El diputado canario, Alberto Rodríguez, de Podemos ha abonado la multa de 540 euros impuesta por el Tribunal Supremo
La Mesa del Congreso ha considerado adecuado el informe de los letrados para que el diputado de Unidas Podemos debe mantener su acta y su escaño. Mantenerlos tras haber abonado la multa. Una multa de 540 euros que le impuso el Tribunal Supremo . La multa es por un delito de atentado a un agente de la autoridad y que era conmutable por una pena de cárcel.
En la reunión de este martes, la Mesa del Congreso ha apoyado por mayoría este informe jurídico que ha sido rechazado por el PP y Vox, por lo que ambos partidos han decidido remitir sendos escritos a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronuncie en contra.
El informe de los letrados argumenta que una pena privativa de libertad sí hubiera sido «determinante de la causa de inelegibilidad». Sin embargo, al haber optado por una pena sustituta «no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado».
Según los letrados del Congreso, la condición de diputado de Rodríguez no queda afectada. Lo hace porque no concurre «ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg», ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.
PP, CS y Vox piden informe a la Junta Electoral Central
Tanto el PP, como Cs y Vox han urgido a la JEC que emita un informe diferente al de la Mesa y reconsidere la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez.
Vox ha remitido un escrito a la JEC para que declare la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida a Alberto Rodríguez y acuerde dejar sin efecto su credencial.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confiado en que la JEC «llame la atención» a la consideración de la Mesa y ha señalado que informe de los letrados «carece de fundamento» al tiempo de que ha avisado de que su formación va «a pelear» para que se le quite el acto al diputado de Unidas Podemos.
Bal ha dicho que pedirán a la Fiscalía que abra un incidente de ejecución. El objetivo es que la sala segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre si está bien o mal ejecutada esta parte de la condena por parte de los órganos que tienen obligación de llevarla a efecto (el Congreso y la JEC).
«El congreso no es el refugio de políticos condenados», ha afirmado tras urgir al PSOE a no apoyar a su socio de coalición en el Gobierno.
Desde el PSOE, el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha incidido en que el grupo parlamentario «está y va a estar en el respeto a lo digan los letrados de la Cámara», según el criterio jurídico, «como no puede ser de otra manera bajo el más absoluto respeto a la legalidad».
Críticas del PP
Por otra parte, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ve «incomprensible» que alguien que ha cometido un «delito grave» no quede inhabilitado «como el resto de los políticos cuando comete un delito grave» y ha reprochado la «velocidad de crucero» con la que Podemos a cambiado a su juicio de criterio para ahora «agarrarse al sillón».
El informe de los letrados señala que las conclusiones que se exponen se hacen sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central.
Otros portavoces parlamentarios en el Congreso se han alegrado abiertamente de que el informe de los letrados permita a Rodríguez mantener su acta de diputado. Desde su propia formación, la diputada Aina Vidal ha incidido en que están «muy contentos» y «lucharemos para que no se quede ninguna duda de su inocencia».
Gabriel Rufián (ERC) ha dado «todo su apoyo» a Rodríguez y ha recordado que el «a por ellos» que se decía contra los independentistas catalanes hace cuatro años, «era un a por todos».
La portavoz de JxCAT, Miriam Nogueras, ha afirmado que «ojalá siempre se defiendan los derechos de todos los diputados».
Ferrán Bel (PDeCAT) ha recordado que «en menos de 24 horas» el exdiputado de PDeCAT Francesc Homs, condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014 fue expulsado del Congreso «sin plantearse ningún informe alternativo».
Referencias a la Ley Mordaza
También el líder de Compromis, Joan Baldoví ha dicho que se alegraba «muchísimo» y ha incidido en que «habrá que ver» si algunos aspectos de la «ley Mordaza» hace que «estos procesos de palabra contra palabra» permitan que pueda juzgarse a una persona por algo que no se produjo».
Inés Sabanés, de Más País, ha dicho que «se respetan sus derechos como diputado» y ha señalado que su formación no va a consentir que el derecho de manifestación «esté condicionado por la ley Mordaza».
Rodríguez ha abonado ya la multa de 540 euros que le impuso el TS tras ser condenado por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna, Tenerife. Esa multa sustituye una condena de 45 días de prisión.
Sobre el diputado de Podemos ha recaído además una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Una inhabilitación durante el tiempo de la pena, de 45 días.
