El Cabildo majorero envió el escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García (CC), se dirigió por escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), para pedirle que, de forma inmediata, se supervise el servicio que se viene prestando en el control aéreo del aeropuerto de la isla.
La torre de control de Fuerteventura es una de las que el Gobierno de España privatizó en su momento, pese a la oposición de las administraciones locales, entre ellas el propio Cabildo de Fuerteventura, preocupadas por la posible degradación de la calidad del servicio.
Privatización de estos servicios
Tras este escrito, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) solicitó la suspensión cautelar de la acreditación de la empresa privada SAERCO, que es la concesionaria de la torre de Fuerteventura, y su sustitución por la empresa pública ENAIRE.
Por otro lado, este colectivo advierte de que la seguridad de las operaciones en los aeropuertos que gestiona SAERCO puede verse afectada por la degradación de las condiciones laborales derivada de sus problemas financieros, que han sido reconocidos por la propia empresa en sede judicial.
En Canarias, esta empresa privada tiene adjudicado el control del tráfico aéreo en los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
“En Fuerteventura, y estoy segura que en el resto de islas afectadas, seguimos con mucha preocupación estas noticias, porque nuestra economía y en general nuestra forma de vida, depende directamente del buen funcionamiento del aeropuerto, comenzando por su torre de control”, afirmó Lola García.
Por eso, la presidente del Cabildo majorero reclama «una revisión profunda de las condiciones en las que se desarrolla esta concesión para garantizar la seguridad, y hacer lo necesario para recuperar su funcionamiento como servicio básico y público».
Finalmente, García también recordó que ya en su momento el Cabildo de Fuerteventura, igual que el resto de instituciones majoreras y canarias, mostró su desacuerdo con la privatización de estos servicios básicos.
