El Parlamento ha continuado este miércoles la sesión plenaria con diversos asuntos como el informe del Diputado del Común
El pleno del Parlamento de Canarias ha continuado este miércoles, tras la sesión del martes.
Se ha aprobado, con el voto en contra de Vox, una moción en la que se insta al Gobierno regional a impulsar la recuperación del planeamiento insular y municipal, y a promover limitaciones y tasas a los no residentes para acceder a espacios naturales protegidos.
Estas dos cuestiones forman parte de una moción del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-BC), que aceptó enmiendas del PSOE, y que es consecuencia de una interpelación sobre las medidas para reorientar el modelo turístico hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
El texto aprobado insta al Gobierno regional a impulsar la recuperación del planeamiento insular y municipal, que evite una mayor ocupación de territorio por parte de la actividad turística y ordene los usos del territorio facilitando suelo para vivienda residencial a precios asequibles.
También pide el incremento de los recursos presupuestarios destinados a la correcta ejecución del plan canario de vivienda como mejor instrumento para dar respuesta al problema habitacional existente en el archipiélago.
Además, se insta al Gobierno de Canarias a que, en colaboración con los cabildos, se promuevan limitaciones cuantitativas y tasas para acceder a los espacios naturales protegidos por parte de los no residentes en Canarias, que sirvan para evitar la actual masificación que sufren esos espacios, y cuyo importe se utilice en la conservación y mejora de los mismos.
Propuestas rechazadas
La moción incluía otras cinco propuestas, que han sido rechazadas por los grupos que apoyan al gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) y Vox, una de las cuales era promover de forma urgente medidas legislativas de política turística y urbanística para limitar el crecimiento turístico condicionado a las realidades insulares y a la existencia de servicios públicos.
En otra propuesta rechazada se manifestaba el rechazo al efecto llamada generado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la regulación del alquiler de viviendas para uso turístico, «provocando un incremento exponencial de las solicitudes para ejercer esta actividad».
Ante esta situación se instaba al Gobierno de Canarias a implantar una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta que se apruebe el proyecto de ley de vivienda vacacional.
También se ha rechazado establecer, a través de un proyecto de ley, una ecotasa turística destinada preferentemente a promover la mejora y rehabilitación de las infraestructuras públicas en las ciudades turísticas junto con la preservación de los espacios y recursos naturales y al mantenimiento del paisaje agrario, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales y sociales de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.
Se ha rechazado asimismo instar al gobierno regional a que priorice e impulse los procesos de rehabilitación de las ciudades turísticas, la modernización y renovación de la planta alojativa, la diversificación y cualificación de la oferta complementaria, la descarbonización y digitalización, la permanente formación del personal y la mejora de las retribuciones y de las condiciones de trabajo en el sector, implicándose activamente en los procesos de negociación colectiva.
Otra propuesta rechazada ha sido instar a que, en el camino hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental de las islas, se impulse la economía circular como estrategia de progreso que permita impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y estimular la innovación, contribuyendo a lograr un tejido productivo sostenible, descarbonizado y que haga un uso eficiente de los recursos.
Y en la quinta propuesta rechazada se instaba al Gobierno de Canarias a estudiar las posibilidades legales de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes que las usan con fines especulativos y que elevan los precios para los residentes, al amparo de las especificidades que permite el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Luis Campos ha defendido la moción y ha indicado que se vive un momento «histórico», si bien no único, para señalar que en otras etapas se supo resolver la situación con medidas «revolucionarias» como las directrices y las moratorias turísticas.
Luis Campos ha señalado que es esencial iniciar un debate para aplicar medidas para limitar el crecimiento turístico atendiendo a cada realidad insular, y ha indicado que es prioritario establecer una tasa turística que si bien no acabará con el turismo de masas ayudará a la recuperación.
El diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis ha reconocido que hay que repensar el modelo turístico, y ha subrayado la manifestación del pasado sábado es una llamada de atención al Parlamento regional, por lo que ha planteado que hay que liderar esa preocupación ciudadana.
