El Gobierno de España tenía que explicar ante el Tribunal Supremo cómo se acoge a los menores que solicitan asilo
El Tribunal Supremo celebró este jueves la vista en la que el Gobierno debía detallar cómo va a atender en su red estatal de acogida a los cerca de 1.200 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están bajo tutela de Canarias. Fue una orden que el Supremo dio el pasado 25 de marzo. En la vista, el Gobierno ha explicado al Tribunal Supremo que aún no ha evaluado individualmente a ninguno de los menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional a los que tiene que acoger por orden del alto tribunal porque Canarias no ha remitido la información necesaria para ello.
Explicaciones ante el Supremo
Más de dos meses después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo escucha el informe del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la medida cautelar. La medida fue impuesta a petición del Gobierno de Canarias. El Gobierno tenía un plazo improrrogable de 10 días para garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema nacional.
Este jueves, la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, ha reconocido que no se ha realizado ninguna medida de acogida aún. Argumentan que la razón es que no disponen de la documentación necesaria para realizar las correspondientes evaluaciones individuales de los menores previos a la acogida.
Ha precisado que el sistema de acogida nacional de protección internacional no está preparado para atender a menores migrantes no acompañados pero sí se ha adoptado alguna medida encaminada a preparar su sistema para ello.
Por su parte, la letrada del Gobierno de Canarias ha denunciado que, en la vista celebrada este jueves, ha quedado claro que «no ha cambiado nada» desde que se acordó la orden cautelar, ya que, en la práctica, «absolutamente ninguno» de los menores ha sido evaluado individualmente.
Antecendentes
La vista se convocó al interpretar que la respuesta recibida del Estado «parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos» al requerimiento.
El Supremo pidió al Estado informar con «una relación detallada» de los menores ya evaluados individualmente en el ámbito del sistema nacional de acogida de protección internacional y los que están pendientes de evaluación.
En el caso de los jóvenes cuya situación está ya analizada, debía señalar qué recurso de acogida del sistema se le ha asignado a cada uno de ellos y cuántos están pendientes de asignación.
El Supremo exigía al Gobierno que, en el caso de que el sistema no tuviera los recursos suficientes para ejercer esta «competencia estatal», tendría que detallar qué «iniciativas concretas» ha adoptado para obtenerlos y en qué plazo espera conseguirlos.
El sistema no es para niños
El Gobierno aseguró que acataría esa orden, pero en varias ocasiones advirtió de que su sistema de protección internacional está diseñado para atender a adultos o familias.
Por ello, esta misma semana el Gobierno central envió una propuesta de protocolo al Canario -que asistió a la vista como demandante-, un «borrador abierto a aportaciones».
De hecho, el Supremo le pedía también que diera cuenta de qué acuerdos o protocolos «concretos» ha concertado con el Ejecutivo canario para ejecutar esta orden y cuál es el calendario establecido para ello.
El Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo un real decreto ley para articular un mecanismo de reubicación de los jóvenes desde zonas con los recursos tensionados, como Canarias y Ceuta, a otras regiones.
La norma ha suscitado un gran rechazo de las comunidades presididas por el PP pero está en marcha. A juicio de ambos gobiernos, el central y el canario, es la solución para acabar con el hacinamiento y las malas condiciones en las que se encuentran los jóvenes migrantes en Canarias, solicitantes de asilo o no.
