Los letrados del Congreso consideran que la actual ley de amnistía no supone un indulto general como la iniciativa rechazada por la Mesa en 2021
Los letrados del Congreso, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, se muestran a favor de tramitar la proposición de ley de la amnistía. Considera que no supone un indulto general como la iniciativa que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021. Tampoco ven contradicciones «evidentes y palmarias» con la Constitución.
Según el informe al que ha tenido acceso EFE, los letrados inciden en que la admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias que llegan a la Mesa no debe ejercerse como una función de «control previo de constitucionalidad». Abogan por que todas sean admitidas y debatidas siempre y cuando cumplan con los requisitos y criterios necesarios.
«La posibilidad de inadmitir una iniciativa parlamentaria en la fase de calificación y admisión a trámite es en todo caso excepcional. Se hace si puede suponer un quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución», argumenta el informe de 21 páginas que mañana verá la Mesa de Congreso en su reunión a las 11.00 de la mañana.
Diferencias con la ley de amnistía de 2021
Los letrados además ven elementos diferenciales con la proposición de ley de amnistía presentada por los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos en 2021 y que rechazó el PSOE.
En este sentido, inciden en que aquella iniciativa inadmita por la Mesa del Congreso no incluía una disposición que «individualizara las causas abiertas identificándolas de una manera concreta y específica, como sí ocurre con la proposición de ley actual».
Si la proposición de ley de 2021 la rechazaron los letrados, entonces dirigidos por el secretario general Carlos Gutiérrez, al considerar que se trataba de un indulto generalizado, en esta ocasión el argumento jurídico indica que la actual proposición de ley desliga de «manera clara las figuras del indulto y de la amnistía».
Asimismo, el informe aboga por que la Mesa solo rechace proposiciones de ley cuando la iniciativa carezca de elementos formales. También, cuando su contenido «se encuentre viciado por una inconstitucionalidad palmaria y evidente» o cuando la admisión a trámite no constituya un «incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional».
La Mesa de la Cámara no debe ser una primera instancia judicial
En sus páginas, los letrados del Congreso dejan entrever que la Mesa de la Cámara no debe ser una primera instancia judicial.
Señalan que si hubiera posibles motivos de inconstitucionalidad no se derivarían de una «lectura directa de ningún precepto de la Carta Magna sino de una interpretación de los mismos aplicada a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el alto tribunal».
En su opinión, «no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución», señala el punto sexto del informe antes de dejar en manos de la Mesa de la Cámara la decisión sobre su admisión.
Se admitió a trámite una proposición de ley de Vox para ilegalizar partidos políticos
Fuentes de la Mesa recuerdan a EFE que hace una semana este órgano de dirección del Congreso admitió a trámite una proposición de ley de Vox para ilegalizar partidos políticos. El argumento fue cumplía con todos los criterios y porque la Mesa no debía coartar al pleno la posibilidad de debate de todas las iniciativas.
Por otra parte, señalan que la recusación solicitada por el PP para que el nuevo secretario general se abstuviera en este informe no tiene visos de prosperar ya que se trata de una iniciativa elaborada por un partido político y no por ningún Ministerio.
Los populares han recusado a Fernando Galindo al considerar que debía abstenerse de esta tramitación por haber formado parte recientemente del Ministerio de Política Territorial y señalan que «vulneraría los principios legales de imparcialidad y objetividad» de la ley del régimen jurídico del sector público.
