La fiscal ha destacado que la patera «carecía de cualquier sistema de seguridad» (mecanismos de sujeción, luz de posicionamiento, radio, etc.), así como de chalecos salvavidas
La Fiscalía provincial de Las Palmas ha formulado escrito de acusación contra un ciudadano senegalés que responde a las iniciales de M.F. por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por el que solicita ocho años de prisión, después de interceptar el 4 de abril de 2026 una embarcación neumática con 47 migrantes de origen magrebí y subsahariano procedentes de El Aaiún (Marruecos).
Según el escrito de la Fiscalía provincial de Las Palmas en el que la fiscal ha interesado la apertura de juicio oral –que se prevé para el 16 de septiembre–, y que recoge Europa Press, el encausado, «de común acuerdo con terceras personas, tenía el propósito de llevar a todos los inmigrantes que viajaban en la embarcación a España, a sabiendas de que contravenía las normas sobre la entrada de extranjeros«.
Salvamento Marítimo
Tuvo que ser la embarcación de Salvamento Marítimo «Urania» la que realizó el rescate de la patera al sur de Gran Canaria después de que sus ocupantes hubiesen permanecido «al menos, tres días en el mar» tras partir desde las costas marroquíes.
El acusado, natural de Senegal, indocumentado y en situación irregular en España, ejercía como patrón de la embarcación en el momento de su interceptación.
Además la fiscal ha destacado que la embarcación «carecía de cualquier sistema de seguridad» (mecanismos de sujeción, luz de posicionamiento, radio, etc.), así como de chalecos salvavidas para realizar la travesía entre Marruecos y Canarias.
Neumática de goma
En lo que se refiere a la referida embarcación, era una neumática de goma, con motor de 25 cv, de unos ocho metros de eslora, en la que viajaban 47 personas en unas condiciones de espacio, higiénico-sanitarias «deficientes e insalubres, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los pasajeros».
El encausado ha permanecido privado de libertad desde el 11 de abril de 2026, fecha posterior a la interceptación de la embarcación, según consta en los antecedentes de la causa que ha motivado la acusación fiscal.
Inhabilitación especial
La fiscal ha solicitado para el acusado una pena de ocho años de prisión junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el abono de costas procesales.
El procedimiento ha sido remitido a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio oral, en el que se debatirán los hechos y se determinará la responsabilidad penal del acusado conforme a las pruebas que se practiquen durante la vista, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal respecto al abono del tiempo de privación de libertad ya cumplido.
