El nombre del Ministro Torres se cuela en el “caso Mascarillas”

Las defensas de los dos imputados por el «caso Mascarillas» nombraron al Ministro Ángel Víctor Torres durante sus alegatos

Las defensas de dos de los imputados en las causas abiertas sobre las compras de mascarillas realizadas por el Gobierno de Canarias en la pandemia intentaron colar en sus recursos ante la Audiencia Nacional el nombre del Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como supuesto investigado en esos procedimientos. Sin embargo, ninguno se dirige contra él.

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El ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). Foto de archivo

El último en hacerlo fue Conrado Domínguez, al que Torres, siendo presidente de Canarias, forzó en 2022 a dimitir como director del Servicio Canario de Salud (SCS). Ángel Víctor Torres tomó esta decisión al confirmarse que había sido imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias. Supuestamente, Domínguez habría estafado 4 millones de euros en una compra de un millón de mascarillas.

Dos años después, contra Domínguez se dirigen también acusaciones por delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Todo esto por un presunto cobro de sobornos por parte de empresas beneficiadas por las compras. El grueso de las investigaciones lo lleva la Fiscalía Europea, a la que supervisa como tribunal de garantías la Audiencia Nacional.

Víctima de «investigación prospectiva»

El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) se ha quejado este verano en uno de sus últimos recursos ante la Audiencia de que es víctima de una «investigación prospectiva», basada, dice, en «simples coincidencias en la tramitación, anomalías o trámites defectuosos». Conrrado Domínguez no considera que estos hecho sean suficientes para fundar «una sospecha razonable y lógica» que permita incriminarlo en nada.

Es en ese contexto en el que su defensa ha intentado plantear que la Audiencia Nacional no es órgano competente para supervisar esta causa, porque «hay un aforado ante el Tribunal Supremo».

Así lo recoge un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia dictado el pasado 29 de julio, en el que se rechazan todas sus pretensiones. En la parte del recurso que reseña el auto no se menciona a Torres directamente, pero aforados ante el Supremo por razón de su cargo están los miembros del Consejo de Ministros.

Domínguez afirma que esta investigación se basa en «simples coincidencias en la tramitación, anomalías o trámites defectuosos»

Más explicito es otro de los imputados. Se trata de un empresario que reclamaba que le devolvieran los ordenadores que le había incautado la Fiscalía Europea. Una vez volcado y copiado todo su contenido ahora está a disposición de la investigación.

Su recurso lo resolvió la Sala de lo Penal también este verano, el 24 de julio, en su caso para devolverle los ordenadores. Sin embargo, también pretendía derivar la causa al Supremo, con el argumento de que entre las personas mencionadas en la denuncia que dio origen al caso «se encuentra el que actualmente es un ministro del Gobierno, expresidente del Gobierno de Canarias».

En ese auto del 24 de julio, la Audiencia le contesta que «se causaría una verdadera indefensión» si a estas alturas decidiera «sobre si es el Tribunal Supremo el competente para conocer el asunto dado que existe una persona denunciada que es aforada».

La resolución del 29 de julio niega en estos términos que el ministro Torres esté imputado en esas causas: «Solo si surgieran indicios relevantes respecto a una persona aforada, podrá plantearse la competencia del Tribunal Supremo, valorando la Fiscalía Europea, como se indica en el auto recurrido, para que inste la incorporación al procedimiento el investigado que ostente tal condición».

Ángel Víctor Torres en el «caso Koldo»

En otro procedimiento conectado con los anteriores es el caso Koldo. En este caso también se incluye compras de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias. Aquí aparece el nombre de Torres en un informe policial, para dejar constancia de que se le mencionó en un grupo de Whatsapp que compartían parte de los imputados.

Tampoco en ese caso el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática está investigado ni se ha dirigido reproche penal alguno contra él.

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