

Fierro criticó la “política inhumana y miserable” de los socios de Gobierno y reprochó que Domínguez se limite a decir “sí, señor Clavijo”, mientras se destinan 25 millones de euros adicionales a propaganda en los próximos presupuestos.

El vicepresidente defendió su gestión y replicó con ironía, recordando al PSOE “negocios oscuros” durante la pandemia y decisiones polémicas en la comisión de investigación de las mascarillas. Añadió que nunca pensó que Torres fuera a “mentir a los españoles”, y pidió a Fierro que se ahorre sus consejos hasta que pida perdón en nombre de su jefe. Domínguez cuestionó también la comprensión lectora de la diputada y aseguró que él había hablado claramente sobre “presupuestos continuistas”.

Fierro insistió en que el vicepresidente “da pena” en cada pleno y reafirmó su defensa de Torres como “persona honrada y honesta”. Domínguez concluyó con un comentario irónico: “en mi tierra dicen: si es canario, canta”.

Demora en los fondos estatales

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, admitió que se “conformaría” con recibir los 30 millones de euros que España transfiere anualmente para programas contra la pobreza. El Gobierno canario había solicitado triplicar esa cantidad, hasta 80-100 millones, pero la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado ha impedido alcanzar esa cifra.

Delgado recordó que los fondos aún no están tramitados ni se sabe cuándo se ingresarán, lo que genera incertidumbre entre las entidades que gestionan estas ayudas y sus beneficiarios. Señaló que el año anterior ocurrió algo similar, con la transferencia llegando con retraso y plazo de ejecución limitado.

La consejera aseguró que el Ejecutivo regional mantiene los programas con recursos propios, pero insistió en que los altos índices de pobreza y exclusión social en Canarias requieren de una estabilidad financiera real del Estado, y no de transferencias tardías o insuficientes.

El diputado José Manuel Bermúdez, también alcalde de Santa Cruz de Tenerife, reconoció el esfuerzo de Canarias y otras administraciones y reclamó una mayor implicación del Estado. Subrayó que los 30 millones actuales son insuficientes y que la pobreza estructural del archipiélago exige recursos sostenidos y políticas sociales ambiciosas.

Debate sobre el nuevo Plan Rector del Parque Nacional del Teide

La diputada socialista Alicia Vanoostende pidió a la ciudadanía que “levante la voz” contra el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide. Señaló que el documento cuenta con votos “significativos” en contra de la comunidad científica y ecologista, y citó un informe del CSIC que alerta sobre la relajación de medidas de protección y la masificación del espacio.

Vanoostende destacó que el plan ignora la gestión de especies invasoras, reduce la investigación al 1 % del presupuesto y no aborda el cambio climático, lo que sugiere que prevalece la explotación económica sobre la conservación. Subrayó que el Teide es un ecosistema frágil que debe protegerse antes de que sea demasiado tarde.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, indicó que el PRUG ha recibido el aval de 40 de los 45 votos de la red de parques nacionales. Reconoció que quizás no sea perfecto, pero aseguró que mejora sustancialmente la conservación del Teide y regula la afluencia de visitantes, actividades deportivas y grabaciones profesionales.

Hernández recordó que el plan actual sustituye al vigente desde hace 23 años, tras año y medio de diálogo y con un documento consensuado y técnicamente consolidado. Subrayó que el PRUG busca preservar los valores del Parque, adaptarse al cambio climático y mitigar los efectos del incendio forestal de 2023.

El consejero defendió que el plan protege al Teide, reconocido por la Unesco como Parque Nacional en buen estado, y es un ejemplo de responsabilidad del Gobierno para gestionar de forma sostenible este espacio natural único.

Garantizar los servicios sociales, en la sesión del Parlamento

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, aseguró en la sesión del Parlamento de este martes que el Gobierno de Canarias mantiene la financiación para los servicios sociales, aunque el Estado no asuma plenamente sus competencias en migración. Destacó que la atención a personas dependientes y a menores extranjeros no acompañados no se ve limitada por este gasto.

Delgado criticó la falta de previsibilidad del Gobierno central y recordó que el Ejecutivo regional ha recurrido vía judicial para reclamar la cobertura de gastos en sanidad y educación de los menores migrantes.

La consejera insistió en que Canarias cumple con todos sus habitantes, ofreciendo atención de calidad tanto a residentes como a los menores llegados en patera, y subrayó la necesidad de mayor implicación del Estado para garantizar la cobertura de los derechos de los migrantes.

Por su parte, el diputado del PP Jacob Qadri, apuntó que el gasto en migración asciende a 158 millones de euros, de los cuales el Estado solo ha aportado 50 millones. Señaló que el gasto sanitario alcanza los 30 millones, y denunció el incumplimiento de las obligaciones legales con los menores pese a sentencias del Tribunal Supremo.

Qadri criticó que solo se han trasladado 200 menores a la Península, calificando la situación de abandono absoluto por parte del Gobierno central y señalando la falta de voluntad real para solucionar el problema.

