Este protocolo de corresponsabilidad y reparto permitirá que las autonomías puedan acoger a 700 jóvenes no acompañados de los 2.538 tutelados en Canarias
La Consejería de Derechos Sociales ha anunciado este martes que las autonomías ya funcionan con un protocolo de corresponsabilidad y reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Un mecanismo que permitirá que las autonomías puedan acoger a más de 700 jóvenes de los 2.538 que están bajo tutela del Gobierno de Canarias.
En este sentido, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha asegurado en comisión parlamentaria que se han solventado las irregularidades que se habían denunciado en centros de atención a menores con medidas de protección.
Un informe que se hizo a petición de la directora general de Infancia y Familia, Iratxe Serrano, ha indicado la consejera, quien ha añadido que ese trabajo se ha trasladado a la Fiscalía de Menores y se han mantenido reuniones con responsables de los cabildos, que son las administraciones que gestionan los centros.
Seguidamente, ha afirmado que los centros están supervisados, se hacen inspecciones y las irregularidades se han solventado porque hay un control «exhaustivo» gracias a la labor del personal técnico tanto del gobierno regional como de los cabildos.
Prevención y promoción de la atención a la infancia
Santana compareció en comisión parlamentaria a petición del grupo Socialista para abordar las medidas de prevención y promoción en políticas de atención a la infancia, pero habló de la situación de los centros de menores con medidas de protección después de que la diputada del grupo Mixto, Vidina Espino, preguntase por ese informe «demoledor».
También ha hablado de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas y ha dicho que en los dos últimos años se ha gestionado la ayuda a unos 6.000, en lo que ha sido una situación «sin precedentes», ya que la comunidad autónoma «se ha visto abocada» a volcar muchos esfuerzos y recursos.
Ello se ha debido a que, ha señalado Santana, en Canarias se decidió desmantelar los recursos «como si fuera a cambiar la situación geográfica o hubieran desaparecido los problemas», y ha agregado que para 2023 está previsto destinar una partida económica específica para licitar centros.
2.538 menores extranjeros no acompañados tutelados en Canarias
La consejera ha recordado que en Canarias hay 2.538 niños extranjeros tutelados y el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Derechos Sociales y el resto de comunidades autónomas ha dado «por fin» resultado, de forma que hay un protocolo que llevará al reparto de 400 menores el próximo año en otras regiones, y hay un compromiso para otros 700 en los dos años siguientes.
Además, ha hablado de la futura ley de la infancia, de la que hay un borrador elaborado en la Universidad de La Laguna, y que debe adaptarse a la ley de ámbito nacional recientemente aprobada, ya que es la «más avanzada» de Europa en protección a la infancia.
La consejera se ha referido asimismo a los buenos resultados de la campaña de acogimiento familiar, sin dar datos, así como a la reducción de menores en acogida gracias a la reunificación familiar.
La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz, expresó su frustración porque ella había preguntado por la prevención y se hablaba más de otras cuestiones, y felicitó a los profesionales de todos los cabildos y ayuntamientos por el trabajo que han hecho en momentos muy difíciles.
Así, Cruz aludió a la estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia 2019-2023, y agradeció al ejecutivo que no haga trampa y no la iguale a un plan, porque el segundo supone establecer medidas con una ficha financiera.
La diputada del grupo Socialista ha explicado que el plan no se puede elaborar porque no se dispone de una ley de la infancia.
Espino alude a las irregularidades de un informe «demoledor»
Por su parte, la diputada del grupo Mixto Vidina Espino ha preguntado por las irregularidades que se han denunciado en un informe «demoledor», en el que trabajadores de los centros hablan de problemas de alojamiento, pero también de manutención, así como de carencias en el seguimiento escolar, en la protección de la salud y en la psicológica.
También se dice en el informe que hay menores que se fugan constantemente, que hay robos de ropa y niños que dicen que no reciben ayuda, por lo que Vidina Espino ha mostrado su preocupación.
Ha recordado que pidió visitar uno de los centros pero no pudo hacerlo por dar positivo en COVID-19, por lo que ha solicitado de nuevo entrar en un centro, pero acompañada de uno de los cuatro trabajadores que firman el informe con las deficiencias.
Reacciones en el Parlamento frente el protocolo
Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha preguntado por los resultados de la estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia 2019-2023, y por diversos estudios y borradores relacionados con la infancia.
La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha indicado, por su parte, que cuando se habla de infancia de alta vulnerabilidad duele «especialmente» y ha elogiado en trabajo hecho por los menores que han llegado a las islas.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, ha afirmado que se han producido avances, y ha hecho hincapié en la situación de los menores no acompañados que llegan a las islas y en reclamar recursos al gobierno central para atenderlos.
Poli Suárez, del grupo Popular, ha destacado que «hablar de infancia no es hacelo de dinero», y ha opinado que lo que hay que hacer es «hablar de programas y proyectos eficaces». En particular, se ha referido a los resultados de la estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia 2019-2023.
También ha pedido hablar de la pobreza infantil, así como de los datos de acogimiento particular y no decir solo que ha habido un aumento considerable.
La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido ha mostrado su extrañeza porque la estrategia no sea ya el plan de la infancia, que quienes están ahora en el gobierno reclamaban cuando estaban en la oposición.
Cristina Valido, anterior consejera de Derechos Sociales, ha cuestionado que en el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2023 no aumenta la dotación para la atención a los menores cuando los precios han subido, y en materia de menores inmigrantes ha elogiado y agradecido el trabajo hecho a los actuales responsables y trabajadores de la Dirección General, «pero también a los anteriores».
