Buenas noticias para el tenis español: Paula Badosa derrota a Podoroska y pasa a cuartos. Carla Suárez cayó en octavos ante Pliskova
Paula Badosa celebra la victoria ante la argentina Nadia Podoroska. Imagen Juan Ignacio Roncoroni / EFE
La mejor temporada de Paula Badosa en el circuito profesional de tenis tiene su versión olímpica: la jugadora española se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos de Tokio con una victoria clara por 6-2 y 6-3 sobre la argentina Nadia Podoroska.
Fue el partido más cómodo para Badosa desde que llegó a Tokio, donde eliminó en primera ronda y en tres sets a la francesa Kristina Mladenovic y en la segunda a la polaca Iga Swiatek, sexta cabeza de serie, por 6-3 y 7-6.
Paula Badosa devuelve una pelota a la argentina Nadia Podoroska. Imagen Juan Ignacio Roncoroni / EFE
En el cruce de octavos fue superior en todo a Podoroska, nueve puestos por detrás, en el 38, en la clasificación WTA.
No cedió la española ni un punto de rotura a la argentina en el set inicial y solo encajó un ‘break’ en el segundo, que compensó por partida doble.
La japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo y favorita para ganar el oro en casa, cayó derrotada unas horas antes por la checa Marketa Vondrousova, que será el próximo obstáculo de Badosa. Se han enfrentado ya una vez, este mismo año en octavos de Roland Garros, con victoria de Badosa por 6-4, 3-6 y 6-2.
El consejero de Transportes anunció la medida en el Parlamento que eliminará la limitación de dos plazas en cada fila de asientos
Los taxis en islas con nivel 1 y 2 podrán circular con todas las plazas de sus vehículos ocupadas. Así lo ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, en el Parlamento de Canarias. Es una propuesta que su departamento llevó al último consejo de Gobierno para modificar las medidas preventivas y hacer frente a la crisis sanitaria originada por el COVID-19.Se permitirá que los taxis de las islas con mejores cifras pandémicas, en nivel de alerta 1 y 2, puedan ocupar todas las plazas en sus vehículos.
La propuesta de la Consejería fue aprobada y se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para su inmediata entrada en vigor. De esta forma se quiere responder a la petición del sector que quería mayor disponibilidad en sus vehículos tras la desescalada iniciada en las islas .
Desde 2020, los taxis sólo pueden transportar un máximo de 2 pasajeros por fila y a nadie junto al conductor.
Recuperación del sector
El consejero Franquis recordó que el pasado viernes, y con motivo de la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias, ya comunicó a los representantes del sector del taxi la modificación aprobada en el consejo del jueves de las medidas preventivas para adecuarlas a la realidad actua, con un amplio sector de la población ya vacunada con la pauta completa y en plena recuperación económica de las islas.
Para favorecer esta recuperación en el sector del taxi el Gobierno considera esencial permitir la ocupación de todas las plazas en estos vehículos en aquellas islas con mejores cifras en relación a la pandemia, en consonancia al resto del transporte público terrestre.
El conductor, bajo su criterio, podrá dejar vacía la plaza de pasajero situada a su lado y permitir que solo se ocupen las traseras.
En las islas con peores cifras pandémicas y por tanto situadas en los niveles 3 y 4, se mantienen las restricciones que ya estaban en vigor, es decir, dos plazas ocupadas por fila de asientos y nadie al lado del conductor, como medida preventiva y hasta que la situación sanitaria evolucione favorablemente.
«Hemos tenido al sector muy presente en esta crisis sanitaria. A las primeras ayudas se acogieron 3.136 taxistas, de 5.100 en Canarias, aproximadamente, con una partida de más de cinco millones de euros», explicó Franquis.
Añadió que «hemos sido sensibles en todas las políticas de colaboración y ayuda hacia un sector enormemente castigado por la crisis sanitaria.
Jacobo González se va al Sabadell en calidad de «traspasado», lo que significa que el club tinerfeñista mantendrá un porcentaje de sus derechos de imagen
Jacobo González en unon de sus partidos de blanquiazul. Imagen web CD Tenerife
El Tenerife informó este lunes de que ha traspasado al centrocampista ofensivo Jacobo González al Sabadell, que la temporada próxima militará en la Primera División RFEF.
El acuerdo por la transferencia del futbolista incluye una cláusula mediante la cual el conjunto insular se reserva un porcentaje de los derechos del jugador.
Jacobo González, de 24 años, llegó al Tenerife en el verano de 2020 y no tuvo continuidad en su única temporada en la isla, como consecuencia de las lesiones que sufrió.
