Destaca el proceso de reforma judicial mediante una «gran consulta nacional» que cuenta con «apoyo de la UE y la ONU»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha descartado este jueves convocar elecciones a corto plazo y ha insistido en que, aunque estos comicios «se celebrarán» antes o después, el «horizonte político en el país no se mide por una fecha en el calendario».

En un mensaje televisado a la nación, la mandataria venezolana ha recalcado que su intención es lograr la «transformación política, económica, cultural, espiritual, democrática, ordenada y verificable» que lleve a los venezolanos a un «verdadero renacer». «Un anuncio como este no vale por lo que promete sino por lo que se cumple», ha subrayado.

Así, ha defendido que el país cuenta con una «hoja de ruta» para responder «a las exigencias del contexto actual», y ha recordado que durante mucho tiempo el país se ha visto «dividido en trincheras, con la política y la economía como campos de batalla».

«El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar, un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables», ha sostenido.

Rodríguez asegura que «habrá elecciones todas las que mande la constitución»

Delcy Rodríguez ha insistido en que «habrá elecciones», todas las que «manda la Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo». «Repito, la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere», ha añadido.

«Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores», ha continuado, antes de afirmar que este proceso «llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos», lo que permitirá «garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia».

En este sentido, ha procedido a destacar las medidas adoptadas desde su llegada al cargo el pasado enero tras la operación militar de Estados Unidos, para capturar al presidente, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores, ambos imputados en territorio estadounidense. Así, ha subrayado la importancia de la transformación de la justicia y la ley de amnistía, con la que busca «sanar heridas causadas durante años».

Reforma judicial

«Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal. Una consulta que busca escuchar a todos y a todas para construir una justicia más justa, humana, transparente e imparcial», ha explicado.

«La semana pasada, la Asamblea Nacional presentó una reforma y el Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad de esta iniciativa. Pido a la Asamblea Nacional que lleve adelante un proceso amplio e inclusivo de consultas con todos los sectores involucrados para dar un amplio debate sobre esta propuesta«, ha manifestado.

Sobre este asunto, ha destacado que está en marcha una «gran consulta nacional para reformar la justicia penal, con apoyo técnico de la Unión Europea y la ONU». «Recientemente acordamos con la Unión Europea una asistencia técnica para avanzar en esta dirección. También hemos pedido la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», ha recalcado.

Un protesta pacífica como un «derecho constitucional»

Asimismo, ha hecho hincapié en que Venezuela se relaciona con «todos los pueblos del mundo sobre la base del respeto, la diplomacia y la igualdad, pensando siempre en el interés nacional para crear empleo y mejorar los servicios básicos, como el sistema eléctrico».

No obstante, ha pedido a los medios de comunicación, «tanto nacionales como internacionales», que «no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni su gentilicio ni su injusticia», y ha procedido a reivindicar la protesta pacífica como un «derecho constitucional».

«Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo. He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas. La protesta es un derecho constitucional, y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad», ha reafirmado.