Las organizaciones empresariales consideran necesario dar respuesta a las distintas situaciones que se han generado durante décadas en numerosos complejos turísticos y adaptar la normativa a las nuevas realidades del mercado
Las patronales turísticas de Canarias creen que «la liberalización generalizada de usos en inmuebles turísticos pone en riesgo el futuro del sector extrahotelero» de las islas.
Los empresarios han asegurado este lunes en un comunicado que «respaldan la propuesta de la Consejería de Turismo para adaptar la normativa a la realidad actual, respetar los usos residenciales consolidados y preservar la actividad turística, el empleo y la calidad del destino».
Las organizaciones empresariales consideran necesario dar respuesta a las distintas situaciones que se han generado durante décadas en numerosos complejos turísticos y adaptar la normativa a las nuevas realidades del mercado y de la comercialización turística, pero avisan de que «una cosa es modernizar el modelo y aportar seguridad jurídica y otra muy distinta permitir una liberalización indiscriminada de usos que terminaría desdibujando la naturaleza turística de los establecimientos».
Por ello, FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan consideran que «cualquier reforma debe preservar una cuestión esencial: los costes, servicios y obligaciones necesarios para mantener un establecimiento turístico de calidad tienen que seguir siendo afrontados de manera conjunta».
Así, entienden que «el mantenimiento de las zonas comunes, la renovación de las instalaciones, los servicios que recibe el visitante y unos estándares homogéneos de calidad no pueden quedar sometidos a una progresiva fragmentación de intereses dentro de cada complejo».
Residencialización de inmuebles turísticos
En torno a esta cuestión, la residencialización de inmuebles turísticos, aluden a estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que han cifrado el impacto económico y laboral de estos procesos en unas pérdidas anuales de facturación de 3.586 millones de euros, junto a 943 millones de euros de merma en la recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo.
Además de las consecuencias económicas, las patronales recalcan que la convivencia indiscriminada de usos puede provocar además una creciente fragmentación de los complejos.
«Un establecimiento extrahotelero necesita mantener zonas comunes, instalaciones, servicios y equipamientos que requieren inversiones permanentes y si una parte creciente de sus unidades deja de participar de manera efectiva en la actividad turística, resulta cada vez más difícil sostener económicamente esos servicios y acometer las inversiones necesarias para mantener los estándares de calidad que exige un destino competitivo», argumentan.
Las organizaciones empresariales consideran legítimo abordar las situaciones particulares existentes y analizar específicamente los procedimientos sancionadores que afectan a determinados propietarios, pero creen que «la solución a esos problemas no puede consistir en una modificación legal que permita extender hacia el futuro el uso residencial de inmuebles concebidos para formar parte de establecimientos turísticos».
Además, recuerdan que los propietarios de establecimientos extrahoteleros que puedan acreditar un uso residencial de los mismos anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantener dicho uso en los términos establecidos legalmente.
Por ello, consideran que «existe margen suficiente para reconocer y proteger situaciones residenciales consolidadas sin abrir la puerta a que nuevos inmuebles concebidos para el alojamiento turístico abandonen progresivamente esta actividad».
