Fujimori fue puesto en libertad tras una orden del Tribunal Constitucional por su delicado estado de salud. Cumplía una condena de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta
El expresidente de Perú Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad este miércoles tras la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional. Esta atendió sus reivindicaciones relativas a cuestiones de salud. Pese a ello, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos siguen advirtiendo de la gravedad de sus crímenes.
Así, el exmandatario ha salido de la cárcel de Barbadillo a las 18.30 hora local. Un día antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido aplazar la excarcelación hasta estudiar al detalle el fallo del Constitucional, que aparentemente ponía fin a años de litigios judiciales.
Tras su excarcelación, se le trasladó a la vivienda de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori. En principio, esta será su residencia permanente. «El momento que tanto esperamos por más de 16 años ha llegado. ¡Gracias a Dios!», ha celebrado Keiko Fujimori en redes sociales, junto a una imagen de la familia.
Concentración a la espera de su salida en prisión
Decenas de simpatizantes del expresidente peruano se habían concentrado en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori saliese de prisión. Este era un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años. Sin embargo, la Justicia lo había impedido en varias ocasiones.
Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, la Justicia lo tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018.
Fujimori tiene también otro proceso penal por delante
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud. En este caso, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
Para la directora de la oficina de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, «la liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades». Ha planteado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que examine su alcance, teniendo en cuenta «el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los Derechos Humanos en Perú».
«Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas», ha señalado Goebertus, que sitúa a Perú al nivel de Nicaragua y Venezuela en cuanto a ignorar el sistema interamericano.
Por este motivo, la responsable de HRW ha señalado que «la comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana».
