El Pleno del Congreso ha avalado hoy jueves por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Formación Profesional, con los únicos votos en contra del PP y las abstenciones de Vox, Cup, ERC, PdeCat, BNG, Ciudadanos y Junts per Catalunya

Finalmente no se ha cumplido la aspiración del Gobierno que la ley de FP se convirtiera en la primera norma educativa de la democracia en aprobarse sin un voto en contra.

Por 180 apoyos, 75 abstenciones y los 88 escaños en contra del PP, la ley ha salido adelante ya que precisaba de la mayoría absoluta por su carácter orgánico. Sigue así su tramitación en el Senado que la puede aprobar en sus términos actuales, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso.

La nueva norma ha sido negociada durante meses con la comunidad educativa, las empresas, los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, en su trámite parlamentario se aceptaron alrededor de un tercio de las 592 enmiendas planteadas por los distintos grupos políticos.

La Ley establece la formación dual

Una de las principales novedades de la iniciativa legislativa es que la Formación Profesional pasará a ser dual. Combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas -roza hoy el 4 % en España frente al 60 % de Alemania-.

La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa entre el 25 % y el 35 % y una participación de la empresa de hasta un 20 % de los resultados de aprendizaje del currículo; y la Intensiva o Avanzada, con formación en la empresa a partir del 35 % de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de enseñanza de más del 30 % respecto del currículo.

El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E).

Habrá un Catálogo Nacional de Ofertas

La nueva ley prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP. Además, habrá un Registro Estatal que «permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada».

España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12 % de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25 % de media de la OCDE). Todo ello a pesar de que la demanda es clara: el 40,3 % de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación.

Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6 % entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión Europea junto a Italia, según la estadística publicada por la OCDE el pasado día 10.

La ley quiere además actualizar hasta el 80 % de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España. La mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.

El 50 % de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de formación profesional).Solo el 16 % de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación.

Sin embargo, el 48 % de la población activa española no tiene un título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias.