La Fiscalía ha solicitado suspender el protocolo de menores para su acogida porque perjudicar a niños en «situación de desamparo»
La Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspender inmediatamente el protocolo publicado por el Gobierno de Fernando Clavijo para ordenar la acogida de menores llegados en patera. Todo ello por perjudicar a niños en «situación de desamparo patente».
Según informó la Fiscalía en un comunicado, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, interpuso este miércoles su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Farnés Martínez solicita que suspenda el protocolo como «medida cautelarísima». Esto supone que sea de forma urgente y sin llegar a oír antes los argumentos que pueda esgrimir el Gobierno canario.
El Ministerio Público entiende que el procedimiento que el Gobierno de Canarias pretende seguir para regular la llegada de menores migrantes a sus centros de acogida vulnera la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. Afirma que en la práctica, «supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores llegados desde el mar a Canarias».
«La primera atención a los menores que llegan en patera a las islas compete al Estado»
El Gobierno de Canarias sostiene en ese protocolo que la primera atención a los menores que llegan en patera a las islas compete al Estado. Dicho protocolo exige acogerlos en centros de Canarias, siempre que haya plazas. Además, la Policía debe entregarlos correctamente identificados, tras entrevistarlos para valorar si son candidatos a solicitar refugio y con expedientes individualizados.
El recurso de la Fiscalía se suma al procedimiento puesto en marcha este martes por el Consejo de Ministros para impugnar ese protocolo ante el Tribunal Constitucional. Argumentan que invade competencias del Estado y supone «una desprotección grave» de los menores.
Si el Gobierno central interpone finalmente ese recurso, como anunció que hará si Canarias no rectifica, podrá al Constitucional la suspensión automática del protocolo.
Sin embargo, para que llegue ese momento antes debe pronunciarse el Consejo de Estado, que dispone de una semana para emitir su informe. Por ello, el recurso de la Fiscalía puede tener efectos más rápidos, ya que demanda al TSJ de Canarias, por la vía la administrativa, una suspensión urgente.
El Consejo de Estado debe pronunciarse
En su recurso, la Fiscalía advierte al Tribunal Superior de Justicia de que ese protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad. Este se reconoce en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. También vulnera el derecho fundamental a la integridad moral, recogido en el artículo 15 de la Constitución.
La fiscal superior de Canarias instó a todos los fiscales a abrir investigaciones penales por delito de abandono. Todo ello si aprecian que la aplicación de ese protocolo provoca una demora en la acogida de algún menor recién llegado a Canarias.
En ese decreto, la responsable del Ministerio Público rebate la tesis con la que el Gobierno de Canarias responsabiliza al Estado de la primera atención a los menores y advierte de que no ve motivos para demorar su entrada en centros de acogida adecuados.
«Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados», remarca.
La Fiscalía rechaza el protocolo del Gobierno de Canarias
La Fiscalía rechaza ese protocolo tanto por razones de forma, como de fondo. En cuanto a la forma, subraya que el protocolo establece requisitos que no están en la ley y, además, pretende imponerlos a un tercero, el Estado, algo que no puede hacer; y, respecto al fondo, teme que puede perjudicar al menor.
«Los menores extranjeros son un colectivo de personas que tienen un plus de especial vulnerabilidad: porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos. Esta circunstancia determina directamente su desamparo. Por lo tanto, la necesidad, ‘ex lege’, de que la administración competente se haga cargo de los mismos a través de los mecanismos de tutela administrativa», señala.
La Fiscalía advierte, asimismo, de que tratar a los menores en desamparo extranjeros de una forma diferente que a los chicos españoles que padecen su misma situación supone «claramente» una «discriminación por razón de origen».
«En el protocolo publicado no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores», apunta
Clavijo: La Fiscalía debería ser tan exigente con el Estado como lo es con Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló este miércoles que la Fiscalía debería ser con el Estado «en la parte que le compete» en la filiación de los menores inmigrantes que llegan a las islas «igual de exigente» que lo es con el Gobierno autonómico en sus responsabilidades de acogida.
Así ha respondido el presidente regional tras ser preguntado por la petición de la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez.
Clavijo se ha reunido este miércoles en Tenerife con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. El mandatario regional aseguró que «durante meses la Fiscalía ha permitido que los menores fuesen entregados sin las debidas garantías».
«Si queremos garantizar la protección del menor necesitamos que las documentación, las reseñas y las fotografías estén. Igual que la fiscalía es en sus oficios muy exigente con la protección del menor una vez llega a Canarias e insta y gira oficios al Gobierno canario de manera exigente, creo que debe ser igual de exigente con la parte anterior que le compete al Estado», expresó Clavijo.
Ha defendido que el protocolo del Ejecutivo autonómico «va orientado a proteger al menor, garantizar su seguridad jurídica en la situación de emergencia».
Clavijo insistió en que en días como este, en los que han llegado seis pateras a Lanzarote, es necesario «colaborar todos» para poder gestionar mejor la crisis. Ha insistido a la Fiscalía en que no presiono solo «a una pata de la mesa».
«Si queremos sobrecargar y presionar solo a una de las tres patas de la mesa, la mesa se rompe y se cae. Por lo que los niños y las niñas sufren las consecuencias. Me hubiese gustado más diligencia por parte del Estado en velar por el procedimiento en su totalidad. No apretar solo en el último tramo, porque influye negativamente en que todos alcancemos un acuerdo razonable»,
