Las familias de los 281 asesinados y heridos en atentados entre 1974 y 1986 denuncian olvido institucional y exigen una ley autonómica de víctimas del terrorismo
El 50 aniversario de la salida de España del Sáhara Occidental revive la tristeza de cientos de familias canarias. Se sienten los grandes perdedores de una historia que, según afirman, nunca contó todas sus verdades.
Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), recuerda el atentado que destrozó a su familia. Su padre murió tras ser herido en 1976 en las minas de Fos Bucraa, atacadas por el Frente Polisario.
Jiménez habla por un colectivo que nunca obtuvo reconocimiento. Denuncia que los atentados fueron crímenes contra civiles y que las instituciones españolas apenas los investigaron. La mayoría de las víctimas eran marineros canarios de pesqueros ametrallados. Otros eran trabajadores andaluces, gallegos o portugueses. Los ataques se extendieron por tierra y mar hasta 1986.
Dignificar la memoria
Los pesqueros Gargomar, Cruz del Mar, Sarita, Las Palomas, Mencey de Abona y Junquito simbolizan la tragedia. En el último secuestro, en 1986, murieron dos militares de la patrullera Tagomago. Desde su creación en 2006, Acavite lucha por dignificar la memoria de estas víctimas. Sin embargo, su presidenta lamenta que el reconocimiento oficial siga siendo “insuficiente y por la puerta de atrás”.
Lucía Jiménez recuerda que Canarias no tiene una ley de víctimas del terrorismo, a diferencia de la mayoría de comunidades. Lo considera “inconcebible e indecente”. Critica que ningún presidente autonómico haya impulsado esa norma. Denuncia falta de empatía y respeto institucional hacia las familias que perdieron a sus seres queridos.
Lazos históricos
Canarias mantiene lazos históricos con el Sáhara y acoge una amplia comunidad saharaui. Jiménez reconoce que duele ver apoyo político y económico al Polisario sin un pedido de perdón. “La clase política canaria tiene una deuda moral e histórica”, afirma. Pide al Gobierno y al Parlamento de Canarias que aprueben la ley sin más excusas ni pretextos.
Acavite reclama reformar la legislación estatal sobre víctimas por las desigualdades en indemnizaciones. También pide participar en el Centro Memorial de Vitoria y en el futuro Centro de Víctimas del Yihadismo. La asociación exige que los materiales escolares incluyan los casos del Frente Polisario y del MPAIAC, ausentes en los programas que sí recuerdan a ETA o al GRAPO.
Jiménez recuerda a Melitona, una joven de Lanzarote que perdió a su padre, marido y hermano en el pesquero Cruz del Mar. Su historia simboliza el sufrimiento silenciado de muchas familias. Acavite insiste en mantener viva la memoria y romper décadas de invisibilidad y abandono. “No se puede cerrar este capítulo con mentiras”, concluye su presidenta, decidida a que se escuche la voz de las víctimas.
