Los cabildos han presentado a los grupos políticos del Parlamento de Canarias su propuesta de reforma de la Ley de Cabildos Insulares para blindar sus competencias transferidas por el Gobierno de Canarias
La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha presentado este martes a los grupos políticos del Parlamento autonómico su propuesta de reforma de la Ley de Cabildos Insulares, cuyo principal objetivo es blindar las competencias que les han sido transferidas o delegadas por el Gobierno regional.
Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta de la Fecai, ha resumido la idea fuerza de esta iniciativa: «que no nos pongan unas competencias, ya sean de carreteras o servicios sociales, que nos den la gestión, y que después nos las vengan a retirar».
«Los cabildos somos suficientemente mayores, tenemos suficiente autonomía para llevar las competencias, y que sean plenas. Que no nos ocupemos solo de la gestión y que nos dirijan desde el Gobierno de Canarias o desde fuera», ha indicado en declaraciones a los medios.
José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ha explicado que lo que se busca es «implantar la cultura de que los cabildos son también instituciones de la Comunidad Autónoma», y que la mayoría de las competencias que realizan son transferidas por el Gobierno de Canarias, y las otras son como entidad local.
Sostiene que el régimen jurídico que se establece para competencias como medio ambiente o carreteras «tiene que ser diferente al tratamiento que viene siendo habitual con la legislación de régimen local».
Propuesta conjunta de todas las corporaciones insulares
El texto ya fue abordado en la última conferencia de presidentes insulares celebrada el pasado 2 de julio en El Hierro y lo que pretende la Fecai es que sean los grupos parlamentarios quienes tomen la iniciativa legislativa, ya que es una propuesta conjunta de todas las corporaciones insulares.
La iniciativa pretende la adaptación de la Ley de Cabildos a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, sobre todo para las modificaciones jurídicas y orgánicas que están contempladas en el mismo.
Además de un blindaje de las competencias, los cabildos persiguen «una simplificación burocrática y normativa», para una mayor «agilidad a la hora de realizar cualquier trámite», ha enumerado Lola García, quien ha concretado que, por ejemplo, el procedimiento de transparencia se reduciría de 22 artículos a cuatro.
Adicionalmente, la proposición de ley hace mención a la cooperación interinsular en materia de personal, en aras de «una mejor cohesión territorial»; e incluye el cambio de denominación del Cabildo de Lanzarote, que pasaría a llamarse de Lanzarote y La Graciosa.
El cálculo de la Fecai es que la modificación de la Ley de Cabildos esté lista para antes del próximo verano.
