El debate en Santa Cruz de Tenerife sobre la atención a 28 personas sin hogar con problemas de salud mental se base entre los límites legales y los protocolos de actuación
Un intenso debate se ha abierto en Santa Cruz de Tenerife en torno a la atención de un grupo de 28 personas sin hogar que, además de vivir en la calle, presentan enfermedades de salud mental. Son un grupo que a menudo rechazan los recursos asistenciales que ofrece el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
El grupo de personas localizado suelen estar con frecuencia en las zonas céntricas de la ciudad. El Ayuntamiento ha identificado a este grupo de 28 personas que se encuentran en la calle y además sufren enfermedades mentales.
Solicitud de atención a través de los tribunales
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido autorización judicial. El consistorio insiste en que el problema fundamental no reside en la escasez de recursos, sino en los límites legales que impiden actuar sin el consentimiento de estas personas. Según el Ayuntamiento, a pesar de invertir más de 4 millones de euros en distintos recursos, proyectos y pisos tutelados para la atención de personas sin hogar, la «circunstancia tanto médica como judicial» no les permite intervenir.
Por ello, han reclamado una autorización judicial que les permita actuar en estos casos, para que se supere el rechazo de los afectados a acudir a los servicios municipales.
La clave está en la «vinculación»
Frente a la postura municipal que solicita más herramientas legales, diversas administraciones y voces críticas aseguran que la clave está en el enfoque de la intervención. Sostienen que muchas administraciones «siguen sin entender que tienen que crear recursos y protocolos específicos para poder acompañar a estas personas».
La alternativa propuesta se centra en la vinculación y el respeto a la voluntad de cada persona. El argumento es que el objetivo no debe ser «derivar a las personas a un sistema obligado», sino realizar un trabajo de vinculación con ellas para «poder conseguir esa estabilidad».
El debate pone de manifiesto la complejidad de abordar el sinhogarismo cuando se cruza con problemas de salud mental, obligando a las autoridades a equilibrar el derecho a la autonomía personal con el deber de asistencia.