En los catorce partidos que jugó como blanquiazul logró anotar un tanto.
La mayor parte de los abonos corresponden a la jubilación seguidos de los de viudedad
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.202,29 millones de euros en julio, con una subida del 3,23 % respecto al mismo mes de 2020.
Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en julio se abonaron 9.868.153 pensiones contributivas, un 1,04 % más que un año antes.
Del total de pensiones, 6.170.037 fueron de jubilación, seguidas de las de viudedad (2.359.217), las de incapacidad (951.310), las de orfandad (343.785) y las prestaciones en favor de familiares (43.804).
La pensión media, un 2,18% más que hace un año
La pensión media del sistema se situó en 1.033,86 euros mensuales, un 2,18 % más que hace un año, con 423,27 euros de diferencia entre hombres (1.254,71 euros) y mujeres (831,44 euros).
Por tipos, la pensión media de jubilación ascendió a 1.189,74 euros mensuales, un 2,30 % más que el año pasado, mientras que la pensión media de viudedad fue de 740,19 euros al mes, con un incremento del 1,90 %.
Para las nuevas altas de pensiones de jubilación en junio, la media mensual fue de 1.340,06 euros y alcanzó los 1.451,19 euros en el caso del régimen general.
En el primer semestre del año se dieron de alta 311.550 nuevas pensiones y de baja, 256.402 pensiones.
Los datos facilitados indican que más de dos tercios de la nómina de julio, 7.340,71 millones, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, con un alza del 3,79 % en los últimos doce meses.
A pensiones de viudedad se destinaron 1.746,27 millones, un 2,24 % interanual más.
La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se situó en 945,58 millones (0,92 % más), mientras que la de orfandad supuso 143,31 millones (2,70 % más) y las prestaciones en favor de familiares, 26,42 millones (3,99 % más).
Complemento por brecha de género
En cuanto a las pensiones que perciben el complemento por brecha de género, en vigor desde febrero y que sustituye al antiguo complemento por maternidad, 28.496 pensiones lo percibieron en julio, con un importe medio mensual por pensión de 61,26 euros.
De las 28.496 pensiones complementadas, 5.241 correspondieron a pensionistas con un hijo (el 18,4 %), 13.591 con dos hijos (47,7 %), 6.015 con tres (21,1 %) y con cuatro hijos, 3.649 (12,8 %).
El complemento consiste en una cuantía fija de 27 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo hasta un máximo de cuatro y que pueden percibir tanto padres como madres.
Ceballos podría recuperarse y jugar si España avanza en el torneo. Mingueza vuelve a los entrenamientos y está preparado para Argentina
Ceballos en un entrenamiento de la selección olímpica antes de su lesión. Imagen EFE
Las pruebas realizadas tanto a Dani Ceballos como a Óscar Mingueza a la llegada de España a la Villa Olímpica en Tokio invitan al optimismo. A pesar de que al centrocampista del Real Madrid se le haya diagnosticado un esguince de grado II en el tobillo izquierdo, no se descarta que vuelva a participar en el torneo, mientras que el defensa entrenará ya el martes con el resto de sus compañeros.
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 26, 2021
“El jugador está evolucionando muy bien y si continua en esta línea no se descarta su participación en alguno de los partidos del torneo”, comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre Ceballos.
Eso sí, el jugador debería de forzar ya que la recuperación para este tipo de lesiones tiene un mínimo establecido de tres semanas. El centrocampista abandonó las muletas el pasado sábado y aún tiene hinchada la zona, por lo que el trabajo día a día con el fisioterapeuta, Alejandro Benito, el único disponible para la expedición por la limitación de acreditaciones, será clave para determinar su evolución.
Mingueza, listo para Argentina
Mingueza tras sufrir el pinchazo en los isquiotibiales en Sapporo. Imagen EFE
Por su parte, Luis de la Fuente recibió una gran noticia tras la ecografía realizada a Mingueza, ya que confirmó que la evolución muscular en la parte posterior del muslo se ha desarrollado “de forma favorable” y podrá reincorporarse a los entrenamientos con el grupo desde el martes, en la previa del último partido de la fase de grupos contra Argentina del miércoles (12:00 hora canaria).
“Quiero destacar el compromiso de los jugadores acatando todo lo que se les pide y llevando a cabo todos los tratamientos que se les indican sin dudar en ningún momento y con total dedicación”, expresó.
También agradeció el trabajo del fisioterapeuta y del doctor José Antonio Rodas: “Darles las gracias por su trabajo, especialmente con los lesionados más graves, pero no solo con ellos. Después de cada partido hay golpes o pequeños problemas que están solucionando con su trabajo y su falta de horas de descanso. Son unos fenómenos”, valoró.