Sebastián Franquis ha pedido liderazgo al gobierno regional porque es «su responsabilidad histórica» la de negociar con todos los sectores para intentar llegar a un gran acuerdo para limitar el crecimiento turístico, para repartir la riqueza y para apostar por la sostenibilidad de forma clara.
El diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha apuntado que se trata de problemas a los que no se ha sabido responder, y se ha centrado en impulsar la recuperación del planeamiento insular y municipal para evitar una mayor ocupación del territorio por la actividad turística.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), se ha mostrado partidario de debatir una ecotasa y repensar entre todos los cambios en el modelo turístico, si bien ha comentado que es contradictorio pedir ayuda a Europa y luego prohibir que los ciudadanos europeos compren viviendas en las islas.
La diputada de Vox Paula Jover ha destacado que el turismo no es responsable de los desmanes de los gobiernos ni del encarecimiento de la vivienda, ni de los atascos en las carreteras, y ha pedido mimar al sector turístico diversificándolo «con sentido común».
Carlos Ester, del grupo Popular, ha considerado que la manifestación del sábado pasado fue una «enmienda a la totalidad» al anterior gobierno regional, y ha añadido que el turista no es culpable de la situación, para preguntar a continuación por los motivos por los que no se propusieron estas medidas en la anterior legislatura.
El diputado del grupo Nacionalista (CC) José Manuel Bermúdez ha cuestionado la moción como un ejercicio de «oportunismo» porque quienes la han presentado no han hecho algo con anterioridad, y ha agregado que las tres moratorias turísticas que se han aplicado en Canarias tienen el «sello» de CC.
Bonificación al combustible
El Gobierno de Canarias está analizando si una eventual bonificación a los combustibles en Lanzarote y Fuerteventura, cuya aplicación está en estudio después de que se haya introducido con carácter general en las islas verdes, debería aplicarse también a los coches de alquiler o solamente a los residentes en el caso de las islas orientales.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, respondió en el pleno del Parlamento a una interpelación del diputado del PSOE Manuel Hernández Cerezo, quien acusó al ejecutivo de discriminar a los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura por aplicar esa bonificación solo en tres de las cinco islas no capitalinas, creando «una tercera insularidad».
Hernández Cerezo afirmó que los ciudadanos de las islas orientales están pagando el combustible más caro de Canarias ante la inacción del Gobierno, que genera agravios comparativos entre las distintas islas no capitalinas, y propuso que al menos se aplique un 40% de la bonificación que reciben La Palma, La Gomera y El Hierro.
Criticó que frente a esta diferencia de trato, el Gobierno se limite a anunciar la creación de un observatorio de precios y un estudio sobre la evolución del mercado de los carburantes en las dos islas orientales.
Además, denunció la mala gestión de la bonificación de 20 céntimos por litro en las islas verdes, porque el mismo día que entró en vigor, el 1 de abril, subieron los precios en diez céntimos, con lo que «en el mejor de los casos» esa bonificación se ha quedado en diez céntimos.
«Agravios en Lanzarote y Fuerteventura»
«Mantienen agravios en Lanzarote y Fuerteventura y a la vez no pueden velar por la correcta aplicación de la bonificación en las islas verdes», dijo el diputado del PSOE.
La consejera replicó que la bonificación del combustible en las islas verdes es temporal y transitoria, un «banco de pruebas» desde el 1 de abril al 31 de diciembre cuyo objetivo es una reducción en el precio final al consumidor, y si esta finalmente no se produce se buscará otro mecanismo.
En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, se está haciendo un estudio del mercado y según su resultado se aplicará un tratamiento equivalente a La Palma, La Gomera y El Hierro. «El trato será el mismo y lo queremos hacer bien», pero hay una diferencia fundamental y es el peso del alquiler turístico de vehículos en las islas orientales.
