En la primera sesión del juicio del caso Montelongo que comenzaba esta semana, el tesorero del Ayuntamiento de Arrecife aseguró que hubo presiones para pagar facturas sin el orden adecuado
El tesorero del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), Antonio Cabrera Panasco, uno de los testigos de la última pieza del caso Montecarlo, ha admitido este lunes que sufrió presiones para dar el visto bueno al pago de unas facturas sin que se garantizara su prelación por orden de antigüedad.
En la primera sesión del juicio que celebra en Lanzarote la Audiencia de Las Palmas, a Cabrera Panasco le han preguntado inicialmente por los procedimientos que se levaban a cabo en el Ayuntamiento.
Luego, las acusaciones personadas en el caso (la Fiscalía, el propio Ayuntamiento de Arrecife y la organización Acción Cívica contra la Corrupción) se han centrado en saber cómo se elaboraban los listados con las facturas que se aprobaron por vía extraordinaria en los plenos de noviembre de 2011 y diciembre de 2012.
Tunera Producciones
Uno de los hechos principales que se investiga en esta pieza es el pago de facturas de la empresa Tunera Producciones, que presentaban irregularidades. No se habían podido pagar por la vía ordinaria y se incluyeron en un listado para pagar en el pleno municipal gracias a la petición de un crédito específico.
El tesorero ha relatado que desde la Concejalía de Hacienda se le hizo llegar un listado de facturas, pero que nadie le certificaba que esas eran todas las facturas que había pendientes, porque él debía pagar primero las más antiguas.
Se produjo una reunión en Secretaría, previa al pleno, con el entonces alcalde, el acusado José Montelongo (PSOE), en la que se planteó que había prisa por el acuerdo plenario y, sin embargo, el tesorero no informaba positivamente porque no tenía constancia de esa antigüedad.
Preguntado si recibió presiones, ha respondido que sí, «lo normal en esos momentos».
Al final, los listados se llevaron a reconocimiento extrajudicial en el pleno en contra de su criterio. «Nunca me dieron esa justificación», ha declarado.
Pidió justificantes
Este testigo ha explicado que no había un plan de disposición de fondos y había problemas de liquidez, así que comenzó a pedir un justificante con el motivo por el que había que pagar una factura concreta.
Entre 2009 y 2012 funcionó un registro de facturas en Intervención a las que se les ponía un sello sin pasar por el registro general del Ayuntamiento. Para el tesorero, este registro «no tenía mucha formalidad», ya que consistía «en solo un sello y ya está».
En las cuestiones previas al juicio, las defensas solicitaron la anulación o el archivo de la causa por diversas razones.
El abogado del empresario Eduardo Ferrer, dueño de Tunera Producciones, alegó que se ha hecho una «investigación prospectiva» contra su cliente, que no tiene relación con la denuncia inicial.
En el caso de otros acusados, que ya fueron juzgados y absueltos en la pieza anterior relacionada con la empresa Inelcon, solicitan el archivo con el argumento de que los hechos ya han sido juzgados, ya que los listados de facturas que se aprobaron en los plenos extraordinarios son los mismos que en la pieza anterior.
