Francisco Martín califica el evento de “francamente peligroso” y reclama más coordinación institucional en Madrid
La Delegación del Gobierno en Madrid estudia los informes de la Policía Municipal sobre el acto sorpresa de Rosalía del pasado 20 de octubre en la plaza de Callao, donde la artista presentó su nuevo disco Lux. El delegado Francisco Martín ha confirmado que su departamento evalúa si procede sancionar a los promotores del evento. Según explicó, la concentración fue “francamente peligrosa para la ciudadanía”, con cientos de personas deambulando por una Gran Vía abierta y “en situación de peligro”.
Martín criticó que el Ayuntamiento de Madrid pretenda que sea la Delegación quien imponga una posible multa a Rosalía, pese a que no existía acta de la Policía Nacional ni aviso previo del evento. El delegado lamentó que tanto el Consistorio como la Comunidad de Madrid estén fomentando una “dinámica peligrosa”, en la que “cualquiera puede montar algo sin avisar”.
Llamamiento a la responsabilidad y la coordinación
“Estamos hablando de seguridad ciudadana y respuesta ante emergencias. Luego pasan cosas y todos miramos hacia atrás”, advirtió Martín, quien pidió lealtad institucional al alcalde José Luis Martínez-Almeida y al Gobierno regional. Además, recordó que el regidor “ha sufrido en sus carnes lo que suele hacer él, organizar saraos sin informar adecuadamente”.
Tras lo ocurrido, la Delegación del Gobierno ha enviado una instrucción formal al Ayuntamiento y a la Comunidad para que informen de todos los eventos públicos con suficiente antelación. El objetivo es diseñar dispositivos de seguridad y emergencia adecuados. “Ni siquiera contrastaban con nosotros si había manifestaciones previstas”, lamentó Martín, que calificó de “irresponsable” la actitud de ambas administraciones.
Reclamación de una nueva ley autonómica
El delegado consideró necesario aprobar una nueva ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en la Comunidad de Madrid. Dicha norma, dijo, permitiría establecer mecanismos de coordinación y garantizar la seguridad de los asistentes. “Hace falta un marco jurídico que proteja mejor a los ciudadanos y evite improvisaciones”, concluyó Martín.
