La Comunidad de Madrid, además del recurso, recusa a los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Diez, «por su pública y notoria vinculación con el PSOE», lo que les «inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad» de esta norma

La Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso de contra la ley de amnistía, junto a las recusaciones de los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Diez, «por su pública y notoria vinculación con el PSOE», lo que les «inhabilita», según la presidenta madrileña, «para enjuiciar la constitucionalidad» de esta norma.

Así lo ha avanzado Díaz Ayuso en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha cargado contra esta ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional».

Según Díaz Ayuso, esta norma «supone otro paso más» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima«.

Tras el aval solicitado en el mes de junio a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el Gobierno madrileño ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en la estrategia conjunta liderada por Génova a la que se han sumado las 11 autonomías gobernadas por el PP.

«Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia»

«Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña», ha expresado la dirigente madrileña.

También ha anunciado que el Gobierno de la Comunidad de ha presentado las recusaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Diez, entre otras razones, «por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó solo la amnistía, lo que les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley». Y ha añadido que este es el motivo por el que el exministro Campo «ha pedido abstenerse del debate que se va a mantener este martes» sobre la norma.

«Como ya avisé, haremos todo lo que está en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir a España», ha zanjado.

Díaz Ayuso ha señalado que en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, «se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española», al que, según la presidenta madrileña, no sucede «ni en las dictaduras».

Postura de Aragón

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón también han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía al entender que vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes, y los de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.

El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce «una quiebra total del Estado de Derecho», consagrado en el artículo 1 de la Constitución, «por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político».

De acuerdo con el texto constitucional, añade el ejecutivo de Jorge Azcón, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, admitiéndose como única excepción el indulto individual.

«Infringe el principio de separación de poderes»

Para el Gobierno de Aragón, la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, «en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo» y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de «desjudicializar» la situación en Cataluña.

Argumenta en su texto que se excluye la aplicación de legislación punitiva para unos concretos ciudadanos vinculados a una motivación política en la comisión de los delitos, restringida, además, a una parte del territorio español, Cataluña, y para un periodo de tiempo determinado fijado «arbitrariamente» frente al resto de los ciudadanos españoles. El Gobierno de Aragón incide ademas en que el hecho de que la Constitución no contemple expresamente la amnistía «supone que esta colisiona de manera irreconciliable con el derecho a la igualdad de todos, derecho subjetivo, que se torna en obligación de respeto y de garantía que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos».

El Gobierno de Azcón subraya que tanto la comunidad como las Cortes de Aragón están legitimadas para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa norma al afectar a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que Aragón tiene con Cataluña, además de incidir en la unidad de España.

El recurso presentado también cuestiona la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la ley por infringir los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europea, al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración.

Cantabria interpone dos recursos

También el Parlamento de Cantabria ha recurrido la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, tras el acuerdo en ese sentido que aprobó la Cámara regional en junio a propuesta del PP, con el apoyo de Vox, la abstención del PRC y el voto en contra de los socialistas.

Su presidenta, María José González Revuelta, ha explicado en rueda de prensa que el recurso se presentó el viernes y es el segundo que interpone la Cámara autonómica en toda su historia, lo que considera «un signo de su excepcionalidad y trascendencia». El recurso anterior se presentó en 1992 contra la ley de protección de las marismas de Santoña.

El Gobierno de Cantabria, del PP, también anunció un recurso contra la ley, que sigue su propia vía.

Lo argumentos del Parlamento para recurrir son la vulneración del principio de igualdad entre los españoles. En su opinión, con esta ley «se libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología», eximiéndoles de cumplir la ley.

Según González Revuelta, el Parlamento pretende defender la igualdad de los cántabros y frenar «el abuso» de una ley que «no cierra heridas ni cierra conflictos sino que los perpetúa».