El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado a declarar como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el 29 y 30 de enero, respectivamente, por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso
El juez Hurtado adopta esta decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por fraude fiscal, y sus conversaciones para llegar a un pacto con el Ministerio Público.
En el auto, además, el juez menciona que el polémico correo objeto de la filtración circuló «con salida» de la Fiscalía «y destino Presidencia del Gobierno»; «y de ahí» al medio ElPlural.com .
Hurtado es contundente en su auto al afirmar que, según las diligencias practicadas, «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» de García Ortiz en la filtración del correo en el que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso ofrecía un pacto al fiscal que le investiga.
Informe de la Guardia Civil
El juez se apoya en el informe de la Guardia Civil que habló de «participación preeminente» de García Ortiz en «la filtración investigada». Sospecha que «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición. y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».
Hurtado amplía asimismo las imputaciones en la causa y cita el 5 de febrero como investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. Entiende que se podría «haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas» al novio de Ayuso, que habría conocido por su cargo y «que no deberían haber sido divulgados».
«Papel relevante» del fiscal general en la filtración
El juez cree que «el solo trasiego del intercambio de mensajes» la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se publicaron informaciones que aludían al correo de González Amador, o la «intervención» del fiscal general en la nota de prensa difundida por la Fiscalía al día siguiente para tratar de aclarar la secuencia de acontecimientos, «es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse».
Explica en su auto que ese 13 de marzo la fiscal provincial de Madrid envió a las 21:59 horas a García Ortiz el correo entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga. Y pone el foco en «los pasos que da antes» el fiscal general «para lograr hacerse con él, reveladores de momento de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta».
Horas después, a las 23:51, se publica en la Cadena SER ese correo de 2 de febrero, dice el juez.
Dos periodistas testificaron que conocían el correo
«La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del Teniente Fiscal Diego Villafañe», expone.
Admite el magistrado que dos periodistas testificaron haber conocido dicho correo antes de las 21:59 horas. Sin embargo, sostiene que no aportaron «datos objetivos» y que su testimonio contrasta con otro que negó que así hubiera sido.
Por contra, dice, «los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción» por el fiscal general del correo «es cuando tiene lugar su difusión».
Un correo con salida de la Fiscalía y destino Presidencia del Gobierno
El juez añade que este polémico correo circuló «con salida» de la Fiscalía General del Estado «y destino Presidencia del Gobierno», «y de ahí al medio de comunicación El Plural.com».
Una vez en Presidencia, dice el magistrado, «se puso a disposición» del ya exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato para que lo usase en la Asamblea de Madrid, «con una clara finalidad política».
Ante las dudas de Lobato sobre el origen del correo, «desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com», que lo difunde con los datos personales tapados, siendo este el que muestra Lobato, «y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia».
Los contactos entre los fiscales Rodríguez y Villafañe
El magistrado sigue viendo suficientes indicios contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez, quien se puso a disposición de García Ortiz y facilitó al fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe el expediente del novio de Ayuso, que se filtró el 12 de marzo en eldiario.es.
También se prestó -añade el juez- a hacer llegar el correo a la Fiscalía General, «conocedora de la finalidad que se perseguía».
Y es a este fiscal, Diego Villafañe, a quien acuerda imputar al creer que podría tener «un papel de relevancia, si se quiere menor», desde el momento en que, como fiscal de la Secretaría Técnica y «persona de confianza del Fiscal General del Estado, está en contacto» con la fiscal Rodríguez, «a quien pide que le remita» la documentación.
En su auto, el juez sale en defensa de la UCO y de la «cualificación, profesionalidad y conocimientos» de sus agentes, sobre los que «no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente». Recuerda que esta unidad «ha venido contando con el beneplácito» de la Fiscalía en otras causas en las que se ha apoyado en sus informes.
