El protocolo busca impulsar alternativas de movilidad terrestre sostenible y supone un paso previo para poder contar con un convenio y una ficha financiera para el tren de Gran Canaria
Los gobiernos de España, Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han firmado este martes el protocolo de actuación para impulsar el tren en la isla. Es un paso fundamental para avanzar en un proyecto para el que quedan todavía varios años. El protocolo busca impulsar alternativas de movilidad terrestre sostenible tanto en el ámbito de los servicios como de la infraestructura para garantizar el derecho a la movilidad.
Se trata de un paso previo para poder contar próximamente con un convenio y una ficha financiera que hagan realidad esta iniciativa en la que la Corporación insular lleva trabajando al menos desde que se creara la entidad pública Ferrocarriles de Gran Canaria en el año 2009.
En el acto de firma ha participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Asimismo, también han estado en la firma el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
Mejora de la movilidad
El protocolo supondrá para Gran Canaria mejorar la movilidad en concreto en el corredor de la zona este-sureste de la isla, uniendo los núcleos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde con el aeropuerto y los núcleos turísticos del sur de la isla (Maspalomas y Playa del Inglés).
En cuanto a los objetivos recogidos se encuentra el impulso de la movilidad sostenible, en su dimensión social, económica y medioambiental, incluyendo el impulso a la movilidad activa. Así, desde este Ministerio se da especial relevancia a los medios de transporte colectivos y compartidos y más si cabe a los de bajas emisiones.
Además, pone el acento en proporcionar soluciones de movilidad pública accesibles y asequibles para la ciudadanía incidiendo en la movilidad cotidiana y la movilidad inclusiva. Para ello, fomenta una planificación más coordinada entre todas las administraciones competentes.
Desarrollo, financiación y seguimiento
Una vez confirmada la viabilidad socioeconómica y ambiental de las actuaciones, el protocolo abre la puerta a la firma de convenios específicos plurianuales para cada proyecto, que incluirán tanto la duración como las aportaciones financieras de cada administración, así como la posibilidad de recurrir a financiación europea. En este sentido, cabe destacar que el protocolo en sí mismo no implica un gasto directo, sino que establece la hoja de ruta para garantizar la financiación futura.
El acuerdo también prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Ministerio, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, y presidida por este último. Esta comisión será la encargada de supervisar las actuaciones, coordinar las acciones necesarias, elaborar propuestas de convenios, proponer prórrogas y resolver posibles dudas interpretativas. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria participará como observador, con voz pero sin voto, y se podrán incorporar otros municipios en función de las necesidades.
El protocolo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables por otros dos, hasta la firma de los convenios específicos que lo sustituyan.
Líneas de actuación del protocolo
- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible velará por la rentabilidad económico-social y ambiental de los estudios y proyectos, atendiendo a la metodología de la Comisión Europea para las inversiones, con el fin de racionalizarlas y posibilitar la obtención de financiación europea.
- El Cabildo de Gran Canaria será responsable de redactar los estudios y proyectos técnicos así como la obtención de las autorizaciones ambientales y urbanísticas.
- El Gobierno de Canarias prestará el apoyo necesario durante la redacción de los estudios y proyectos en la coordinación de las afecciones a otras infraestructuras de su competencia y durante la tramitación de las autorizaciones ambientales y urbanísticas.
- La tipología y naturaleza de las soluciones de inversión adoptadas deberán garantizar la multimodalidad y la complementariedad con otros proyectos de movilidad sostenible planteados en los corredores.
