El decreto de ayudas fiscales recoge medidas tributarias, organizativas y de gestión relacionadas con la erupción volcánica en La Palma
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad la convalidación del decreto ley de ayudas fiscales para la isla de La Palma que recoge medidas tributarias, organizativas y de gestión relacionadas con la erupción volcánica.
En cambio, no salió adelante la propuesta de la oposición de tramitar el decreto como proyecto de ley.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha destacado que el decreto ley responde al «daño» generado en La Palma por el volcán y que trata de aliviar cargas fiscales y agilizar procedimientos administrativos.
Así, ha señalado que se aplica IGIC cero a las entregas de viviendas y solares radicados en La Palma hasta el 31 de diciembre de 2026, los servicios de arrendamientos de apartamentos o viviendas, la compra de coches y los bienes donados.
Además, se fija el tipo cero a las operaciones sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una bonificación del 100 por ciento a la cuota tributaria correspondiente a la donación de una cantidad en metálico y diversos aplazamientos tributarios.
Asimismo, el decreto contempla la creación de una comisión interdepartamental de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de La Palma y una oficina de atención a los afectados ubicada en Los Llanos de Aridane.
Primer paso
Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha comentado que las medidas del decreto son «buenas pero insuficientes» porque no suprimen impuestos, solo retrasar su pago, preguntándose si alguien «que lo ha perdido todo» va a poder pagar impuestos en seis meses.
Ha advertido de que las ayudas prometidas «no están llegando» y pese a la múltiple aparición de ministros por la isla por lo que ha reclamado al EjecutiVo que «pase de una vez de las palabras a los hechos».
Ricardo Fernández (Cs) espera que este decreto sea «el primero» de otros más ambiciosos y con requisitos de «fácil cumplimiento» para los beneficiarios, al tiempo que ha echado en falta al sector privado en la comisión de reconstrucción. «Los afectados piden agilidad y no marear la perdiz», ha señalado.
Jesús Ramos (ASG) ha indicado que este decreto ley demuestra el «compromiso» del Gobierno para paliar los efectos el volcán y se ha mostrado a favor de las reducciones fiscales y la coordinación entre administraciones.
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que la erupción «es una gran tragedia» para La Palma «y se desconoce el final» y este decreto empieza a «dar una salida» a los afectados y es una muestra de «generar ciertas garantías» a una población que está «muy tocada».
Esther González (NC) ha dicho que su partido está al lado «de la gente que sufre» y en ese contexto se enmarca el decreto ley que trata de «ayudar a paliar en parte» los efectos de la erupción e impulsar la reconstrucción económica.
Medidas positivas
Lorena Hernández, del Grupo Popular, ha defendido la «unidad política» para dar seguridad a los afectados por la erupción, con una «catástrofe» de tal magnitud que no duda de que este decreto es solo «un primer paso» para responder a las demandas de los ciudadanos.
Ha dicho que las medidas fiscales son positivas y se ha enmendado la falta de protección de los autónomos, con más de 5.000 afectados en la isla, al tiempo que espera que la oficina de atención a las víctimas ·funcione bien».
Lady Barreto, del Grupo Nacionalista, ha valorado la rapidez en sacar adelante el decreto para paliar los daños del volcán pero ha advertido de que el aplazamiento de tributos «no es suficiente» y que la economía se está resintiendo en toda la isla.
En esa línea, ha demandado ayudas directas para las empresas para que puedan seguir abiertas cuando acabe la erupción y una gestión «ágil y sencilla» y que pase por el cabildo y los ayuntamientos, para los que ha demandado más personal.
Mauricio Roque (PSOE) ha comentado que el decreto trata de facilitar la pérdida de liquidez de los afectados y la compra de nuevos inmuebles y se complementa con otras iniciativas del Estado, valorando también la creación de la comisión de coordinación y la oficina de atención.
