La intensificación de inspecciones se ha saldado con más de medio centenar de denuncias por anuncios ilegales de coches de alquiler en Lanzarote.
El Cabildo de Lanzarote ha tramitado en las últimas semanas 60 actas de infracción por ofertas ilegales de alquiler de coches. Se trata de ofertas realizadas o promocionadas sin los requisitos legales establecidos en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Se trata del resultado de la intensificación de inspecciones, tras la denuncia de la Asociación de Rent a Car de Lanzarote.
Según ha informado este lunes el Cabildo en un comunicado, la corporación ha intensificado la labor de inspección y control en colaboración con las Policías Locales de los distintos municipios y la Guardia Civil de Tráfico. La intención es garantizar un marco de competencia leal, proteger al consumidor y reforzar la legalidad en el sector del transporte.
Infracción grave
La normativa califica esta práctica como infracción grave o muy grave, con sanciones económicas que oscilarían entre los 801 euros y los 4.001 euros, dependiendo de la gravedad de cada caso.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha manifestado que «no vamos a permitir que se juegue con la legalidad ni con la seguridad de quienes visitan o residen en esta isla». En este sentido, asegura que «las empresas que operan de forma legal merecen un entorno justo».
La Asociación de Rent a Car de Lanzarote fue la que alertó al Cabildo del impacto negativo que este tipo de oferta ilegal. Muchas veces estos anuncios se canalizan a través de plataformas digitales, y aseguran que perjudican a las empresas que cumplen con los requisitos legales.
El consejero insular de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, ha aclarado que las denuncias trasladadas por la Asociación de Rent a Car de Lanzarote “han sido atendidas con celeridad”.
«Esta ofensiva inspectora es una respuesta clara a la preocupación legítima del sector ante el intrusismo, que además de competencia desleal, puede poner en riesgo a los usuarios al no garantizar condiciones mínimas de seguridad o cobertura legal», ha recalcado.
