El vicepresidente del Gobierno canario ha apoyado su intervención en el Parlamento de Canarias con algunos datos que evidencia, según Domínguez, una Canarias «mejor» que el anterior Ejecutivo
El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha admitido este miércoles que el archipiélago «no está bien» pero va «mejor» que con el ‘Pacto de Las Flores’ que dejó una Canarias «oscura, gris y triste».
En una interpelación ante el pleno del Parlamento solicitada por el Grupo Socialista ha apoyado su intervención en algunos datos como el crecimiento del PIB un 3,6% en 2025, por encima de la media nacional, la afiliación a la Seguridad Social, con un 10,1% más, «récord histórico», lo mismo que con los autónomos, que alcanzan la cifra de 148.179.
Asimismo ha destacado que la tasa de paro se sitúa en el 11,6%, el mínimo desde hace 19 años, la deuda autonómica en torno al 10,5%, la segunda más baja de todo el territorio nacional y el IPC en agosto al 3,8%, el más bajo del país.
El vicepresidente ha resaltado también que la tasa de riesgo de pobreza está en el 22,9%, 6,5 puntos menos que en el año 2022, y la tasa AROPE en el 31,2%, el mínimo desde hace 18 años.
Huir de «triunfalismos»
No obstante ha querido huir de «triunfalismos» y se enfoca en «seguir trabajando» para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que ha espetado a la diputada Tamara Raya que le de «al F5» y al «reset» y mire los avances logrados por el actual Ejecutivo. «No nos vamos a conformar», ha indicado.
Ha señalado también que el combustible es «caro» en Canarias pero lo sería aún más en las ‘islas verdes’ si no estuviera bonificado, medida que desde el anterior Gobierno se tildaba de «imposible», y se ha jactado especialmente de la gestión con los autónomos tras la «nada» a la que caracterizó el ‘Pacto de las Flores’.
«Recibí palos por todos lados y hemos sido los mejores en gestión de autónomos en España», ha destacado.
«Su política económica no existe»
Raya ha reprochado al PP canario que ha votado en contra de todas las medidas que ayudan a mejorar el bienestar de los ciudadanos como la reforma laboral, la subida del SMI o las ayudas por la guerra de Irán y frente a la «catástrofe laboral» que auguraron, España es el «motor» del crecimiento en Europa, con «récord» de empleo y afiliados.
Ha ironizado con que su aportación a la mejora del poder adquisitivo de los canarios es bajar el IGIC de la mantequilla, la sal y café y cuando el precio del carburante «se ha disparado hasta un 30%» sospecha que el informe de inspección de estaciones de servicio «acabará en la nada».
En vivienda ha cuestionado la «medida estrella» de la ley de vivienda vacacional pues «no ha contribuido a mejorar la situación» ya que se han registrado 42.000 más desde que se anunció «y se han sacado del mercado residencial».
En esa línea ha dicho que las únicas viviendas públicas que han impulsado «vienen del mandato anterior» y ha afeado al vicepresidente que «se negaron a una moratoria» y tampoco han puesto en marcha las zonas tensionadas.
La diputada socialista le ha preguntado si van a retirar la ayuda por carburante a las ‘islas verdes’ en 2027 y le ha reprochado la falta de medidas económicas de gran calado para las islas. «Su política económica no existe», ha agregado.
Para Raya, «el Gobierno ha desaprovechado el mejor ciclo económico en décadas para transformar las islas».
Situación de los trabajadores del CIEM
El PSOE ha reclamado en el Parlamento de Canarias condiciones laborales dignas y mayores medidas de seguridad para los trabajadores de los Centros de Internamiento Educativo de Menores Infractores (CIEM), mientras el Gobierno autonómico ha defendido la gestión y los recursos destinados a estos centros.
La diputada socialista Elena Máñez ha apoyado la huelga indefinida iniciada el 10 de septiembre en La Montañeta y ha denunciado un déficit estructural de personal que, según ha señalado, impide cumplir las ratios establecidas. Ha indicado que los turnos de noche cuentan con entre nueve y 12 trabajadores frente a los 17 reglamentarios. También ha alertado de que los empleados han sufrido 124 agresiones en lo que va de año, el doble que en 2025, además de afrontar intentos de suicidio de internos y una elevada carga emocional sin que se haya realizado una evaluación de riesgos psicosociales.
