Conrado Domínguez, explica que ha tomado esta decisión para poder mantener sus derechos de defensa en el conocido como `Caso mascarillas´ y sin que ello afecte al SCS
El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha presentado este jueves su dimisión como consecuencia de su imputación por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el «caso Mascarillas». Se trata de una presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública que se remonta a los meses iniciales de la pandemia.
El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión, subrayando que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha acordado el cese a iniciativa del propio Domínguez tras mantener una reunión con el presidente, Ángel Víctor Torres. Ha indicado que por ahora no se hace efectivo ningún nombramiento para relevarlo.
El portavoz no ha querido analizar las causas de la dimisión porque es un asunto «delicado» y personal, y ha dicho, en todo caso, que la carta de dimisión se presenta después de la reunión con el presidente y en ella explica que no quiere perjudicar la labor del SCS debido al proceso judicial en curso.
Cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas
En el «caso Mascarillas» se investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia de covid-19. El Servicio Canario de la Salud abonó cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió a la sociedad RR7, una empresa dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.
Este procedimiento penal se abrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció graves irregularidades en un expediente en el que se pagó por adelantado cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector, que trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron interceptadas y destruidas por Aduanas.
En su querella, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Rayco Rubén González, el administrador de RR7, consiguió ese contrato por los amigos en común que tenía con Conrado Domínguez, algunos de los cuales participaron en la operación como intermediarios.
Esta semana ha vencido el plazo que el juez instructor dio al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que declarase como testigo en la causa, de forma presencial o por escrito. Torres se ha acogido a esta última opción, pero aún no ha podido formalizar su testimonio porque el Juzgado no le ha remitido las preguntas que las partes quieren que conteste.
Un «giro radical»
Por su parte, Rayco Rubén González, imputado en estafa agravada y blanqueo de capitales, decidió guardar silencio cuando acudió citado por primera vez. La semana pasada compareció ante el juez para ofrecer sus explicaciones sobre lo ocurrido, en una declaración que aportó novedades sobre los mensajes de móvil que supuestamente intercambió con Conrado Domínguez cuando sucedieron los hechos.
Tras esa declaración, el juez emitió este domingo un auto en el que explica que esa declaración de González «ha propiciado un giro radical» en las investigaciones, «aportando unas fuentes de prueba de cuyo análisis pueden surgir numerosas derivadas, respecto a los hechos y nuevos contratos, así como a la extensión de la investigación a más personas, que requieran la práctica de nuevas diligencias».
Por ello, decidió declarar el secreto de sumario, con el fin de «evitar que se puedan destruir fuentes de prueba o neutralizar el resultado de las diligencias que se acuerden».
