Manuel Domínguez asegura que los 1.400 menores que han pedido asilo y que ahora debe tutelar el Estado no deben estar incluidos en los 4.000 que cada comunidad tendrá que acoger.
Nuevo conflicto a la vista entre Gobierno de Canarias y el Estado con la migración como protagonista. El vicepresidente de las Islas, Manuel Domínguez, ha afirmado esta mañana, en ‘De La Noche Al Día’ de La Radio Canaria, que los menores migrantes que hayan pedido asilo y que ahora tutelará el Estado no deben estar incluidos en la distribución obligatoria prevista tras la reforma de la Ley de Extranjería.
En declaraciones a la Radio Pública, Domínguez ha aseverado que la decisión del Tribunal Supremo no debe incidir en el acuerdo migratorio para el reparto vinculante de unos 4.000 menores migrantes por las comunidades autónomas.
El PP de Canarias no se saltará la disciplina de voto
Domínguez se ha referido también a la decisión que, a finales de abril, deberá tomar su formación en el Congreso de Los Diputados sobre el decreto que reforma la Ley de Extranjería. Esta mañana, ha dicho que no pedirá a los diputados canarios del PP saltarse la disciplina de voto. «Ni me atreveré a hacerlo. Este es un partido serio y tiene una sola política, no 17+2», ha reconocido.
«Imagínense que yo, como presidente del PP de Canarias, hago eso y luego exijo a mis diputados autonómicos que marquen un respeto a la ciudadanía. Cada uno dirá que si yo he sido capaz de hacerlo en el Congreso, cómo no lo vamos a hacer nosotros en el Parlamento. Y esto se convertiría en un ejército de Pancho Villa», ha explicado Domínguez.
Domínguez no cree que el recurso de Madrid prospere
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez confía en que todas las comunidades autónomas «cumplan la ley» y acojan a los menores migrantes que le corresponda tras refrendarse la reforma del artículo 35 en el Congreso de Los Diputados.
En La Radio Canaria, ha defendido que se trata de una norma en el marco de la constitucionalidad. Además, no cree que prospere el recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional.
