La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha pedido a la Comisión Europea que investigue el desvío de fondos Next Generation del ‘caso Mediador’ relativos al proyecto europeo GAR-SI SAHEL
La eurodiputada de Ciudadanos ha presentado dos preguntas a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo a raíz del ‘caso Mediador‘ y las consecuencias de la corrupción en España. Reclama información sobre los controles del proyecto GAR-SI Sahel, del que fue director el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, encarcelado por la trama en la que se investiga, entre otros, al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’ en el sumario.
La eurodiputada aborda la presunta red de favores dirigida por el exdiputado socialista Fuentes Curbelo que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
«Entre los pagos con prostitutas, cenas y favores, se especula también sobre el posible desvío de fondos europeos Next Generation, relativos al proyecto europeo GAR-SI SAHEL, que nació en 2017 con la intención de ayudar, formar y equipar a las gendarmerías de Mauritania, Burkina, Malí, Níger, Senegal y Chad, para que luchasen contra el terrorismo y el crimen organizado en El Sahel», expone la eurodiputada de CS.
Expertos de la UE alertaron de gastos imprudentes
Además, pregunta por qué no se comunicó a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) el informe de abril de 2022, en el que los expertos de la UE alertaron de gastos «imprudentes» o los intentos de controlar la contratación de personal o la entrega tardía de equipos.
«Un Estado de Derecho sano lucha eficazmente contra la corrupción porque cada escándalo lo debilita. Construir un marco legal eficaz es el objetivo, y no precisamente desmontarlo mientras hay un suma y sigue de casos de malversación, corrupción o fraude como ‘Mediador’ o EREs en Andalucía», ha indicado Pagazaurtundua.
‘Mediador’, añade la eurodiputada, «es uno más en la lista de casos de corrupción investigados en España, donde precisamente se acaba de aprobar una reforma legal que ha rebajado las penas por el delito de malversación». «El objetivo del Gobierno era suavizar el camino judicial de los independentistas procesados por el 1-O, pero puede ayudar también a otros corruptos», dice.
«¿Cree la Comisión que España, con esta reforma legal, está contribuyendo a una política integral de prevención y reducción de la corrupción e incentiva el respeto de los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores?», pregunta.
La eurodiputada cree que el Ejecutivo comunitario debe «tener en cuenta estos casos en su próximo informe sobre el Estado de Derecho, así como el hecho de que España está en la posición 35 de los 180 países analizados por Transparencia Internacional, un puesto que comparte con Botsuana y Cabo Verde».
