Dean Spielmann, abogado general de la UE, también considera que la ley de amnistía tampoco «incluye violaciones graves de derechos humanos»
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha avalado este jueves de forma general la ley de amnistía. El letrado considera que la ley «parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía» y tampoco «incluye violaciones graves de derechos humanos».
Las conclusiones del abogado general de la UE no son vinculantes de cara al futuro fallo de la justicia europea, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia.
Spielmann también se ha pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales presentadas ante el TJUE por parte del Tribunal de Cuentas, que analiza las responsabilidades contables de 35 ex altos cargos de la Generalitat, y por la Audiencia Nacional, que dirime un caso contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo.
Descarta que la ley afectase a las finanzas europeas
En sus conclusiones, el abogado ha concluido que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE. Esa cuestión afectaba, entre otros exdirigentes, a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont.
También ha sostenido que la ley de amnistía no contradice la directiva de lucha del terrorismo, puesto que incluye una «exclusión explícita» de los actos que causan violaciones graves de derechos humanos como los derechos a la vida y a la integridad física.
«Normalización institucional y reconciliación social»
El abogado de la UE cree que la ley «guarda una relación directa con su finalidad política: la normalización institucional y la reconciliación social en el contexto de la crisis catalana«. Según Spielmann, la ley «es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista», no impuesto por un poder autoritario. Respecto a su aplicación, destaca que «no se sustrae al control judicial«.
En sus conclusiones, Spielmann señala que la ley «no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas».
Plazos de aplicación
El abogado general del TJUE sí advierte sobre el hecho de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía. Spielmann considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses.
Respecto a algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía, el abogado resalta que «algunas disposiciones relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva«.
Algunos argumentos del abogado general de la Unión Europea chocan en algún caso con las alegaciones del abogado del Ejecutivo comunitario, el español Carlos Urraca. El letrado español apuntó que no parecía que la norma española respondiese a un objetivo de interés general, porque ha sido «parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
