Vox tendrá una vicepresidencia y dos consejerías en el nuevo Gobierno valenciano
El acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno de Valencia tras las elecciones del 28 de mayo, incluye 50 compromisos, que comienzan con la defensa de «la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural», e incluyen medidas sobre memoria histórica, «violencia intrafamiliar», señas de identidad, protección de la familia y Educación.
Aspectos más destacados
Estos son los aspectos más destacados del acuerdo programático de siete páginas cerrado este jueves, que recoge derogaciones de algunas normas, nuevas leyes y reclamaciones a otras Administraciones:
– Se derogarán las normas que «atacan la reconciliación en los asuntos históricos», para garantizar «la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos».
– Eliminación de las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los ‘Països catalans’.
– La Generalitat pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado «los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas, y eliminará las subvenciones «a entidades que amparen estas prácticas».
– Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio y la tasa turística.
– Reducción «drástica» del IRPF en todos sus tramos y rebajas de las tasas autonómicas «que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial».
– Modificación de la legislación para «eliminar las trabas excesivas» que provocan que las empresas compitan «en inferiores condiciones» respecto a las extranjeras.
– Se reducirá el número de Consellerias, de altos cargos y asesores, y se suprimirán los organismos «innecesarios que no reportan en el bien general».
Nuevas leyes y medidas
– Defenderán los derechos de las familias y promoverán políticas para «erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».
– Aprobación de una Ley de Señas de Identidad que «proteja los valores y costumbres y tradiciones» de la Comunitat Valenciana.
– Aprobación de una ley integral de protección a la familia, que fomentará la natalidad con ayudas al nacimiento. También para gastos como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares. Todo ello dará «especial atención» a las familias numerosas.
– Garantizar la libre elección de centro educativo y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Los padres «elegirán libremente y en su caso autorizarán» el contenido de las actividades extracurriculares.
– Refuerzo de la inspección educativa para «sacar la ideología de las aulas», un plan para «dignificar» la labor del docente, y educación libre, gratuita y universal desde los cero años.
– Medidas contra la ocupación ilegal de inmuebles: crearán una «oficina especializada» para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas.
– Revisarán «todo el sistema y la normativa vigente en materia social», para garantizar que las ayudas públicas llegan «a las familias que más lo necesitan».
– Avanzarán en un marco legislativo y de apoyo administrativo a la conciliación familiar, ampliando la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería.
– Apuesta por un modelo de radio y televisión pública «racional» con la coyuntura económica. Con unos unos contenidos que «reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales».
– Aumento del presupuestos sanitario hasta el 30 % del total de la Generalitat y un plan sanitario para una atención «ágil y de calidad».
– Aumento del parque público de vivienda. La Generalitat avalará hasta el 20 % del coste total de la primera vivienda a los jóvenes.
Reivindicaciones a otras administraciones
– Exigencia al gobierno de la nación de un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana.
– Defensa «en todas las instancias» de la política de trasvases, como el del Tajo-Segura. Exigirán la aprobación de un plan nacional del agua. También de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial.
– Impulso del Corredor Mediterráneo y de las inversiones pendientes para la conectividad ferroviaria.
