La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han incautado de 252 kilos de alimentos en mal estado en la sede de una organización social que repartía los productos entre vecinos del barrio del Distrito de Ciudad Alta
Estos hechos se produjeron en la primera semana de marzo. La Policía Local tuvo conocimiento de que una asociación benéfica del barrio del Distrito Ciudad Alta se estaban entregando a los vecinos alimentos que «superaban ampliamente la fecha de caducidad», según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.
Agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) realizaron una vigilancia sobre la actividad de esta asociación. Pudieron comprobar durante una de las jornadas de entrega de alimentos que varias personas estaban recibiendo comida en mal estado. En concreto, embutidos con moho o bandejas con pescado que se estaban infladas por no mantener la temperatura de congelación.
Los agentes llevaron a cabo un registro en la sede de la asociación. Allí comprobaron que el almacén no tenía contratado suministro de luz. Los alimentos que debían conservarse en frío, tales como carnes, pescados, embutidos, alimentos preelaborados o yogures, se guardaban en neveras apagadas o directamente en estanterías y cajas.
La Policía Local ha denunciado a la asociación
El almacén presentaba un estado de higiene «deficiente. Además, no reunía ninguna» de las características sanitarias obligatorias para la conservación de alimentos. También era empleado para almacenar materiales residuales procedentes de otras actividades.
La Policía Local ha incautado todos los productos alimenticios que tenían ampliamente superada la fecha de caducidad y los que no habían mantenido la cadena de frío. 252 kilos de alimentos fueron trasladados hasta un gestor autorizado para su inmediata destrucción.
La UMEC de la Policía Local también ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias a la asociación responsable de la entrega de los alimentos.Además, ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal por si existiera responsabilidad penal por un delito contra la salud pública.