La Fiscalía atribuye a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni‘ un presunto delito de falsedad en documento oficial y un delito contra la seguridad social
La Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y delito contra la seguridad social por supuestamente simular un contrato de trabajo que se investiga en el marco de una pieza separada del denominado ‘caso Mediador’.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife que acuerde la apertura de juicio oral contra Fuentes Curbelo y otros tres investigados para los que reclama las mismas penas: Rachid Zankti, Domingo Fuentes Gutiérrez y María Jesús Rodríguez de Ver.
La Fiscalía también reclama que se les imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 3.000 euros. Además, solicita que los acusados indemnicen de forma solidaria y conjunta al Servicio Público Estatal de Empleo con 2.184,27 euros más los intereses legales devengados.
En el marco de su escrito, el fiscal sostiene que Zankti contactó con Fuentes Curbelo, «en cuanto había sido el administrador solidario de la entidad Ganadería Tetir» para que le diera el alta laboral y «conseguir cumplir con las exigencias legales previstas en la legislación nacional sobre extranjería y obtener la pretendida residencia en España».
Elaborar un contrato ficticio «que cumpliera con las expectativas»
Según el Ministerio Público, Fuentes Curbelo se puso en contacto con su hijo Domingo para que «elaborara o encargara elaborar un contrato ficticio que cumpliera con las expectativas» de Zankti. Posteriormente, para ejecutar el acuerdo, entregaron el contrato a otra acusada –Rodríguez de Ver–.
«Como consecuencia del contrato de trabajo ficticio presentado, en fecha de 4 de enero de 2021, se dictó resolución por la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas por la que se acordaba la concesión de autorización de residencia temporal y trabajo del acusado Rachid Zankti», apunta el fiscal.
Al margen, Zankti consiguió también obtener «la percepción de 2.184,27 euros en concepto de prestación del Servicio Público de Empleo Estatal, siendo imprescindible para ello los tres meses de cotización a la seguridad social que se aportaron por la Ganadería Tetir en virtud del contrato de trabajo ficticio».
