El Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional interrogará a Víctor de Aldama a las 10:00 horas
El empresario Víctor de Aldama, en prisión por el ‘caso Hidrocarburos‘, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno.
Según han confirmado fuentes jurídicas, De Aldama será interrogado este jueves por el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. El empresario declaró ante este juzgado cuando fue detenido por el caso Koldo, quedando en libertad con medidas cautelares, para ingresar después en prisión por otra causa.
De Aldama pidió declarar voluntariamente después de que la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera mantenerlo en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Los magistrados tomaron esa decisión al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas sobre las cuentas que puede tener en el extranjero.
El juez decretó que Víctor de Aldama entrara en prisión por pertenecer a una organización criminal además de otros delitos
El juez instructor Santiago Pedraz acordó su ingreso en prisión sin fianza el mes pasado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública por el ‘caso hidrocarburos’.
Víctor De Aldama declarará a petición propia por el ¡caso Koldo’. También están convocadas la Fiscalía y el resto de partes personadas a la comparecencia, que será este jueves a las 10.00 horas.
Además la próxima semana declaran de cinco socios de De Aldama como investigados por la compra de mascarillas y con la introducción de test de Covid en aeropuertos de Canarias y Baleares.
Los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil abrieron una causa en el Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Además situaban a De Aldama en un «rol central» de la trama de compra de mascarillas que se investiga en el caso Koldo.
De Aldama, según la UCO, «personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, el Ministerio de Transportes con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección».
El informe refleja que «como líder de su organización, articuló una compleja estructura financiera y societaria de alcance nacional e internacional, que experimentó diversas mutaciones a lo largo del tiempo».
De Aldama era un intermediario
Los investigadores observaron actuaciones de De Aldama como intermediario con otros países como Venezuela, el requerimiento para la entrada en España de extranjeros durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos en favor de terceros.
La UCO comprobó que De Aldama, como consejero asesor de Air Europa, mantuvo un encuentro con Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García en la sede del Ministerio el 10 de junio de 2020.
El vínculo de De Aldama con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con Air Europa, según la UCO, también «refuerza la posición privilegiada que tenía en este ministerio».
La relación con Ábalos llegó a ser tan estrecha que además de colaborar en asuntos de la trascendencia del rescate a Air Europa, De Aldama fue el encargado de pagar, a través de un testaferro, el alquiler del piso que Ábalos puso a disposición de su entonces pareja. Una cifra que alcanzó los casi 89.000 euros.
El exministro fue también agasajado con un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, que De Aldama adquirió en 2021 por más de medio millón de euros.
Pruebas contra el empresario
Según la UCO, Ábalos disfrutó de ese inmueble en contraprestación a las adjudicaciones de los contratos de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y a las gestiones de habilitación de la empresa de hidrocarburos Villafuel. El propietario, de esta última, Claudio Rivas fue quien corrió «con los gastos derivados» del pago de la casa.
La Guardia Civil también aportó «un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración de su organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
En este caso se valió de Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil también investigado y que estuvo destinado en la embajada de España en Caracas.
