El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, pide «con urgencia» la modificación legal para la distribución obligatoria de estos menores.
Canarias ha habilitado 40 nuevos centros para la atención de los menores migrantes que llegan a sus costas en los últimos 4 meses. Es el dato que ha desvelado el viceconsejero de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Francisco Candil, en los micrófonos de Canarias Radio. Una respuesta ante la crisis del flujo migratorio que pone de manifiesto, en su opinión, «la urgencia de que el Estado apruebe la modificación legal» para el reparto de estos menores por la Península.
«Ahora mismo tenemos bajo tutela a 5.402 menores migrantes en Canarias. El nivel de ocupación está por encima de lo que nos gustaría. Los centros están saturados y quienes los gestionan se encuentran con problemas para conseguir profesionales», ha reconocido.
Según Candil, estamos ante un hecho sin precedentes «en la historia de Canarias». Además, considera que el tiempo corre en contra de los sistemas de protección del Archipiélago. «Cada semana sin una respuesta aumenta el nivel de la responsabilidad de aquellos que no entienden que esto es insostenible. Si no tomamos decisiones ya, perjudicaremos a los menores», ha criticado.
«No cabe más la denuncia y el Estado es consciente»
El viceconsejero de Bienestar Social ha afirmado que «no entiende» por qué el Estado se demora tanto para aprobar la reforma legal que solicita el Gobierno de Canarias. «Estamos intentando trasladar de forma insistente este problema, pero ya está bien», ha criticado.
Francisco Candil ha dicho que «no cabe más la denuncia» y que el Estado «es consciente» de ello. A su juicio, esta desidia está «poniendo en riesgo y en peligro los derechos de los menores y el papel que tenemos que jugar como Estado en el trato a la infancia».
De hecho, el viceconsejero autonómico de Bienestar Social cree que, si existiera voluntad política, se podría proceder al reparto obligatorio de menores migrantes sin necesidad de la reforma. «Cuando nos sentamos con los juristas, nos dijeron que había que hacer modificaciones, pero que existe un valor superior en todo el marco legal español: el bien supremo de los menores».
Candil ha aclarado que «Canarias no dice que no quiera tener la tutela», sino que la presión sobre el sistema de protección «está al límite». Por último, considera que desde el Gobierno autonómico ya se está siendo contundente. «He escuchado a Fernando Clavijo siendo duro. Es inaceptable que haya más visitas de ministros sin ninguna solución bajo el brazo», ha concluido.
