El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, asegura que el mensaje es claro; «En Canarias, la calidad del sistema eléctrico no es negociable»
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo ha aprobado la sanción a Unión Eléctrica de Canarias (Unelco) de 12,1 millones de euros por el apagón eléctrico ocurrido en La Gomera el 30 de julio de 2023.
Hernández Zapata consideró que «hay un antes y un después en materia energética porque por primera vez el Gobierno actúa con firmeza en un caso que afectó a miles de ciudadanos».
El cero energético ocurrido en La Gomera en 2023 duró tres días. El consejero añadió que «hoy el Gobierno cumple su palabra y defiende a los ciudadanos aplicando la ley y enviando un mensaje muy claro; en Canarias la calidad del sistema eléctrico no es negociable«.
El apagón en La Gomera ocurrió en la central térmica de El Palmar, donde se generó un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación que afectó a las instalaciones eléctricas, y que dio lugar al apagón general. No se reestableció el suministro por completo hasta el 1 de agosto, lo que supuso más de 60 horas de corte eléctrico.
El expediente administrativo relativo a este cero de tensión en La Gomera, determinó la existencia de deficiencias en la operación y en la capacidad de respuesta de la central térmica. La Dirección General de Energía tramitó esta sanción al considerarla una infracción administrativa muy grave, por comprometer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en un sistema aislado.
Compromiso con la seguridad energética y la emergencia eléctrica
El Gobierno asegura que mantiene su compromiso firme con la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico insular, reforzado tras la declaración de la emergencia energética en 2024 y tomando medidas para evitar nuevos ceros energéticos.
Hernández Zapata recordó que en el caso concreto de La Gomera, «avanzan a muy buen ritmo los trabajos del proyecto del cable submarino entre Tenerife y La Gomera, actualmente en fase final de ejecución, cuya puesta en servicio garantizará la interconexión eléctrica entre ambas islas en 2026. Una infraestructura que permitirá reforzar la seguridad del suministro en La Gomera, reducir la dependencia de la generación local y facilitando la integración de energías renovables en el sistema insular».
Por otro lado, la consejería de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Energía ha aprobado la instalación de ocho proyectos de generación de emergencia energética en las islas que actualmente presentan déficit de generación, siendo más vulnerables a apagones, con el objetivo de cubrir puntos críticos del sistema y responder ante eventuales déficits de generación.
Estas actuaciones en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura permitirán cubrir. según el Ejecutivo, el 90% del déficit total detectado por el operador del sistema (Red Eléctrica), para cubrir el déficit de 268 MW de potencia. En el caso de Tenerife ya ha comenzado la instalación de la primera de las plantas en Granadilla de Abona, a cargo de la empresa Disa.
Decreto de Turismo Activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo, tras el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias y el diálogo con todos los agentes implicados, que agrupan a 1.200 empresas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados.
La nueva norma busca actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que, “con esta nueva regulación, se pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo”. De León hizo hincapié en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.
La modificación del decreto tiene como objetivo regular la autorización de las empresas y profesionales, reconociendo las distintas cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. También, se procura que no se creen barreras, requisitos excesivos ni limitaciones que impidan ejercer la profesión.
