Además del maltrato animal, se le imputa la muerte de al menos 15 animales en una granja. Ocho personas están siendo investigadas en esta operación
Un hombre de 37 años ha sido imputado por un delito de maltrato animal continuado y agravado. Se le imputa además la muerte de al menos 15 animales en una granja abandonada en la zona de El Tablero (Santa Cruz de Tenerife)
Agentes del grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han trabajado en colaboración con miembros de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional. En esta operación figuran otras ocho personas implicadas y denunciadas por distintas infracciones administrativas relacionadas con este caso.
Investigación del caso de maltrato animal se inició en enero
Un aviso ciudadano alerto al personal del albergue comarcal de Valle Colino. Los agentes del Proteu en un inicio de la investigación encontraron una vieja granja avícola abandonada. Allí se encontraban animales en muy mal estado, otros muertos y multitud de restos óseos de perros y algunas ovejas, según ha comunicado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La situación obligó a intervención de urgencia
Los animales no tenían a su alcance ni agua ni alimentación. Muchos de ellos estaban atados con cadenas muy cortas generando una muerte lenta por inanición, tal y como apuntan los informes veterinarios realizados. También encontraron una cuerda, tipo horca, que habitualmente es utilizada para matar perros, especialmente aquellos que son utilizados para cazar, cuando dejan de ser útiles.
Muchos de los cadáveres y perros desnutridos encontrados en el lugar eran de razas especializadas con fines cinegéticos. Gracias al detallado proceso de identificación de muchos de los animales, algunos cadáveres tenían el microchip obligatorio, se ha podido delimitar las posibles responsabilidades de todos los implicados, en mayor o menor medida.
Sanciones económicas
El principal encausado y los demás implicados se podrían enfrentar a sanciones económicas, en virtud de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y Bienestar Animal. Las multas máximas alcanzarían los 620.000 euros.
Las distintas inspecciones oculares realizadas en la granja; los testimonios recabados; y la verificación de identificación de algunos ejemplares fallecidos; hacen posible la atribución directa a J.P.P.S. de la muerte de 15 animales en condiciones de maltrato.
Esta intervención policial fue denominada ‘Operación Twiggy’ por el nombre una de las podencas que fue encontrada desnutrida en esta instalación.
