El Gobierno de Canarias asegura que seguirá luchando por la transferencia completa en materia de ordenación y gestión del litoral canario
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, que dirige Antonio Acosta, ha solicitado, en una reunión mantenida con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Oñoro, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez, el “traspaso completo y sin interpretaciones” de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral.
“Las costas de Canarias son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago, teniendo en cuenta nuestras singularidades”, ha destacado Acosta.
En este sentido, el Ejecutivo regional ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral para manifestar la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambas administraciones que profundice en el decreto de transferencias y garantice el cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Autonomía. “Desde Transición Ecológica nos han trasladado que si nuestra intención es profundizar en el decreto de transferencia, debemos dirigirnos al Ministerio de Política Territorial para abordar la aplicación del Estatuto”.
Cooperación Canarias-Estado
Asimismo, el director general ha trasladado que, tal y como se establece en el actual decreto de transferencias, se deben buscar vías de colaboración y cooperación Canarias-Estado para analizar los expedientes que generan diferencias en materia de interpretación jurídica. “Es necesario poner sobre la mesa la necesidad de hacer convivir la conservación y protección del dominio público con el disfrute y uso del mismo”, ha concluido Antonio Acosta.
Por último, ambas administraciones han abordado otros asuntos relacionados con procedimientos administrativos necesarios para la agilización de expedientes, valorando la urgente transferencia de aquellos que aún no han sido cedidos.
Dos hoteles en el punto de mira
Hace 16 años que los hoteles Riu entraron en una encrucijada legal con Costas. Dos hoteles a pie de playa en un parque natural protegido que cuentan con una concesión para ocupar el dominio público otorgada en los años 70 y que tan solo permite la reparación y mejora en 2007. Costas denuncia al Hotel Tres Islas por realizar obras ilegales ya que no recibieron autorización.
Riu recibe una multa, pero sigue sin derribar las obras ilegales. Diez años después, Costas comunica Riu la apertura del expediente de caducidad de la concesión del dominio público al haberse mantenido en pie las obras ilegales.
El Hotel Oliva Beach tiene un camino similar también por obras no autorizadas de nuevos apartamentos y locales. Más de 13.000 m2 no concedidos por los que Costas inicia un nuevo expediente sancionador. Mientras, en esa batalla legal, las 700 familias que dependen de estas dos instalaciones se han puesto al frente en numerosas ocasiones para evitar el derribo de estos dos hoteles, que suponen gran parte del PIB del municipio de La Oliva y los abocaría a verse sin trabajo.
El Gobierno de Canarias asumió en enero de este año la competencia en Costas y se comprometió a no demoler los hoteles. Sin embargo, el Gobierno estatal considera que son expedientes previos y que la competencia es suya.
Disparidad de criterios entre ambas administraciones que siguen sin resolverse.
