La nueva tasa de basura comenzará a aplicarse en enero de 2026 y refleja el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos de la ciudad, según el Consistorio capitalino
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el proyecto de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos. Se trata de una medida, obligatoria para todas las administraciones locales, con la que se garantiza que la ciudad cumpla con la normativa europea y nacional en esta materia.
De esta forma, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da cumplimiento al mandato previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que es consecuencia de la trasposición de la Directiva comunitaria UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 y la Directiva UE 2019/904.
Tras la Junta de Gobierno, la alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, y la titular del Órgano de Gestión Tributaria, Guadalupe Betancor, ha desgranado las principales líneas de esta medida, que establecerá, en cumplimiento de la normativa europea y estatal, una tasa obligatoria por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia municipal. Una tasa que se basará en el volumen de residuos generados, al tiempo que contemplará bonificaciones para incentivar a la ciudadanía y a los negocios a reducir su huella ecológica.
Coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos
Darias ha explicado que “esta ordenanza se aprueba cumpliendo un mandato legal”, ya que “según establece la normativa europea y nacional, todos los ayuntamientos de este país, tienen la obligación, hasta el 10 de abril de 2025 de establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real de las operaciones de recogida recogida, transporte y tratamiento de los residuos”. La finalidad, ha dicho, es “reducir al máximo los efectos negativos de la generación y gestión de residuos en la salud humana y en el medio ambiente, así como el fortalecimiento de la economía circular”.
Para contribuir a la prestación de este servicio, el Ayuntamiento ha definido la “forma más justa”, de tal forma que “quienes más residuos generen deberán pagar más”, al tiempo que se incentivará, con bonificaciones, la correcta separación, reduciendo así la generación de residuos y de sus emisiones asociadas, según ha detallado la alcaldesa.
Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento tiene el propósito de lograr que las tasas sean de la menor cuantía posible para personas y empresas, bonificando la participación de los usuarios del servicio cuando reduzcan la generación de residuos y/o cuando contribuyan a su tratamiento y valorización.
A partir del 1 de enero de 2026
Francisco Hernández Spínola ha destacado que, aunque la nueva ordenanza entrará en vigor en abril de 2025, el devengo correspondiente se efectuará el 1 de enero de 2026. Al respecto, el concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización ha señalado que “la aspiración del Gobierno es que en ese momento estén ya adjudicados los nuevos contratos de recogida de residuos sólidos y de limpieza viaria, que van a suponer una importante mejora en la prestación de los servicios que ofrece el Servicio Municipal de Limpieza”. El objetivo “es que puedan acompasarse”, ha añadido.
Según ha subrayado Hernández Spínola, la normativa establece que la tasa no puede ser deficitaria, por lo que los ingresos obtenidos deben cubrir el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. El Ayuntamiento ha cuantificado el coste del servicio en torno a los 32 millones de euros, de los cuales el 25% (8 millones de euros), serán abonados por el propio Ayuntamiento al Cabildo para costear el tratamiento de residuos en el vertedero.
Diseño de la nueva tasa y bonificaciones
La fórmula de cálculo de la cuota se compone de una cuota tributaria básica, que pagarán todos los inmuebles por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos y una cuota por generación, en aplicación del principio de “quien contamina paga”. Sobre esta última, se aplicará un porcentaje que atienda a la calidad de la separación de los residuos.
En el caso de las viviendas, la cuota máxima a pagar será de 149,33 euros, ha explicado Guadalupe Betancor, quien ha señalado que la nueva ordenanza establece distintos tipos de bonificaciones que permitirán reducir estas cuotas siguiendo criterios de carácter económico y social, así como relacionados con las mejoras en el ámbito de la generación de residuos.
Bonificaciones
El Ayuntamiento contempla una reducción en la cuota tributaria básica para las familias numerosas del 50%, y del 75% en el caso de familia numerosa especial. Asimismo, se podrán beneficiar de una reducción en la cuota total los sujetos pasivos en exclusión social, con bonificaciones que podrían llegar al 100%.
El proyecto de ordenanza establece también bonificaciones por la participación en recogidas separadas para su posterior reutilización y reciclado, así como por separación y entrega de manera orgánica separable en contenedores específicos para estos residuos.
Por otro lado, también tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota por generación las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social sin ánimo de lucro y que tengan sistema de gestión que permitan reducir los residuos alimentarios previamente verificados por el Ayuntamiento.
Además, tendrán una bonificación del 5% de la cuota total los sujetos pasivos que domicilien y anticipen el pago de sus recibos.
Hasta ahora, Las Palmas de Gran Canaria tiene establecida una tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, que data del año 1998, aplicable únicamente a sujetos pasivos que desarrollen cualquier clase de actividad (industrial, comercial, profesional, artística, de restauración y hospedaje, financiera y de ocio), no afectando al conjunto de la ciudadanía, algo que la implantación de la nueva ley obliga a modificar.
Objetivos municipales
Según informa el Consistorio, con el proyecto de la nueva ordenanza, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da un paso más para lograr los objetivos fijados por la Unión Europea para los Estados miembros, incluyendo a las corporaciones locales.
Los objetivos municipales fijados por la Unión Europea establecen que el porcentaje de residuos reciclados debe ser de, al menos, un 55% en 2025; un 60% en 2023 y un 65% en 2025. Además, todos los municipios deben lograr que solo el 10% de los residuos municipales terminen en vertederos en 2035. Según datos de la Unión Europea, casi un tercio de los residuos municipales termina en vertederos y menos de la mitad se recicla o composta.
