La Guardia Civil desarticula una red que habría tramitado más de un centenar de expedientes fraudulentos y sitúa a uno de los investigados en Santa Cruz de Tenerife
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Lutasanol’, una red criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos, a cambio de cantidades que oscilaban entre 4.500 y 10.500 euros por expediente. La investigación apunta a que la organización habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
La operación ha concluido con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otras tres personas: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la organización. Aunque la red desarrollaba principalmente su actividad en la provincia de Almería, también captaba ciudadanos en Murcia y distintos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Material intervenido y pagos irregulares
Los agentes registraron el establecimiento que funcionaba como centro de operaciones de la trama e intervinieron abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo, presuntamente procedente de los cobros realizados a las víctimas.
La investigación, iniciada el pasado año, concluyó que los miembros de la organización captaban a personas extranjeras interesadas en obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración.
A cambio de estas gestiones, la red exigía cantidades de entre 4.500 y 10.500 euros, mientras daba apariencia de legalidad a expedientes construidos sobre vínculos laborales inexistentes.
Fraude superior a 100.000 euros
Los investigadores constataron que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin actividad empresarial real que justificara las contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y, además, podían facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Según la Guardia Civil, la estructura contaba con funciones «perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa».
El Instituto Armado ha precisado que «Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España».
Investigados en Tenerife y Madrid
La investigación llevó a los agentes a actuar también fuera de Andalucía. En concreto, los administradores de la mercantil utilizada por la trama fueron localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, mientras que el gestor laboral y contable investigado desarrollaba su actividad profesional en Almería.
La operación la han desarrollado la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).