Acusaciones de caos y mala gestión en Sanidad en la sesión del Parlamento

El PSOE ha denunciado que la estabilización del personal de enfermería en el Servicio Canario de la Salud se ha convertido en un “caos y un calvario” debido a deficiencias en la gestión y planificación, afectando la adjudicación de plazas y generando incertidumbre entre los profesionales.

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino calificó el proceso de “auténtico fracaso” y alertó de que la llegada masiva de opositores médicos para asegurar una plaza dificulta la estabilidad de otras categorías. Reclamó a la Consejería transparencia y mecanismos claros para garantizar la equidad en el proceso.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, negó que existiera colapso o caos, atribuyendo los retrasos a la incapacidad del anterior Gobierno para implementar la ley de estabilización aprobada en 2021. Señaló que el proceso entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre se desarrolló con normalidad y que las bases de la convocatoria son consistentes con otras categorías y especialidades.

Monzón subrayó que cualquier retraso no ha generado problemas significativos y acusó al PSOE de crear inseguridad innecesaria entre los aspirantes. Recordó que el Ejecutivo actual recuperó los dos años perdidos para sacar adelante el proceso de estabilización, criticando la gestión anterior por su inacción.

Debate el el Parlamento por la protección de la papa autóctona

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, afirmó durante su intervención en el Parlamento que el Gobierno de Canarias no tiene competencias para controlar la entrada de papa foránea, que representa cerca del 40% del consumo en las islas. Señaló que, a pesar de ello, se han impulsado acciones de apoyo a los productores locales, aunque no pueden impedir la importación de papas de Egipto o Israel.

Quintero destacó medidas de apoyo a la papa canaria como destinar 3 millones de euros a 700 productores afectados por la sequía, incrementar el AIEM y adelantar el pago del POSEI de manera íntegra, la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre el consumo de papa autóctona o la convocatoria de la mesa de la papa, diez años después de su última reunión.

También se ha solicitado al Gobierno central intensificar las inspecciones a la papa importada, que no cumple los mismos estándares fitosanitarios que el producto local.

El diputado socialista Manuel Jesús Abrante alertó sobre el desequilibrio entre la caída de la superficie cultivada y el aumento de la demanda. Criticó que los agricultores locales no puedan vender su producto a un precio justo frente a la papa importada más barata y subrayó que cada hectárea abandonada supone pérdida de soberanía alimentaria, paisaje agrario y cultura campesina.

Agilizar la ordenación del suelo agrario

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento canario, Luz Reverón, reclamó mayor celeridad en la aprobación de las directrices y normativa de usos agrarios, que permitirían a los jóvenes emprendedores del sector primario acceder con facilidad al suelo agrícola y ganadero. Señaló que actualmente se ven obligados a ir de “ventanilla en ventanilla”, lo que frena el desarrollo de sus proyectos.

El consejero Narvay Quintero respondió que una parte de las directrices estará lista antes del verano de 2026 y la otra, a principios de 2027, destacando la necesidad de zonificar los usos agrarios y ganaderos y crear una oficina técnica y jurídica para tramitar expedientes y establecer parques agrarios.

Quintero reconoció que existen numerosos jóvenes interesados en la actividad agraria y ganadera, pero se enfrentan a abandono de suelo, inseguridad jurídica y exceso de burocracia, con leyes como la del suelo de 2017 que “lastran” la viabilidad empresarial. Subrayó que el objetivo es eliminar trabas y facilitar proyectos rentables y dignos para la nueva generación de agricultores y ganaderos.

Reproche socialista por la baja ejecución del plan habitacional

En su intervención en el Parlamento, la diputada del PSOE Patricia Hernández pidió al Gobierno de Canarias que rectifique su política de vivienda, al considerar que no está dando resultados. Criticó que, hasta agosto, solo se habían invertido 8 millones de los 97 millones disponibles para 2025, que en dos años solo se han calificado 14 viviendas protegidas y que los visados de obra privada se han “desplomado”.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, defendió la actuación del Ejecutivo y aseguró que “nunca antes se habían movilizado tantas herramientas ni tanto presupuesto”. Reconoció, no obstante, que aún no es suficiente y avanzó que se seguirán impulsando medidas.

Rodríguez destacó las deducciones fiscales incluidas en el presupuesto de 2026 y el nuevo decreto de vivienda en tramitación parlamentaria. Además, anunció que el próximo 2 de diciembre se presentará un informe con datos actualizados sobre viviendas vacías y habitables en Canarias.

El consejero subrayó que el acceso a la vivienda “no es un problema exclusivo de Canarias”, sino un fenómeno europeo, y lo vinculó al parón de la construcción desde 2008, el crecimiento poblacional y la expansión del alquiler vacacional.

Mientras Hernández insistió en que el Gobierno “no ha hecho nada distinto al plan de la legislatura anterior”, el consejero apeló a “superar las diferencias partidistas” y buscar soluciones conjuntas para atajar la emergencia habitacional en el archipiélago.