El Congreso de los Diputados saca adelante la tramitación de la ley de reforma del CGPJ pactada por PP y PSOE con 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones
El pleno del Congreso ha aprobado con la suma de votos del PP y del PSOE empezar la tramitación urgente de la ley que reformará el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) aunque con las críticas del resto de partidos políticos, que o bien no han votado, han votado en contra o se han abstenido.
La toma en consideración de la proposición de ley orgánica, que insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses, ha sido aprobada por 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones.
A la votación no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido esta mañana en la Moncloa al ex primer ministro de Portugal, ahora presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa.
Abstenciones y rechazos
El socio de gobierno de coalición, Sumar se ha abstenido al considerar que la propuesta es insuficiente y debe ser «corregida», al igual que el PNV y UPN, mientras que Vox ha votado en contra y algunos de los principales aliados de la investidura de Pedro Sánchez como ERC y Bildu no han votado, Podemos, BNG y Junts la han rechazado.
Todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda han arremetido contra el pacto del PP y PSOE bien por no profundizar en una reforma del poder judicial o, en el caso de Vox, porque el bipartidismo se «reparta» los jueces.
Pleno previsto para el 31 de julio
Y es que a partir de este jueves la proposición de ley se tramitará de forma urgente para ser aprobada definitivamente por un pleno en el Senado previsto para el 31 de julio.
PP y PSOE han pactado rechazar cualquier enmienda que se vaya a registrar, una vez abierto el plazo hasta el próximo martes, día 9.
Pese a que los dos grandes partidos han unido sus fuerzas, el debate ha transcurrido con tensión entre ambos y mientras el PP instaba al PSOE a cumplir con la propuesta que llegue del CGPJ, los socialistas le reprochaban los cinco años de incumplimiento de la Constitución.
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha afeado al líder el PP, Alberto Núñez Feijoó, sus recientes criticas al TC y le ha recalcado que «lo inmoral… no es que en el Tribunal Constitucional haya algún miembro que se haya dedicado a la política (…), sino intentar demoler sólo porque no les dan la razón todo lo que hemos ido construyendo durante décadas».
No obstante, y pese a su discurso crítico ha tendido la mano a los populares para seguir negociando otros acuerdos.
Proceso más independiente
Minutos antes, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha defendido que el pacto ponga límite al «populismo» del presidente del Gobierno, al que ha acusado de perseguir un poder sin límites, aunque también ha elogiado que la proposición de ley inste a que el sistema de elección de los vocales del CGPJ sea más independiente.
El pacto «solo ha enfadado a los radicales», ha dicho Tellado sin mencionar que también Vox ha votado en contra.
Así la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha denunciado que el acuerdo no sea bueno para la Justicia, que continúa «politizada», y les ha acusado de normalizar que se hable de jueces progresistas y jueces conservadores y ha atacado al PP por llegar a un pacto con el PSOE justo «cuando más débil estaba el Gobierno de Sánchez».
Participación directa de jueces y magistrados
La proposición de ley pide que los nuevos vocales propongan una reforma que cuente «con la participación directa de jueces y magistrados que se determine», para que en base a este planteamiento se elabore un proyecto o proposición de ley «para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación».
Este es uno de los párrafos que más polémica ha suscitado ya que mientras los populares recalcan que se debe respetar la decisión de los vocales del CGPJ, el Ejecutivo recuerda que la propuesta debe votarse en pleno.
No obstante, Feijóo ha reconocido en las últimas horas que el texto que propongan no es vinculante.
Otras medidas que incluye la proposición de ley es el incremento a veinte años del tiempo de carrera de un juez que aspira a ser magistrado del Supremo. Tampoco podrá ser Fiscal General del Estado quien en los cinco años anteriores haya ocupado le puesto de titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento.
La proposición plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando «a futuro» 200 plazas cada año durante cinco años.
La reforma del CGPJ: Un debate tenso
El debate y la votación de este jueves, a la que finalmente no asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produce en medio de los reproches que se han lanzado Gobierno y PP a cuenta de la aplicación de la ley de amnistía, después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarla a Carles Puigdemont en el delito de malversación y después de que el Ejecutivo haya discrepado de los «argumentos políticos y jurídicos».
El debate también se produce cuando el Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado el delito de malversación a altos cargos condenados por el caso de los ERE en Andalucía y cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dudado de la imparcialidad de este tribunal.
A este ambiente se añade la comparecencia de Begoña Gómez este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
