Los empleados de CaixaBank en las islas han secundado protestas en toda España por el recorte de plantilla anunciado por el banco, el mayor del sistema financiero español. En Canarias afecta a 320 empleados
Empleados de Caixabank llamados a la huelga se han concentrado este martes ante la sede principal de la entidad en Las Palmas de Gran Canaria para protestar por la decisión de despedir a 293 trabajadores, casi un tercio de la plantilla en la provincia, a resultas de la absorción de Bankia.
Una operación en la que la provincia de Las Palmas «sale especialmente perjudicada» en materia de empleo por los proyectos de reducción de plantilla de la empresa, que planea recortar sus oficinas ante la duplicidad de muchas de ellas en lugares de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura donde convivían muy cerca las de Caixabank y las de Bankia, bastante numerosas, aseguran los convocantes de esta protesta.
Esa circunstancia, cuya lógica han reconocido dirigentes sindicales presentes en la concentración, no ha de ser razón para que «se deje en la calle a 300 familias sin ninguna protección más que las compensaciones de un despido normal», ha afirmado David Galante, secretario general de UGT en Caixabank para la provincia de Las Palmas.
Galante ha expuesto que la situación en ese territorio «es mucho más grave que en otros lugares del país donde también se va a echar a cientos de trabajadores». Debido a que allí se trata mayoritariamente de gente de más edad que tendría menos dificultades para rehacer su vida pero en las islas abundan más los jóvenes.
De hecho, solo la mitad de los empleados abocados al despido supera los 50 años, ya que la media de edad de la plantilla es de 47, ha detallado.
Ha agregado que, con todo, es un personal «con una media de 20 años de servicio» y que, por ello, «se merece unas mejores condiciones que las que pretende imponer la empresa».
Desde ese planteamiento, Galante ha abogado por que los responsables del banco «abandonen su negativa a negociar y se sienten a llegar a acuerdos» respecto al futuro de su plantilla, que deberían pasar, al entender de los sindicatos, por pactar «que se vaya quien lo desee pero que quien quiera seguir en su trabajo pueda hacerlo y con garantías», ha dicho.
Y ha destacado que consideran razonables sus demandas, porque «se trata de empresas que hacen expedientes de regulación de empleo aunque sigan teniendo beneficios multimillonarios».
Tanto él como Rubén Artiles, secretario general de Comisiones Obreras en Caixabank para la provincia de Las Palmas, han apuntado que, de cualquier modo, hasta el momento la entidad ha rechazado negociar acuerdo alguno sobre la cuestión, avanzando que, en consecuencia, está previsto que en las islas, al igual que en el resto de España, prosigan en próximos días las convocatorias de huelgas y manifestaciones.