La nacionalidad ecuatoriana le fue concedida en diciembre de 2017 tras retirarle el asilo político en su Embajada en Londres, lo que permitió su detención por parte de las autoridades británicas
Julian Assange, fundador de WikiLeaks / Europa Press
Un tribunal de Ecuador ha fallado este lunes a favor de retirar la nacionalidad al cofundador de WikiLeaks Julian Assange, concedida en diciembre de 2017 tras retirarle el asilo político en su Embajada en Londres, lo que permitió su detención por parte de las autoridades británicas.
La decisión la adoptó el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, que ha aceptado la demanda presentada por el Ministerio de Exteriores de Ecuador, según ha recogido la emisora local Pichincha Comunicaciones.
Carlos Poveda, abogado de Assange en el país sudamericano, ha subrayado en declaraciones concedidas a una cadena de televisión estadounidense que apelará la decisión. «Puede haber cantidad de irregularidades, pero otórguenle el derecho a defenderse. Es lo que hemos pedido», ha dicho.
El Gobierno ecuatoriano decidió en abril de 2019 suspender la nacionalidad ecuatoriana de Assange citando como motivo una serie de supuestas irregularidades en el trámite de concesión que constituyen un «acto administrativo lesivo«.
El miércoles se revisará una posible excarcelación de Assange
Assange obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en diciembre de 2017 en un movimiento que entonces se interpretó como tendente a que perdiera la condición de asilado político para que pudiera salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado desde junio de 2012.
El fundador de Wikileaks permanece en una prisión de Londres a la espera de que se examine el miércoles en una nueva vista su posible excarcelación. El entorno de Assange ha reclamado este perdón presidencial en Estados Unidos, con el objetivo de dar carpetazo definitivo a un caso que pretende depurar responsabilidades por la publicación de miles de documentos confidenciales en Wikileaks en 2010 y 2011.
Es la primera vez que ocurre. Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas también imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres. Según las investigaciones, dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado
Ciudad del Vaticano
El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, se sentará en el banquillo de los acusados este martes 27 de julio y constituirá la primera vez que la justicia vaticana encausa a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.
Becciu, cesado el pasado mes de septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos, continúa viviendo en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dentro del Vaticano.
Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas. También están imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres que -según las investigaciones- dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado.
La Santa Sede libera de culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado
Entre las personas que irán a juicio está el broker Gianluigi Torzi. A Torzi el Vaticano le acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres. Una venta de la que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios; René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede, a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; o monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones.
Asimismo, será procesado Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas. Está acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados.
Otro de los acusados es Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio.
Raffaele Mincione también se sentará en el banquillo. Es el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo. Mincione poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas. Está acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; y Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones, acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.
También irá a juicio Fabrizio Tirabassi, funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto, acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones.
Junto con ellos, será procesada la italiana Cecilia Marogna, que según las pesquisas filtradas en la prensa, recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro. De ese dinero, cerca de 200.000 euros, fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod’s o Chanel. Según ha defendido ella misma en la prensa italiana dichos objetos no eran para disfrute personal, sino que fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. La mujer italiana ha sido apelada por los medios de comunicación italianos como la ‘Dama de Becciu’ y ha sido acusada de malversación de fondos. Sus abogados ya han adelantado que pedirán que el cardenal secretario de Estado actual, Pietro Parolin, declare en calidad de testigo.
La Santa Sede, no obstante, libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado. Insiste en que ni monseñor Perlasca, firmante del contrato de compraventa de acciones, ni sus superiores, el sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, «hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones», según las investigaciones.
La investigación se inició en 2019
La primera vista oral está prevista para el 27 de julio y se dirimirán cuestiones técnicas del procedimiento judicial. Será más adelante cuando se entre en el mérito de las acusaciones. Al cardenal Becciu se le imputan los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas, respectivamente, por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019. Esta última denuncia, en particular, alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje.
El auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en el Credit Suisse (77 por ciento de la cartera gestionada). Además vieron que una parte sustancial de los depósitos procedentes principalmente de donaciones recibidas por el Papa «se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento». Esos depósitos también se utilizaban en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países off shore.
En su solicitud de apertura del juicio los magistrados vaticanos observan «cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia (Fondo Óbolo y fondos sin títulos), que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos. Se utilizaron para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales», es decir, con el «objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre».
En lo que va de año, 28 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España y cuatro menores han sido asesinados
Irene Montero, ministra de Igualdad
El Ministerio de Igualdad implantará una ventanilla única de violencia de género para canalizar las demandas de las víctimas en materia económica y de vivienda. También para asesorar a las familias en trámites relacionados con pensiones, prestaciones de orfandad, becas o apoyo psicológico.
