El objetivo es agilizar la distribución de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, según anunció el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo prepara un segundo decreto ley, liderado por la Intervención General de la comunidad autónoma, para agilizar la distribución de las ayudas a los afectados en La Palma.
En comisión parlamentaria ha comentado que el objetivo es crear un «registro único» para todas las administraciones implicadas en la reconstrucción y lograr así un procedimiento «transparente y ágil» que implique «eliminar papeles y reducir tiempos».
Rodríguez ha apuntado que los recursos «tienen que llegar rápido» a los afectados porque la reconstrucción «tardará años» y en paralelo a las actuaciones de emergencia, ha indicado que se debe «repensar» la isla y mirar al futuro dado que la erupción ha puesto sobre la mesa la debilidad de sus infraestructuras y tejido productivo.
Mejorar los procedimientos de gestión
Rodríguez ha insistido mucho en mejorar los procedimientos de gestión pues los antecedentes de tragedias anteriores «son preocupantes», poniendo como ejemplo el caso del terremoto de Lorca, cuando muchos afectados cobraron ayudas seis años después. «Esto no se puede repetir», ha comentado.
El vicepresidente ha resaltado el «compromiso» del Gobierno canario por hacer frente a la «catástrofe» del volcán y en un momento en el que la gente está pasando «muchas dificultades» y sujetas al «miedo y la incertidumbre».
Así, ha defendido el decreto ley de alivio fiscal aprobado hace más de dos semanas con medidas hasta 2026 y la compra de las primeras viviendas para los afectados a través de la empresa pública Visocan.
Además, ha comentado que para los presupuestos autonómicos de 2022 habrá unos 100 millones específicos para La Palma «y ampliables», que se unirán a los 40 millones de recursos propios ya movilizados por la comunidad autónoma.
Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha dicho que va a apoyar en el Parlamento la convalidación del decreto ley de alivio fiscal pero al mismo tiempo ha dicho que es «insuficiente» porque los afectados no podrán pagar impuestos dentro de seis meses.
Ha dicho que ante una «catástrofe sin precedentes» se debe exonerar impuestos a los afectados y solicitado más premura en la distribución de las ayudas porque ha pasado un mes y los damnificados no han recibido «ni un euro».
Evitar la desesperanza
Lady Barreto, del Grupo Nacionalista, ha reclamado que se tomen medidas para que haya la «mínima burocracia posible» y fondos plurianuales para La Palma en los presupuestos públicos de todas las administraciones.
Ha dicho que el plan de reconstrucción de la isla debe ser integral e «incluir todo», y que cuente con la participación de los afectados dado que La Palma vive «la mayor emergencia social y económica» de su historia.
Además, ha instado al vicepresidente a evitar que la población palmera caiga en la «desesperanza», a que se incrementen los 100 millones propuestos para los presupuestos de 2022, se exonere el pago de tributos y se compense a los afectados con el valor real del patrimonio perdido.
Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, ha coincidido con el resto de diputados en la necesidad de crear «procedimientos ágiles» para ayudar a los afectados y aprovechó su intervención para defender que la gran mayoría de los habitantes de la isla cumple con la disciplina urbanística, más allá de algunos «casos graves» que hay que perseguir o familias que han construido sus casas donde han podido.
