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21 mayo 2022 12:30 pm

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Canarias insiste en pedir una ley que obligue a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes

El consejero, Julio Pérez, asegura que Canarias se hace cargo de 2.500 menores migrantes no acompañados de los que solo 200 han sido trasladados a otras comunidades

Canarias insiste en pedir una ley que obligue a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes
Canarias insiste en pedir una ley que obligue a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Julio Pérez, ha insistido este lunes en pedir una ley que obligue a las comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas desde África.

Julio Pérez, en las jornadas del Consejo General del Poder Judicial sobre inmigración, ha detallado que el Ejecutivo canario se hace cargo de 2.500 menores en esta situación y solo 200 han sido trasladados a otras comunidades.

El consejero ha pedido por ello «una ley que haga obligatoria la solidaridad» del resto de las comunidades ya que, según ha resaltado, España debe comprometerse con Canarias, que «soporta» en solitario por solidaridad esta «carga».

«Canarias asume en la frontera la gestión del flujo fronterizo en contradicción de lo que dicen las leyes españolas y europeas», ha manifestado, al tiempo que ha reclamado una gestión compartida del fenómeno migratorio.

A su juicio, el acogimiento de menores no acompañados no puede recaer solo en Canarias «por el hecho de ser una región fronteriza».

1.000 niños pendientes de la confirmación de edad

De los 2.500 niños que se atienden en Canarias, casi 1.000 están pendientes de la determinación de la edad, «un cuello de botella» al que ha dicho que hay que poner solución. Esta situación se debe a que se están tratando de afinar los procedimientos y a la necesidad de poner en marcha más medios policiales, sanitarios y legales.

Ha hecho referencia a la peligrosidad de la ruta de Canarias por distancia y por el tipo de embarcación que utilizan las personas que viajan desde África al archipiélago. Por ello, ha continuado, la inmigración «es objeto de la atención especial e intensa del Gobierno de Canarias» y una de sus principales prioridades políticas.

Ha avanzado que las perspectivas no indican que este fenómeno vaya a reducirse, lo que obliga a la sociedad y al Gobierno, más allá de sus competencias, a ser responsables.

El consejero ha ofrecido cifras sobre la evolución de la inmigración desde el año 2017, cuando llegaron 387 inmigrantes africanos a Canarias. Un dato que se ha multiplicado por cincuenta actualmente hasta llegar a más de 20.000 personas.

En 2018 arribaron 900, en 2019 un total de 2.371, en el 2020 23.000, en 2021 una cifra similar a la de 2020. Este año la tendencia se mantiene y nada hace pensar que los números vayan a disminuir, ha precisado.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, ha señalado que Canarias es un «referente a nivel nacional e internacional» en inmigración». Ha indicado que las islas deberían de ser sede permanente del estudio de este fenómeno.

Experiencia para el estudios de los flujos migratorios

Ha valorado que en las islas hay una larga experiencia en el estudio de los flujos migratorios a pesar de la insuficiencia de recursos.

Además, ha abogado por la reforma de la ley de extranjería, pues, en su opinión, es preciso adecuar el texto a este tiempo. El vocal del Consejo General del Poder Judicial delegado para Canarias se ha referido también al «nuevo fenómeno» que consiste en utilizar a las personas migrantes como escudos humanos.

Se trata de una «nueva forma de conflictos entre países», ha apuntado Cuesta. Ha denunciado a Marruecos y Bielorrusia de llevar a cabo estas prácticas.

Respecto a la invasión de Ucrania ha señalado que «Europa tiene que seguir siendo el faro de la democracia» y ha defendido la importancia de «comprometerse con la sostenibilidad de los derechos humanos».

Ha hablado también de los CIES y de la necesidad de «analizar lo que ocurre» y de «corregir para mejorar», puesto que estos espacios «no son centros penitenciarios, esa no es su función», ha agregado. Por ello, ha vuelto a pedir la reconsideración de los marcos regulatorios de la ley de extranjería.

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