Así lo contempla el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. Es una respuesta al repunte de asesinatos machistas desde que finalizara el estado de alarma.
En lo que va de año, 28 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, -1.106 desde 2003- y 4 menores han sido asesinados -41 desde 2013-. Desde el pasado 9 de mayo, cuando finalizó el estado de alarma, 19 mujeres han sido asesinadas.
El pasado 21 de mayo, y tras una reunión de urgencia de los actores implicados en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció un futuro plan de mejora y modernización de las herramientas para luchar contra este tipo de violencia.
Dos meses después, este plan llega al Consejo de Ministros de la mano del Ministerio de Igualdad y el de Interior, y con la participación de Justicia, Sanidad y Derechos Sociales. Ha pasado por un proceso de revisión de las actuaciones institucionales, con especial atención a las medidas de prevención y detección de la violencia y de protección a las víctimas.
El objetivo, según recoge el documento al que ha tenido acceso Efe, es avanzar en la consolidación de la respuesta institucional a la violencia machista como cuestión de Estado.
No obstante, señala que todos los compromisos recogidos en el Plan «quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y, en su caso, en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno».
Igualdad ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar seis ámbitos. Entre ellos la implicación del entorno de la víctima y del conjunto de la sociedad, la detección temprana en servicios públicos de proximidad y el apoyo a la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia. También tiene en cuenta reforzar la protección de los menores frente a la violencia vicaria, el refuerzo de la protección y seguridad de las víctimas y la mejora de los protocolos de coordinación interinstitucional.
Ventanilla única
Con el objetivo de fortalecer el acceso a las medidas de autonomía económica y a la vivienda de las víctimas y de sus hijos y para garantizar la reparación material a familiares directos, se creará una ventanilla única de violencia de género en la red de Servicios Sociales de Base.
En esta ventanilla se centralizará la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas. Allí se informará sobre sus derechos y acompañar en el procedimiento: pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas, duelos.
También canalizará las demandas de las víctimas y supervivientes de violencia de género a las ayudas económicas, de vivienda y en relación a sus derechos laborales.
Detección temprana
El Plan busca consolidar los servicios públicos de proximidad como puertas de entrada para la detección temprana. Para ello se elaborará un instrumento estandarizado para facilitar la detección de casos a través de los servicios de Atención Primaria. Un servicio que se implantará de forma progresiva en todo el territorio.
También se ofrecerá formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista a los profesionales involucrados en la atención a las víctimas en atención primaria y hospitalaria, Servicios Sociales, el ámbito educativo, la Inspección de Trabajo y de los servicios consulares españoles en el extranjero.
Mayor protección frente a la violencia vicaria
El Plan también contempla medidas frente a la violencia vicaria y para la protección de los menores como víctimas directas de la violencia de género.
Se elaborará el primer Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género. Estará dirigido a reforzar la protección y la seguridad de las víctimas.
Protección y seguridad
Incluye a las mujeres que, a pesar de encontrarse en situación de riesgo, no denuncian, así como aquellas que renuncian a continuar con el procedimiento penal, conectando a los servicios sociales y de atención especializada, apoyados por el sistema Atenpro y las fuerzas policiales.
Se impulsará la entrada en el sistema Viogen de los Servicios Sociales de Base y de los Servicios de Atención especializada, autonómicos y municipales, con el fin de proporcionar una información actual sobre de la víctima y el entorno fundamental para la valoración y actualización del riesgo.
En este sentido, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se elaborará una Instrucción para promover y asegurar la máxima difusión del «Protocolo Cero«, herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social.
Los agentes de los cuerpos policiales y el personal al servicio de la Administración de Justicia llevarán a cabo una formación con carácter anual, masiva y multidisciplinar.
Se potenciarán las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y se mejorará el Servicio ATENPRO para ampliar las posibilidades del Alta SIN Denuncia. Las órdenes de protección se comunicarán a todos los sistemas de gestión procesal utilizados por la Administración de Justicia.
Campañas de sensibilización
Difusión de campañas de concienciación a lo largo de todo el año dirigidas, tanto a informar a las víctimas, como a orientar, informar e interpelar a la población en general, así como campañas dirigidas a visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual.
Se promoverán acuerdos de colaboración con las grandes proveedoras de servicios en línea para prevenir y actuar frente a los perfiles que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Se impulsará un adecuado tratamiento de la información sobre violencia de género que se ofrece en los medios de comunicación. Se evitará que la publicidad ofrezca una imagen «cosificadora» de la mujer.