La consejera dijo que el Gobierno está de acuerdo en una disminución del precio para los residentes, pero está valorando si se deben aplicar también descuentos en la gasolina a los turistas cuando por otro lado se les quiere poner un gravamen por estancia.
«Estamos haciendo un trabajo serio para proteger a los ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote para introducir medidas correctoras basadas en la evidencia y para eso hay que estudiar las condiciones del mercado», insistió.
El Gobierno tutela a 2.000 menores en desamparo
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha informado este miércoles de que el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a casi 2.000 menores en situación de desamparo, de los cuales 786, «desgraciadamente», están en centros residenciales.
Otros 743 permanecen en los hogares de sus abuelos, tíos o hermanos y 231 están en familias de acogida, ha detallado la consejera en el pleno del Parlamento de Canarias interpelada por la diputada del grupo Socialista Elena Máñez, quien ha denunciado el «colapso» del sistema de protección a la infancia.
Como ejemplo, ha aludido a la presencia de menores de 6 y 3 años, «incluso bebés», en situación de acogimiento residencial, cuando por ley no deberían estarlo, según ha expuesto públicamente el Cabildo de Gran Canaria. Máñez ha insistido en que el acogimiento residencial «debe ser transitorio» para «mitigar el impacto traumático» de un menor que abandona su entorno familiar, porque «por muy bien que estén en la red de acogida, donde hay grandes profesionales, la institucionalización siempre tendrá impacto en los menores, máxime a esas edades».
También ha expresado su preocupación por el tiempo que se tarda en evaluar la idoneidad de las familias acogentes.
Nueva ley de la ciencia de Canarias
La nueva ley de la ciencia de Canarias podría llegar al Parlamento regional en esta legislatura, ha dicho este miércoles la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, en respuesta a una interpelación del grupo Socialista, que ha criticado un descenso de la inversión en ciencia e innovación.
Durante una interpelación sobre política de investigación, desarrollo e innovación, la diputada del grupo Socialista Alicia Pérez ha asegurado que la política de ciencia e innovación en Canarias es «más precaria y menos ambiciosa» con el actual ejecutivo (CC, PP, ASG, AHI) que con el anterior gobierno (PSOE, Podemos, NC y ASG).
A juicio de la diputada del grupo Socialista, la realidad dice que el actual gobierno ha aportado, «sobre todo, incertidumbre» y genera «más inestabilidad» a los investigadores, lo que, ha añadido, tiene como consecuencia más fugas de cerebros.
Alicia Pérez ha insistido en que el anterior gobierno, «a pesar de las crisis que tuvo que afrontar», invirtió más en ciencia e innovación, con un crédito extraordinario de más de 87 millones de euros, y en la legislatura se firmó un pacto por la ciencia y la innovación con un compromiso de aumentar de modo sostenible los recursos.
La diputada del grupo Socialista ha acusado al actual gobierno regional de incumplir el pacto por la ciencia y la innovación, y ha preguntado por la nueva ley de la ciencia.
Ciencia e Innovación
La consejera Migdalia Machín ha afirmado que el gobierno canario tiene «numerosos» proyectos en otras áreas, y al hablar de ciencia e innovación ha negado que se haya reducido a la mitad el presupuesto de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Innovación (ACIISI), pues ha hecho hincapié en que se han incrementado los créditos.
Migdalia Machín ha aseverado que el compromiso es seguir trabajando por una Canarias más cohesionada, digital e innovadora, en colaboración con las empresas, y ha apuntado que la financiación no lo es todo.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha comentado que la nueva ley podría entrar en el Parlamento regional en la actual legislatura.
La diputada socialista ha criticado que cuando se habla de la ACCISI se hace de préstamos, no de inversión, y ha reiterado que el gobierno regional utiliza la técnica del anuncio.
La consejera ha opinado que da igual lo que diga porque desde el PSOE se insistirá en que se ha bajado la inversión.