Máñez ha criticado asimismo el deterioro de las instalaciones, la falta de materiales para las actividades socioeducativas y el cierre de espacios como el gimnasio por actos vandálicos. También ha cuestionado que no se hayan licitado obras de mejora previstas con fondos europeos ni ejecutado el proyecto de un nuevo centro de internamiento terapéutico para atender a menores con perfiles más complejos.
Delgado ha destacado el incremento de plantilla
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha rechazado que los centros se encuentren abandonados y ha defendido la labor de reinserción de los equipos educativos. Ha destacado que la plantilla se ha incrementado en 76 personas respecto al anterior mandato, hasta alcanzar los 562 profesionales, además de unos 70 vigilantes de seguridad por recinto.
Delgado ha precisado que actualmente hay 63 menores en Valle Tabares y 54 en La Montañeta, por debajo de la capacidad máxima de las instalaciones. El presupuesto para estos recursos ha aumentado de 26 millones de euros en 2024 a 29,45 millones en 2026.
La consejera también ha defendido el nuevo convenio colectivo de la Fundación Ideo, que permitirá recuperar el 5 % salarial recortado en 2011, aunque el comité de empresa de La Montañeta no lo ha suscrito. Máñez ha cuestionado las condiciones de la negociación y ha acusado al Gobierno de presionar a los trabajadores para aceptar el acuerdo.
Rechazada PNL de Vox
El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para defender la soberanía nacional frente al supuesto expansionismo de Marruecos y reclamar medidas ante la situación de Ceuta, Melilla y Canarias. La iniciativa recibió tres votos a favor, 45 en contra y 14 abstenciones durante el pleno de la Cámara autonómica.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, defendió la propuesta argumentando que Marruecos mantiene pretensiones sobre Ceuta, Melilla y Canarias y acusó al Gobierno central de haber actuado con permisividad. Galván reclamó una respuesta firme en los ámbitos diplomático, comercial y político y planteó suspender de inmediato el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, además de establecer controles para impedir la entrada de capital de empresas controladas por el Estado marroquí.
Coalición Canaria (CC) y Agrupación Herreña Independiente (AHI) presentaron una enmienda de sustitución al considerar un error vincular directamente la situación de Ceuta con Canarias, aunque coincidieron en criticar la gestión del Gobierno central en la ciudad autónoma. La diputada de CC, Ana Oramas, defendió reforzar la protección de la integridad territorial de Canarias, avanzar en la delimitación de espacios marítimos mediante acuerdos e impulsar el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario para alcanzar una solución al conflicto del Sáhara. Raúl Acosta (AHI) apostó igualmente por mantener una posición firme ante Marruecos, pero mediante el diálogo y el derecho internacional, rechazando medidas como la suspensión del tratado bilateral o la retirada de embajadores.
Críticas a la PNL
Desde ASG, Jesús Ramón Ramos Chinea sostuvo que la soberanía española sobre Canarias, Ceuta y Melilla no puede cuestionarse por declaraciones de otros gobiernos, pero consideró que una escalada diplomática no sería necesariamente la respuesta más adecuada. Luis Campos (NC-BC) rechazó la iniciativa de Vox al considerar que contenía mensajes de criminalización de las personas migrantes.
El PP, Jacob Quadri, acusó a Vox de priorizar los intereses de Madrid frente a los de Canarias, mientras que el socialista Gustavo Matos cuestionó el discurso de Vox sobre la soberanía nacional y defendió la respuesta de las instituciones y de la sociedad española ante las situaciones de crisis.
Finalmente, la PNL de Vox no salió adelante al sumar únicamente tres apoyos frente a 45 votos en contra y 14 abstenciones, evidenciando las diferencias entre los grupos parlamentarios sobre la forma de abordar las relaciones con Marruecos y la defensa de la soberanía española.