Además, el Plan quiere promocionar los programas de rehabilitación de los condenados por violencia de género, para cumplir su finalidad rehabilitadora y lograr la reinserción social de los penados.
Como consecuencia del empeoramiento de las condiciones de la pandemia de la COVID-19, el país norteamericano sitúa a España en el nivel 4
Estados Unidos volvió a incluir este lunes a España y Portugal en su lista de países a los que recomienda “no viajar” debido al empeoramiento de la pandemia de la covid-19.
Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que señala que además subieron a esta categoría Chipre y Kirguistán.
Los avisos de viaje los emitieron con base en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que situó a España en el «nivel 4» debido a la pandemia.
En su aviso sobre España, el Departamento de Estado recomienda no viajar «debido a la covid-19» y también pide que se «actúe con mayor cautela» en ese país «debido al terrorismo y disturbios civiles».
Los CDC evalúan el riesgo de contagio de la covid-19 teniendo en cuenta cinco niveles, que van desde desconocido, a bajo (1), moderado (2), alto (3) y muy alto (4).
El Ejecutivo tendrá que negociar su aval con los grupos del Congreso. Se espera que lleguen a las Cortes antes de final de septiembre
El Consejo de Ministros aprobó este martes el límite de gasto no financiero para 2022, el conocido como techo de gasto, que supone un paso previo para la elaboración de los futuros Presupuestos Generales del Estado.
El techo de gasto incluirá la dotación correspondiente al Plan de Recuperación, que vehicula los fondos europeos, tal y como hizo en 2021, un ejercicio en que el límite de gasto no financiero alcanzó el récord de 194.456 millones de euros -por debajo del límite máximo de 196.067 millones que se había aprobado-.
En 2021, los Presupuestos incluyeron 27.000 millones de euros en concepto de adelanto de los fondos europeos. En ese momento estaban pendientes de aprobación, aunque finalmente España recibirá este ejercicio un desembolso inferior, 19.000 millones.
De la misma manera, la cantidad consignada por Hacienda para los proyectos del Plan de Recuperación en los Presupuestos de 2022 podría no coincidir con los desembolsos previstos de los fondos europeos. Unas cifras que están estimadas en 18.000 millones de euros.
Previsiones económicas
El Ejecutivo también revisará las previsiones recogidas en el cuadro macroeconómico. Se ajustarán a la nueva situación económica. Desde abril se han producido impactos positivos como el rápido avance de la vacunación, pero también negativos como la quinta ola del coronavirus.
En las previsiones de abril, el Gobierno esperaba un crecimiento económico del 6,5 % para este año y del 7 % para 2022, con una corrección del déficit público hasta el 8,4 % del PIB este año y el 5 % del PIB en 2022, así como de la deuda, hasta el 119,5 y el 115,1 % del PIB, respectivamente.
Tras la aprobación del techo de gasto, el Gobierno tendrá que negociar su aval con los grupos del Congreso, el primer hito para los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2022 que de acuerdo a la normativa tendrían que llegar a las Cortes antes de final de septiembre.
Creación de empresas por un euro
El Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar el anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial. Se busca reducir las trabas a la creación de empresas, permitiendo por ejemplo su constitución con tan solo un euro de capital, así como impulsar su crecimiento y atajar la morosidad.
Así, la ley eliminará el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa. Permitirá su puesta en marcha con tan solo un euro y de manera rápida y telemática en un plazo cercano a los diez días.
El nuevo proyecto del Gobierno también pretende luchar contra la morosidad mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos. Además se pondrán en marcha incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas. Este plazo legal, que se sitúa actualmente en los 60 días, afecta especialmente a pymes y autónomos. Este sector normalmente se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a la media para asegurarse el cobro de sus facturas.
Ahora, el Gobierno pretende incluir el cumplimiento de estos plazos como requisito ineludible para acceder a las subvenciones estatales. Se quiere así también potenciar la factura electrónica, una herramienta que otorga mayor transparencia y protección a las empresas.
Por otro lado, el anteproyecto recoge también la ampliación del catálogo de actividades económicas que a día de hoy están exentas de licencia para la puesta en marcha de empresas.
Respecto a la financiación, se flexibilizarán mecanismos como el «crowfunding» y se llevarán a cabo otras medidas para potenciar instrumentos de financiación del crecimiento alternativos a la financiación bancaria, a la que recurren mayoritariamente las empresas.
Con esta y otras medidas, se espera incrementar la competencia en beneficio de los consumidores y aumentar la productividad del tejido empresarial.
Está previsto que tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto se publique a consulta pública.
