La comisión de investigación asegura que existen más responsabilidades políticas en los contratos durante la pandemia de covid-19
La comisión de investigación del Parlamento de Canarias responsabiliza, desde el punto de vista político, al expresidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo, de los contratos durante la pandemia de covid-19 y que ascendieron a casi 100 millones de euros.
«Si estos miembros del Gobierno se han felicitado en diferentes ocasiones por el resultado de las decisiones adoptadas por tal comité, hasta el punto de que ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó», recoge el informe preliminar de la comisión, avanzado por ‘El Día’.
Responsabilidades políticas
Los miembros de la comisión se amparan en un informe del catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo que recoge que «si un subordinado comete un delito, su superior no pueda ser penalmente responsable y sí pueda, sin embargo, ser políticamente responsable«.
Igualmente detalla que «el principio básico del régimen parlamentario es que la responsabilidad política corresponde a los miembros del Gobierno».
El informe de los miembros de la comisión se refiere también a las palabras pronunciadas por la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, que en una de las sesiones dejó clara cuál es la responsabilidad de un cargo gubernamental.
«Yo lo que tengo claro es que si yo estuviera en ese puesto, si Ana María cae, yo caigo, si Conrado cae, yo caigo», señaló en ese momento.
Julio Pérez y Ana María Pérez
La comisión también entiende que tanto Torres como Trujillo son responsables del nombramiento de Conrado Domínguez al frente del SCS y «con poderes plenipotenciarios en la contratación», y apunta que su destitución no salda la responsabilidad política.
Sobre el papel de Julio Pérez, que fue consejero de Sanidad ‘interino’ tras el cese de Cruz Oval, se le censura que permitió a Domínguez trabajar desde las dependencias del SCS cuando aún no había sido nombrado director y era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas.
En cuanto a la presunta responsabilidad de la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, el informe apunta que «no resulta creíble que todas las decisiones de contratación, por importe cercano a los 100 millones de euros, hayan sido responsabilidad exclusiva de la directora general, sin la aprobación, supervisión o, cuando menos, conocimiento de sus superiores».
Los miembros de la comisión inciden también en la duplicidad de comités que «nunca ha quedado del todo claro» y aunque admiten el contexto «salvaje» de la contratación internacional, con robos de material y aumentos de precio, señalan que «ni las condiciones del mercado ni la habilitación legal de la contratación de emergencia pueden eximir de sus responsabilidades a quienes, desde el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, tenían la obligación de velar por el interés general y el buen uso de los recursos públicos».
Diferencias de precios
La comisión cuestiona también las diferencias de precios en las distintas compras de material sanitario, por encima de los siete euros en función del proveedor, y se detiene especialmente en el contrato de RR7 United, compañía dedicada el subsector de la automoción y a quien se pagó cuatro millones de euros, en dos pagos de dos millones cada uno, por un millón de mascarillas que nunca llegaron a recibirse.
«Hubo una gestión imprudente y sin las debidas garantías administrativas, con consecuencias económicas claras para la Hacienda canaria así como para la salud pública al no conseguir finalmente el material sanitario, habiendo desembolsado todo el dinero», recoge el informe.
En esa línea subraya también que «aunque se invoque la urgencia como atenuante de cualquier dejación de los controles mínimos exigidos en cualquier entorno más normal, la ausencia de mecanismos mínimos de verificación, la autorización de pagos indebidos y la elección de un proveedor sin solvencia contrastada reflejan una preocupante dejación de funciones por parte de Ana María Pérez y una falta de control in vigilando de sus superiores directos que así lo permitieron».
Con vistas al futuro, desde la comisión parlamentaria se propone reformar el artículo 120 de la ley de contratos públicos para reforzar los controles de legalidad aunque se recurra a la emergencia, crear unidades de crisis, un registro preventivo de empresas o una plataforma para monitorear contratos en tiempo real.
